Sunca advierte por vulneración de derechos laborales en "islotes" de trabajadores extranjeros y pide reforzar los controles
El sindicato lleva a su congreso una serie de propuestas sobre trabajo migrante, informalidad e inspecciones laborales en la industria de la construcción
El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) realizará entre viernes y sábado su XIX Congreso. Entre los distintos puntos incluidos en el documento base de la discusión figura un conjunto de propuestas vinculadas a la regulación y el control del trabajo migrante en la industria de la construcción.
Allí, el sindicato advierte sobre la existencia de “islotes” de trabajadores extranjeros, situaciones de vulneración de derechos laborales y prácticas de competencia desleal, y plantea la necesidad de reforzar los controles, ajustar la normativa vigente y aplicar sanciones más severas ante irregularidades.
En un documento elaborado para su Congreso, el sindicato reafirma su carácter “internacionalista” y sostiene que el problema en torno al trabajo migrante no está vinculado a la nacionalidad de los trabajadores, sino a prácticas empresariales que “se aprovechan de la necesidad o el desconocimiento para vulnerar el convenio colectivo”, pagar salarios por debajo de lo establecido o evadir aportes.
Según el sindicato, actualmente existen alrededor de 5.000 trabajadores extranjeros en planilla, lo que representa casi el 10% del personal de obra en la industria de la construcción.
El Sunca señala que no tiene objeciones a la incorporación de trabajadores de cualquier nacionalidad, siempre que ingresen en las mismas condiciones que el personal uruguayo. No obstante, advierte sobre la creación de “islotes” de trabajadores extranjeros, ámbitos laborales donde “no ingresa ni un solo” trabajador uruguayo.
De acuerdo al documento, estas situaciones generan, muchas veces por desconocimiento y en otros casos mediante amenazas o retención de documentos, “violaciones flagrantes” de los derechos laborales. A su vez, el sindicato sostiene que estas prácticas configuran “una competencia desleal” en la industria que “perjudica y precariza” a todo el mercado de trabajo.
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Asamblea del Sunca. (Archivo).
Ante este escenario, el Sunca propone la creación de un cuerpo inspectivo específico vinculado a la Junta Nacional de Migración, en la que interactúan organismos como el Mides, el BPS, el MTSS, el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros. El objetivo de esta iniciativa es dar mayor celeridad a la detección de irregularidades.
El documento también plantea la necesidad de ajustar la normativa vigente, imponiendo sanciones más severas cuando se aprovecha la situación de vulnerabilidad de los trabajadores migrantes.
En particular, cuestiona que actualmente, para acceder a la residencia temporaria, se controle la existencia de un contrato de trabajo y el pago del salario mínimo nacional, y propone que se fiscalice el cumplimiento de los laudos mínimos de la rama de actividad correspondiente.
Además, el sindicato sostiene que, en casos de amenazas o retención de documentos, estas situaciones deberían tipificarse como “trata de personas”, y no limitarse únicamente a sanciones económicas.
Finalmente, el sindicato reafirma que el objetivo de estas propuestas es garantizar la inclusión del personal migrante en igualdad de derechos, así como reforzar la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente, de los convenios colectivos del sector y del respeto a los derechos de todas las personas que trabajan en la industria de la construcción, sin distinción de nacionalidades.
Combate a la informalidad y “bomba de tiempo”
El Sunca también advierte que el combate a la informalidad debe ser una prioridad a nivel nacional. Según señala el documento, en Uruguay el promedio de informalidad alcanza hoy al 23% de los trabajadores, mientras que en algunos departamentos de frontera esa cifra supera el 45%.
Para el sindicato, esta realidad no solo implica una vulneración de derechos laborales, sino que además compromete la sostenibilidad económica del sistema y constituye una “bomba de tiempo” a futuro, en la medida en que esa franja de la población envejezca sin protección social.
En ese marco, el sindicato subraya que la industria de la construcción, si bien ha registrado mejoras sustanciales en los últimos años, no escapa a esta problemática. La zafralidad propia del sector exige, según el Sunca, una mayor celeridad del cuerpo inspectivo, tanto frente a denuncias concretas como en actuaciones de oficio. El documento plantea la necesidad de incrementar la plantilla de inspectores y, al mismo tiempo, habilitar canales más sencillos y accesibles para la realización de denuncias ante situaciones de evasión de aportes y subaportación.
Fiscalía especializada en accidentes laborales
En el documento aprobado para su Congreso, el Sunca también plantea la necesidad de crear una Fiscalía Especializada en Accidentes Laborales, con presupuesto propio, que investigue los accidentes graves y fatales en los lugares de trabajo y permita determinar las responsabilidades correspondientes. El sindicato considera “imprescindible” avanzar en este sentido para fortalecer la respuesta del Estado ante situaciones que afectan la vida y la salud de los trabajadores.
Asimismo, el Sunca subraya la necesidad de una mayor coordinación entre los distintos cuerpos inspectivos y de reforzar los recursos de la Inspección General del Trabajo (IGT). Según señala el documento, actualmente la IGT cuenta con apenas unos 70 funcionarios para fiscalizar las condiciones laborales, cuando se necesitarían al menos 250. En ese marco, el sindicato sostiene que, cuando se realiza una inspección en un centro de trabajo, esta debería abarcar la totalidad de los aspectos laborales: condiciones de salud y seguridad, correcto registro ante la seguridad social, y cumplimiento de los laudos y categorías laborales.
