Antes de caer el fin de semana, la oposición ya había anunciado que convocaría al ministro Gonzalo Civila al Parlamento para dar respuesta por la muerte de tres personas en la calle. Entre ese sábado y domingo 22 de junio, fallecieron otros dos: un hombre de 47 años que amaneció sin vida en el refugio de Artigas horas después de ser atendido en el hospital y otro en Salto que vivía en una carpa cerca del río Uruguay.
Ese domingo, el ministro le dijo al presidente Yamandú Orsi que era necesario "ir a otro nivel de respuesta" del Estado, porque hasta ahora solo podían hacerle frente con las medidas "habituales" y algunas innovaciones que aún estaban en fase de piloto. El lunes por la mañana, el mandatario tiró de todas las piolas para que esa noche, en plena ola de frío, nadie durmiera a la intemperie. En la tarde, los ministros de Desarrollo Social, Interior, Salud Pública y Defensa anunciaron en la Torre Ejecutiva un nuevo mecanismo que Presidencia llevaba varias semanas estudiando: la declaración de una alerta roja para evacuar a personas y animales en riesgo.
El procedimiento, inédito hasta entonces para la problemática de calle, cumple ahora 89 días ininterrumpidos de vigencia, sin distinción entre las noches más crudas del invierno o la breve tregua del veranillo de San Juan. Sin embargo, cuando este lunes 22 de setiembre el equinoccio ponga fin al invierno y dé inicio a la primavera, el gobierno instrumentará la salida de la alerta roja y devolverá al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) el liderazgo que por casi tres meses delegó de forma extraordinaria en el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, confirmó a El Observador que "cae la alerta cuando cae el invierno" y que ya no hay fundamentos para sostener una evacuación ideada –a través de la ley del 2009 que creó el Sinae– para estados de alerta o de desastre. Sánchez reivindicó el plan como exitoso y aseguró que la coordinación institucional continuará, aunque "no de la misma manera", sino bajo el plan de contingencia desplegado por el Mides.
Alejandro Sanchez.
Foto: Leonardo Carreño
Eso implica que ya no rige la orden de evacuación, ni tampoco la posibilidad para que la policía efectúe traslados forzosos en caso de desacato. El gobierno sí mantiene que están en vigencia la ley de Faltas y la llamada "internación compulsiva" en los casos que amerite. Si bien el Frente Amplio tiene diferencias ideológicas con esta última herramienta, desde el gobierno han insistido en que no se cercenan ninguno de los instrumentos disponibles, más allá de que en la práctica son muy pocas las intervenciones en el total de convocatorias al SAME 105.
La medida también supone el cierre paulatino de los centros de evacuados. En la noche del jueves había tres operativos: uno en el viejo aeropuerto de Carrasco, que albergó a 172 personas, el polideportivo de la Escuela Nacional de Policía –que prestó techo para otros 125 indigentes– y el Palacio Peñarol, donde pasaron la noche 101 personas. De hecho, el Poder Ejecutivo ya tiene acordado con el club que antes de fin de mes desmontará este último centro de evacuados.
En su informe más reciente, el Sinae dio cuenta de la asistencia a 2.738 personas en todo el país en el marco de la alerta roja, con la gran mayoría de ellas –2.258– derivadas a los refugios del Mides entre Montevideo y el interior, donde los cupos ascendieron a 746 personas. La emergencia llegó a alcanzar un pico de 3.007 evacuaciones en la noche del 20 de agosto.
Según divulgó Búsqueda a través de una solicitud de acceso a la información pública, la alerta insumió hasta comienzos de setiembre gastos por $3,2 millones por fuera de los recursos ordinarios de las instituciones involucradas en las distintas respuestas.
Los planes del Mides
La respuesta ante la problemática de calle durante el invierno fue, de acuerdo a datos del oficialismo, uno de los ítems mejor evaluados de la gestión, al punto tal que jerarcas policiales y el propio ministro del Interior, Carlos Negro, hablaban durante las reuniones del Sinae de un descenso de los delitos durante las horas de la noche dado el despliegue policial.
De acuerdo a una de las últimas encuestas de Opción Consultores, la alerta roja obtuvo un 43% de aprobación contra un 29% de detractores.
Parte de los recursos destinados por el proyecto de ley de Presupuesto al Mides apuntan a "mejorar y sostener" algunas de las políticas desplegadas, según la exposición de motivos. Civila defendió el jueves ante el Parlamento que "la respuesta del Estado en su conjunto ante este problema ha pegado un salto muy grande", con "más de dos mil cupos nuevos" ante la emergencia.
Una de las inyecciones consiste en unos $100 millones para "aumentar cobertura" en las "capacidades de los centros nocturnos" que hoy mantienen unas 1.500 plazas. El director de Protección Social, Daniel Gerhard, afirmó en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que uno de los "objetivos principales" es que "600 pasarían a casas que estén abiertas las 24 horas".
Otros $126 millones serán para que la actividad de los centros Puertas Abiertas –una de las apuestas de la nueva administración– funcionen durante todo el año, así como para el "refuerzo" de la División de Captación y Derivación, explicó Gerhard en el Parlamento.
Gente en situación de calle/pobreza/indigentes
Foto: Leonardo Carreño
Civila contó que hoy hay nueve dispositivos Puertas Abiertas en los que se reciben "a personas que vienen a requerir un cupo para la atención inmediata de la problemática de calle". Los centros –hoy hay nueve operativos– cuentan con "duplas itinerantes que recorren los barrios" de Montevideo en los que había "una dificultad mayor en el acceso al cupo nocturno" dadas las "demoras". "Hemos logrado, a través de este sistema, no eliminar completamente el problema, pero sí reducirlo sustantivamente. Hemos llegado a tener, en varios días del invierno, las dos terceras partes de las solicitudes de acceso a cupos nocturnos por la vía de estos dispositivos de Puertas Abiertas".
"Tienen un gran potencial, porque no solamente se trata de espacios de acompañamiento para el acceso al cupo nocturno, sino también de espacios donde se desarrollan propuestas socioeducativas, sociolaborales, de acompañamiento a la realidad y a las trayectorias de las personas", destacó el ministro. "Esto ha tenido un efecto muy positivo sobre el sistema de refugios. Las personas llegan a los refugios con otra predisposición, esto dicho por los propios equipos que las reciben".
Según datos del Mides, durante la actividad de lunes a viernes, estos centros han llegado a captar en simultáneo a entre 150 y 200 personas que solían tener mayor reticencia a acercarse a otros refugios.
La otra gran apuesta de la administración consiste en un diálogo social para elaborar una "Estrategia Nacional Integral para Personas en Situación de Calle". "Consideramos que es necesario construir una estrategia integral -que el país hasta ahora no ha podido construir- en torno al tema de las personas en situación de calle", sostuvo el ministro ante los diputados. "Son tres meses de duración de un proceso que va a sintetizar en nuevas bases para una estrategia integral que vaya más allá del propio Ministerio".
