En distintas regiones del mundo se multiplican señales inquietantes vinculadas a la violencia extrema en ámbitos educativos. No son episodios sueltos ni meras “anécdotas”: expresan un fenómeno más profundo que atraviesa a las juventudes contemporáneas y desafía a las sociedades. Hablamos de procesos de radicalización juvenil que, en ciertos contextos, pueden derivar en conductas violentas y en la ruptura de los códigos básicos de convivencia.
La escuela no está aislada. Absorbe y refleja tensiones culturales, económicas y simbólicas: desigualdad, discriminación, conflictos identitarios, crisis de expectativas, polarización. También incorpora transformaciones aceleradas en la forma de construir vínculos y pertenencias. Por eso, el espacio escolar puede ser, al mismo tiempo, un lugar de cuidado y aprendizaje, y un escenario donde se expresan conflictos que vienen de afuera y, a veces, se amplifican adentro.
Un componente decisivo de este nuevo paisaje es el mundo digital. La vida cotidiana de muchos adolescentes transcurre en plataformas donde se socializa, se compite por reconocimiento y se buscan referencias. En esos entornos circulan contenidos agresivos, deshumanizantes y polarizantes con una velocidad inédita. La exposición sostenida a mensajes de humillación, intimidación o desprecio puede erosionar límites, normalizar el daño y reforzar miradas rígidas sobre “nosotros” y “ellos”. A esto se suma una lógica de visibilidad que premia lo extremo: cuanto más impactante, más circulación; cuanto más escandaloso, más atención. En ese circuito, el daño puede convertirse en un lenguaje.
La radicalización juvenil rara vez tiene una causa única. Suele surgir de combinaciones variables: experiencias de exclusión, sensación de injusticia, falta de perspectivas, aislamiento, fragilidad de vínculos familiares o comunitarios, y la presencia de relatos que prometen sentido y pertenencia a cambio de adoptar visiones cerradas del mundo. En algunos casos, el proceso se acompaña de la idea de que el daño es un modo de obtener reconocimiento o de imponer una identidad. La violencia aparece entonces como una forma distorsionada de “existir” ante otros, de construir pertenencia por la vía de la intimidación o de resolver con fuerza lo que no se logra tramitar con palabras.
En este escenario, la escuela ocupa un papel central pero también vulnerable. Con frecuencia se le exige que contenga problemas que exceden su capacidad institucional: salud mental, conflictos familiares, violencia comunitaria, pobreza, discriminación. Sin embargo, su rol es insustituible. La escuela es uno de los pocos espacios donde puede construirse convivencia democrática en el día a día, con reglas compartidas, reconocimiento de derechos, aprendizaje del disenso y experiencias concretas de inclusión.
De allí que las respuestas no puedan limitarse a enfoques exclusivamente punitivos o de control. Las medidas de seguridad pueden ser necesarias, pero son insuficientes si no se abordan causas y trayectorias. La prevención exige políticas integrales y sostenidas que articulen educación, protección social y salud mental. Implica formar y acompañar a docentes y equipos directivos para detectar señales tempranas: aislamiento extremo, amenazas reiteradas, cambios abruptos de conducta, deterioro del vínculo con pares y adultos, fascinación persistente por imaginarios violentos o dinámicas intensas de hostigamiento.
Un eje decisivo es fortalecer la convivencia escolar. No como un agregado “blando”, sino como una política dura de prevención. Programas de mediación, protocolos frente al acoso, trabajo sistemático sobre discriminación, participación estudiantil y educación socioemocional ayudan a bajar tensiones y evitar escaladas. Del mismo modo, alfabetización digital y pensamiento crítico son herramientas esenciales: comprender cómo operan los algoritmos, identificar desinformación, reconocer dinámicas de hostigamiento, y construir criterios para la vida en línea sin perder empatía ni responsabilidad.
La responsabilidad no es solo del sistema educativo. Las plataformas deben asumir un rol activo en la reducción de la circulación de contenidos violentos y en la protección de menores. Las familias necesitan orientación y apoyo para acompañar trayectorias adolescentes en un mundo hiperconectado. Y el Estado debe coordinar políticas intersectoriales que no se agoten en el impacto mediático de cada episodio, sino que construyan capacidades permanentes.
La violencia extrema en las escuelas es una señal de alerta. No para alimentar pánico moral, sino para comprender que la convivencia democrática se construye —o se erosiona— todos los días. Proteger a la escuela es proteger a las juventudes: ofrecer sentido, pertenencia, participación y futuro antes de que la violencia aparezca como un atajo para “resolver” lo irresoluble.
