Tether Holdings Ltd., reconocida como uno de los actores más relevantes a nivel mundial en el ecosistema de activos digitales, confirmó que detendrá sus operaciones en Uruguay debido a “elevados costos de energía eléctrica” y a “la falta de un marco tarifario competitivo que acompañe la magnitud de su inversión”, confirmaron el viernes a El Observador fuentes de la multinacional.
La novedad volvió a poner sobre la mesa un tema recurrente: el costo de abastecimiento energético y su escasa competitividad en comparación con otros países de la región. Son varios los actores del sector privado que han colocado los precios de la energía como una potencial “barrera de entrada” para nuevas inversiones.
A modo de ejemplo, se señala que cuando llegan inversiones como una data center o un proyecto de hidrógeno verde con grandes necesidades de energía, las tarifas que ofrece UTE los “dejan fuera de mercado”.
Incluso ese mismo argumento lo manejaban autoridades del gobierno anterior, cuando impulsaron cambios en el mercado eléctrico buscando fomentar el funcionamiento de un mercado de contratos mayoristas de energía eléctrica entre consumidores y generadores privados, que aprovechara el potencial de las renovables.
Inversiones, negociaciones y falta de acuerdo
En el caso de Tether, se expresó que se “confía en el potencial del país”, pero que para proyectos de esta escala “resulta fundamental un marco tarifario competitivo y previsible”. “No haber alcanzado un acuerdo nos obliga a replantear nuestra estrategia”, se afirma.
La compañía –junto a su filial Microfin– ha desarrollado inversiones en las zonas de San Gabriel y Sarandí Grande en el departamento de Florida para el minado de bitcoin. Esta actividad consiste en manejar potentes computadoras que consumen cantidades significativas de energía y ejecutan órdenes complejas a máxima velocidad para generar una cripto. Las máquinas utilizadas para minería producen mucho calor, por lo que también se necesitan sistemas de refrigeración con consumo adicional de electricidad.
Tether había proyectado inversiones por US$ 500 millones en el país, que incluían la construcción de tres centros de procesamiento de datos en los departamentos de Florida y Tacuarembó, con una demanda estimada de 165 MW, además de un parque propio de generación eólica y fotovoltaica de 300 MW. Dentro de dicha inversión, US$ 50 millones se destinarían a la red eléctrica que será luego propiedad de UTE y parte del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Según supo El Observador, la posibilidad de suspender la operativa e irse del país si no se llegaba a un acuerdo con UTE había sido deslizado en varias ocasiones durante la etapa de negociaciones -que se extendieron por casi dos años- y no se vincula al corte de servicios dispuesto por el ente.
En ese sentido, se explicó que en 2024 el directorio anterior de la empresa eléctrica no accedió a aprobar un acuerdo de reducción de tarifa por volumen de consumo, que se entendía era “indispensable” para la continuidad del plan estratégico.
Tiempo después, a mediados de agosto 2024, en una carta enviada al directorio de UTE la empresa había expuesto el estado de situación y había reiterado sus pedidos, además de plantear que para sus accionistas era necesario tener respuesta antes del 31 de agosto de ese año.
En esa nota a la que accedió El Observador, se señalaba que “desafortunadamente”, y “más allá de que la empresa llevaba invertidos US$ 100 millones”, el resto de lo proyectado estaba “en suspenso”, a la espera de poder concretar una solución con UTE para los dos primeros centros de procesamiento ya operativos en el departamento de Florida.
“Los costos asociados a peajes de 31,5 kV, y el modelo contractual con el que actualmente se opera, hacen económicamente inviable la continuidad de las operaciones por lo que es altamente probable que la empresa deba detener las mismas y, por tanto, el consumo energético para fin de año; y la inversión en el tercer centro de procesamiento y en el parque de generación de 300 MW de Tacuarembó quedaría definitivamente cancelada”, decía el texto.
Otro pasaje daba cuenta que “las dificultades detalladas” habían sido originalmente planteadas por la empresa a UTE en noviembre de 2023, lo que dio lugar a conversaciones con autoridades y equipos técnicos del ente.
La compañía había propuesto dos soluciones de “rápida implementación”. La primera pasaba por modificar el contrato de compra de energía establecido para las instalaciones de Florida, por un formato idéntico al que se estaba discutiendo con UTE para Tacuarembó.
Y la segunda era pasar a pagar peajes de 150 kV en Florida, implementando una solución que había sido propuesta por UTE en abril de 2024. De acuerdo con la empresa, la solución implicaba no tener que realizar mayores obras de infraestructura y tenerla en funcionamiento a partir de setiembre del año pasado.
Corte, deuda y garantías
UTE suspendió el suministro de energía eléctrica a dos sitios de minería de la empresa a finales de julio por prolongación de impagos, según informó Búsqueda el jueves pasado. Tether tenía un consumo mensual de unos US$ 2 millones al mes y dejó de pagar la factura en mayo.
El corto del servicio se efectuó cuando la deuda superó el monto de la garantía entregado por la compañía, según publicó el semanario en base a fuentes del ente. En total, la deuda es de US$ 4,8 millones sin contar multas y recargos.
Sobre este punto, fuentes de la multinacional expresaron a El Observador que existe un “adeudo facturado”, y que la garantía depositada al inicio del contrato "cubre el monto en su totalidad". “No existe algo como una empresa que se va y deja una deuda con el Estado, hay un respaldo”, remarcaron.
