Pasó una semana del atentado a la fiscal de Corte Mónica Ferrero y abundan las suposiciones. La teoría más firme es que se trató de un ataque narco por lo que representa Ferrero en la lucha contra el crimen organizado y porque últimamente las grandes bandas que se encargan de “exportar” la droga hacia afuera se perdieron de cobrar millones por cargamentos de cocaína incautados.
La policía agarró a parte de los responsables: el martes la justicia imputó a uno que colaboró con la logística y para este viernes se espera la imputación de uno de los que ejecutó el ataque, que tiene antecedentes. Falta que caigan los demás y –lo más importante- lograr llegar a los responsables intelectuales del ataque.
Lo que sí se puede asegurar es que hubo fallas en la seguridad que tenía la fiscal Ferrero, entre otros errores y carencias de las que te hablaré en esta newsletter EnClave.
Cómo se protege a jueces y fiscales
Si bien la Unidad de Protección de Dignatarios depende de la Policía Nacional, actualmente está a cargo de la Guardia Republicana, que es la que se encarga de acompañar en sus traslados a aquellos jueces y fiscales sobre los que se haya considerado que existe riesgo de que sean atacados por la tarea que desempeñan.
En el caso de Ferrero, la Guardia Republicana sólo se encarga de custodiar su domicilio desde la garita colocada en la calle de su casa (en la jerga policial se llama custodia estática) mientras que los dos que la llevan en sus traslados dependen de la Dirección de Investigaciones de la Policía.
Este jueves la jefa de la Guardia Republicana, Angelina Ferreira, dijo en Arriba Gente (Canal 10) que desde hacía algunos años estaban los mismos agentes en la custodia y que también es fijo el personal que custodia a jueces y fiscales (desde que rige el proceso penal son más los fiscales que los jueces protegidos).
También defendió el protocolo dispuesto para la fiscal de Corte, dijo que era “correcto” debido a que tenían el armamento y equipamiento –chaleco y casco antibalas, armas largas y cortas- aunque luego aclaró que esta semana se han dedicado a evaluar si era necesario hacer ajustes. De hecho, hubo uno: la fiscal pasó a tener seguridad dentro de su casa.
Como había trascendido, confirmó que por junio se había sugerido una revisión “de rutina”. “Los protocolos no fallaron como bien dijo el ministro (Carlos) Negro”, insistió Ferreira. Sin embargo, el propio presidente Yamandú Orsi planteó un matiz. Y dijo: “Si te pasó lo que te pasó es porque algo te faltó”.
Este jueves El Observador informó que al menos desde el 11 de setiembre, 20 días antes del ataque, tanto el auto Volkswagen Bora como la camioneta en la que se trasladaron los delincuentes habían estado circulando por el barrio. Esto se supo por la colaboración de vecinos, no por cámaras de seguridad del Ministerio del Interior, que no había.
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Foto: Leonardo Carreño
Qué faltó y qué falta
Un agente que estaba encargado de la Protección de Dignatarios (así se llama el servicio) en la época del exministro Eduardo Bonomi me señaló cómo era la seguridad ideada en esa época. En aquel momento se había descubierto el plan armado por narcos para asesinar al exdirector nacional de la Policía Julio Guarteche, que contó el periodista Gabriel Pereyra en el libro Matar al mormón. Poco después el narco mexicano González Valencia amenazó a Bonomi con colgarlo de un puente, entre otros sucesos que ya anticipaban el escenario de violencia actual.
En relación al caso Ferrero, el primer comentario que este exfuncionario me hizo fue que consideraba un “error” que el cuerpo de seguridad comparta el sistema de comunicaciones con toda la policía, donde puede haber agentes corruptos comprados por las bandas.
En aquella época la Unidad de Protección de Dignatarios se había conformado como una unidad independiente que tenía su propia central de comunicaciones y trabajaba bajo la coordinación del subsecretario Jorge Vázquez y de Washington Castillo, un experto en seguridad y armas con formación militar en Cuba que se encargaba de formar a los agentes del equipo.
Llegaron a ser 50 los policías que se dedicaban a la custodia de 17 jueces y fiscales, y de otras personalidades que lo requerían, que contaban con una preparación especial. Cuando se trasladaban al interior se coordinaban con las jefaturas de Policía locales para que les prestaran apoyo y tenían 6 o 7 vehículos blindados que utilizaban para los traslados.
Otro factor era que se les pagaba un viático, que se sumaba al sueldo, en el entendido de que si estaban mejor pagos serían menos fáciles de corromper y se podía evitar que hicieran 222, lo que implicaba horas extras y más cansancio para los uniformados.
El exfuncionario del Ministerio del Interior consideró otra falla de la seguridad que cuando viajan al interior los hagan dormir en las comisarías, en lugar de quedarse en los hoteles donde se quedan los funcionarios que deben proteger.
En relación a la casa de Ferrero señaló que se había evaluado que la azotea era “un punto muy débil de la seguridad” con lo cual habían dispuesto que el personal que estaba en la caseta cada tanto entrara a la vivienda y subiera a la azotea a hacer controles. También se habían instalado alarmas de movimiento. Hoy, por la información que se ha ido conociendo, nada de eso formaba parte del protocolo de seguridad de la fiscal.
Otro detalle que según el experto era fundamental era contar con informes de inteligencia periódicos, sobre todo luego de que se descubría un cargamento grande. Cuando eso ocurría, se aumentaba la seguridad “le gustara o no” al funcionario. De hecho recordó que una vez hubo un enfrentamiento a tiros con una moto que merodeaba la casa de una jueza, en un episodio que luego quedó claro que no guardaba relación con la magistrada sino con un robo de autos, y que por estar atentos los policías lograron repeler.
Cuando asumió Jorge Larrañaga como ministro del Interior esa unidad pasó a depender del director de la Policía Nacional y en la época de Nicolás Martinelli la protección de magistrados ya la tenía la Republicana mientras que una Unidad de Protección Ministerial se encargaba de la seguridad del ministro, subsecretario, director general y del edificio donde trabajan.
La Guardia Republicana tiene preparación y no se puede poner en duda que no pueda cumplir cabalmente con la tarea de protección de autoridades pero este caso evidenció varios flancos que deben ser atendidos.
¿Cómo pueden decir el ministro o la jefa de la Republicana que el protocolo estuvo correcto?
Más bien tiene razón Orsi. Faltó algo y ese algo que faltó fue inteligencia, vigilancia, información y ponderación.
