El capítulo sobre homicidios del “Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035” impresiona por su arquitectura: objetivos numerados, líneas estratégicas, fases de implementación, referencias bibliográficas al pie. Su problema no es que diga cosas desatinadas. Su problema es que casi no dice nada. Cuesta creer que haya sido necesario más de un año de trabajo técnico para llegar hasta aquí. Prueba evidente de ello es que se aplicará en el 2027 aunque su génesis date del de 2025. Hay hechos que hablan más que las palabras.
El diagnóstico establece que Uruguay mantiene desde 2022 una tasa cercana a 11 homicidios por cada 100.000 habitantes, que el problema afecta "sobre todo a varones jóvenes" y ocurre "con fuerte uso de armas de fuego en espacios abiertos". Es difícil encontrar en América Latina un solo país donde el homicidio no tenga ese perfil. Es la descripción mínima, casi tautológica, de la violencia letal urbana en la región. Técnicamente cierto. Analíticamente inerte. Hasta podría ser estrés.
Lo que el diagnóstico no dice es precisamente lo que importa: ¿qué tipo de homicidios componen esa tasa? ¿Cuántos responden a conflictos vinculados al narcotráfico? ¿Cuántos son disputas interpersonales sin conexión con economías ilegales? ¿Qué proporción tiene características de ejecución selectiva y qué proporción emerge de escaladas situacionales? Estas preguntas no son académicas. Son exactamente las que determinan qué tipo de intervención tiene sentido. Una estrategia de disuasión focalizada sobre grupos de alto riesgo funciona bajo supuestos muy específicos: requiere actores identificables, redes relativamente estables y lógicas de decisión que respondan a incentivos. Si una proporción significativa de los homicidios no tiene esa estructura —si son, en cambio, el resultado de conflictos difusos, sin jerarquía organizacional clara, o de violencia doméstica escalada— entonces la disuasión focalizada resuelve una parte del problema y deja intacta otra que el Plan no supo ver.
El debate sobre cómo clasificar los homicidios por móvil no queda resuelto en este documento técnico y no resulta a estos efectos inocuo. Hasta la fecha, no se ha definido una nueva tipología. El documento Homicidios en Uruguay: criterios metodológicos y comparabilidad estadística entre los datos del Ministerio y Fiscalía, de febrero de 2026, tampoco arroja luz sobre el punto. Es legitimo sospechar que la ausencia de tipología en el Plan no es un olvido sino una consecuencia directa de que nadie, todavía, logró resolver el problema que se prometió resolver cuando se reorganizó la producción estadística del Ministerio.
Lo que sí existe es un debate entre los propios técnicos del Plan. El doctor Emiliano Rojido sostenía que apenas el 1,9% de la violencia letal tenía relación estricta con el narcotráfico. El doctor Sanjurjo ubica esa cifra en torno al 6%. Son estimaciones que no se contradicen dramáticamente entre sí, pero que contradicen con estrépito el énfasis dominante del discurso público, que tiende a explicar casi toda la violencia letal como producto del crimen organizado. Si ambos tienen razón, la disuasión focalizada sobre "grupos de alto riesgo" —la intervención más sofisticada del Plan— está calibrada para un fenómeno que representa una fracción minoritaria del problema total. El Plan no dice nada de esto. No toma posición entre las estimaciones de sus propios técnicos. Simplemente avanza, con su arquitectura de fases y objetivos numerados, como si la pregunta más básica —¿de qué tipo de homicidios estamos hablando?— ya estuviera resuelta. No lo está: incluso, meses atrás, la Subsecretaria Gabriela Valverde trazaba una controvertida relación de correspondencia entre el aumento de temperatura y los homicidios en Uruguay.
Como fue debidamente analizados en los artículos anteriores, seguimos siendo los campeones en el diagnóstico, y nos vamos al descenso a la hora de actuar.
El 'policiamiento basado en inteligencia', mencionado como eje en el documento operativo, ilustra bien el problema: es una categoría lo suficientemente amplia como para incluir casi cualquier cosa que haga una fuerza policial que use información. No dice qué tipo de inteligencia, producida por quién, con qué protocolos de validación ni integrada en qué ciclo de decisión operativa. La "integración de la información criminal" padece el mismo problema. ¿Qué sistemas se integran? ¿Bajo qué estándares técnicos? ¿Con qué garantías de interoperabilidad entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación, cuyas bases de datos han convivido históricamente en compartimentos estancos? La pregunta no es retórica. Es precisamente el tipo de pregunta que un documento operativo debería responder y que este, sistemáticamente, elude.
Se sigue titulando bien, pero sin contenidos concretos que resuelvan estos acuciantes problemas.
La mediación comunitaria —presentada como herramienta central de prevención— tiene detrás una literatura de evaluación extensa y poco alentadora. Las revisiones más rigurosas de Cure Violence y programas similares muestran efectos inconsistentes, fuertemente dependientes del contexto, difíciles de sostener en el tiempo e imposibles de escalar. El problema estructural es conocido: la interrupción comunitaria opera en conflictos relativamente simples, donde hay partes identificables con algún incentivo para negociar. Falla sistemáticamente cuando la violencia responde a lógicas de mercado criminal, cuando los actores no tienen razones para desescalar porque la violencia es funcional a sus negocios, o cuando la conflictividad está fragmentada en múltiples micro-disputas sin actores centrales susceptibles de mediación.
Lo insólito no es que el Plan incluya mediación comunitaria. Lo insólito es que sea, en los hechos, la intervención más concreta y operativa de toda la línea de prevención. Y lo que hay es, según la evidencia disponible, una de las apuestas con peor respaldo empírico del menú de intervenciones para reducir homicidios. La Exposición de Motivos del Proyecto de Ley Presupuesto, presentada hace casi ocho meses, mencionaba la necesidad de expandir el programa Barrios sin Violencia como instrumento central de la estrategia territorial. Un programa cuya trayectoria evaluativa no deja lugar a eufemismos: es uno de los fracasos más estrepitosos y documentados de la política de seguridad uruguaya de los últimos veinte años.
Cuesta creer que más de un año de trabajo técnico, con el aparato institucional del Ministerio del Interior, la AECA y un equipo de consultores especializados, desemboque en conclusiones tan genéricas como elementales. Un plan que se autoproclama basado en evidencia no puede construirse, en una materia sensible como los homicidios, sobre una tipología inexistente y criterios metodológicos desconocidos para la ciudadanía.
El latiguillo de "política basada en evidencia" parecería ser un discurso que genera apariencia de rigor mientras se aletarga la producción de documentos y se difieren las decisiones sobre asuntos sustantivos. Lo que mata es la falta de creatividad, de eficiencia, de aplicación de tecnología a la praxis cotidiana y de trabajo consistente. Resulta, asimismo, inadmisible la falta de incorporación de mecanismos de inteligencia artificial —generativa y predictiva— como ejes de producción y gestión de información.
