El gasto público en tratamientos de alto costo para unos pocos pacientes es equiparable con lo que el Estado destina en cuidados a miles de niños de contexto vulnerable
Plata. El Estado sale plata, mucha plata. Y todos le piden respuestas, pero a nadie le gusta pagar impuestos.
Por tanto, la gestión de recursos públicos siempre es un tira y afloje por plata. Y el que tiene más peso, hace más lobby, o logra alinear más votos, generalmente consigue más recursos.
Salud, educación, seguridad, justicia, son derechos universales que deben ser garantizados por el Estado.
Pero con fondos escasos, siempre hay que establecer prioridades y los dilemas éticos están a la orden del día.
La mayoría queremos jubilarnos temprano y con buenos ingresos, pero si durante mi vida laboral no logro el nivel de aportes suficiente serán otros los que tengan que pagar mi retiro. Y la plata saldrá de la misma caja de donde se pagan los salarios de las maestras y la alimentación de los comedores escolares.
Y, sabemos bien, este es un país de viejos. Y los viejos, además, votan. Así que aunque la pobreza en mayores de 65 años sea del 6% y en menores de 6 años alcance casi el 30% -cinco veces más-, nos pasamos más tiempo discutiendo reformas para mejorar las jubilaciones que buscando soluciones a los que nacen en ranchos de chapa, entre la basura y las zanjas con agua podrida.
Una nota publicada la semana pasada por El Observador a raíz del caso del virólogo Gonzalo Moratorio arroja otro dato que rompe los ojos.
El Fondo Nacional de Recursos (FNR) destinó el año pasado US$ 143 millones de dólares para 2.000 pacientes que recurrieron judicialmente a recursos de amparo, por no estar sus tratamientos contemplados en los que tienen que ser servidos por la institución. En el mismo período se gastaron US$ 122 millones para 14.000 tratamientos que sí están previstos por el FNR. Una relación de 8 a 1 por tratamiento. O US$ 71.000 en promedio por cada paciente que recurrió al amparo judicial para financiar procesos que, muchas veces, son experimentales, o son realizados por los mismos médicos que los prescriben –y cobran por ello- o se llevan adelante sin controles que garanticen su efectividad.
Además, ni siquiera se sabe después de pagados si fueron exitosos o solo lograron estirar algunos meses la vida del tratado.
Mientras tanto, los centros CAIF que atienden integralmente a unos 60.000 niños de 0 a 3 años, en su gran mayoría de población extremadamente vulnerable en un país en que el que nacen pocos niños y encima los que vienen llegan pobres, reciben US$ 179 millones anuales. El 4% por niño de lo que se destina a cada tratamiento de alto costo otorgado a través de la Justicia.
Es cierto que todas las vidas valen lo mismo, pero la de un recién nacido que en sus primeros años se juega todo su futuro debería ser prioritaria en cualquier escenario.
Lástima que no vote.