El Poder Ejecutivo está "en conversaciones" con la Cámara de Zonas Francas y con legisladores ante las inquietudes planteadas sobre la creación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, destinado a gravar las rentas obtenidas por las multinacionales que tengan operaciones por más de 750 millones de euros anuales y que hoy estén tributando en sus casas matrices el Impuesto Mínimo Global planteado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo a El Observador que "no hay problema" si "es necesario clarificar la redacción" para dar mayores garantías sobre el nuevo tributo. El jerarca insistió en que "el impuesto es inocuo" y que busca "localizar" lo que las compañías ya están pagando en sus países de origen.
En paralelo a las negociaciones locales también hay contactos a nivel internacional. Los cambios impositivos que el Ministerio de Economía pretende establecer -con la aprobación del Presupuesto- forman parte de un intercambio frecuente que se realiza con técnicos de la OCDE. La redacción tiene que cumplir con determinados requisitos que impone el organismo para que respete las denominadas reglas GloBE.
Pero, además, se avanza en la concreción de un encuentro entre el ministro de Economía, Gabriel Oddone, con algunos directores del organismo internacional. Esa reunión todavía no tiene fecha confirmada, pero la intención es que se produzca antes de fin de año.
Uno de los argumentos esgrimidos por la Cámara de Zonas Francas es que hoy no está claro cuántos países aplicarán el impuesto global planteado por OCDE. En Latinoamérica el único país que decidió adherir es Brasil, y de los 136 que acordaron su creación poco más de 50 lo han implementado.
"El resto está esperando, porque ha sufrido vaivenes para un lado y para el otro. Tiene la palabra global porque depende de la globalidad para que sea efectivo", explicó este jueves En Perspectiva el presidente de la cámara, Enrique Buero.
Según el secretario de Presidencia, si el país de origen de la compañía –donde tiene su casa matriz– no adhirió al impuesto, la empresa no lo está pagando y por tanto no hay nada que localizar.
Incluso, el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, fue un paso más allá en entrevista con Desayunos Informales y dijo que en la reglamentación del impuesto va a quedar claro que las empresas que no lo tienen que pagar en otro país, tampoco lo van a pagar acá.
"Si nosotros no hiciéramos eso en la reglamentación, cualquiera de estas empresas le hace un juicio al Uruguay porque así está previsto en los tratados de protección de inversiones, y nos gana el juicio. Es una cuestión de sentido común. Uruguay no va a incumplir los compromisos que están establecidos porque si los incumplimos después no van a obligar a cumplirlos", dijo.
De todos modos, no solo importa el país de la casa matriz sino también las otras filiales que pueda tener la empresa. Si el país de la casa matriz no adoptó el impuesto mínimo global, explicó Vallcorba, pero tiene alguna pata puesta en un país que sí haya implementado el tributo, aunque no sea ni dónde está desarrollando la actividad o donde está la casa matriz, si es algún otro vínculo societario que implique que esté instalada en un país donde sí rige el IMG, ese país va a cobrar el 15% de la renta generada en Uruguay. Por lo tanto, el impuesto también vale para esas empresas.
Por otro lado, el presidente de la Cámara de Zonas Francas sostuvo esta semana en En Perspectiva que la ley que creó estos regímenes estableció en uno de sus artículos que los usuarios estarán "exonerados de impuestos creados o a crearse" durante el plazo que dure el contrato que haya firmado la empresa para establecer sus operaciones. Y en otro de los artículos, indicó Buero, estableció que el Estado será el "responsable por los daños y perjuicios".
Buero remarcó que ese ha sido "uno de los pilares fundamentales" del país para "captar inversiones extranjeras" y que se ha valorizado en los últimos años, ante un escenario de incertidumbre global. "Esa es la clave del éxito: las cosas claras. Por escrito y en una ley", señaló. En ese sentido, según la gremial el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico no debería aplicar para las empresas usuarias de las zonas francas, que en Uruguay están exoneradas.
Para Alejandro Sánchez, no obstante, el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico es "inocuo" porque "no es un nuevo impuesto", sino que está localizando en Uruguay lo que ya se tributa en la casa matriz. Vallcorba agregó que lo que hay es un "cambio en el tratamiento tributario, pero no por decisión de Uruguay (...) lo que hay es un cambio en las reglas globales".
La Cámara de Zonas Francas también cuestiona que se suma "un desafío" a la competitividad a una lista que ya es "muy grande", sobre todo en comparación con los "principales competidores" de Uruguay en "captación de inversión extranjera" que son los demás países de la región que –a excepción de Brasil– todavía no han implementado el impuesto.
Buero apuntó en En Perspectiva que habrá empresas que, eventualmente, decidan pagar por el impuesto mínimo en sus casas matrices "por temas operativos" o para "evitar costos adicionales" en sus operaciones en Uruguay. "Si tenemos una DGI que se presenta y pretende cobrar el impuesto, esas empresas en legítimo uso dirán que prefieren seguirlo pagando en su casa matriz porque para ellos no es neutro por x razones. Y son razones válidas".
El presidente de la cámara estimó que una solución sería incluir en el artículo que crea este impuesto la salvedad para contemplar este tipo de situaciones. Sin embargo, señaló que desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) les advirtieron que eso no sería posible, dado que incumpliría los requisitos que la OCDE estableció para el impuesto.
Sin embargo, desde el gobierno descartaron este escenario. En una entrevista con Búsqueda, Vallcorba aseguró que "los tributaristas sostienen que pagarlo acá les ahorra muchísimos trámites y complicaciones vinculadas al cumplimiento tributario en el exterior". "Es claro que para esas empresas no hay perjuicio", insistió el subsecretario.
Ajustes
El Ministerio de Economía y Finanzas volverá a comparecer ante la comisión de Hacienda y Presupuestos el próximo 30 de agosto y, tal como adelantó el ministro Oddone, llevarán algunos cambios para ajustar la redacción del proyecto.
El proyecto prevé que ante solicitudes de estados extranjeros se pueda levantar el secreto bancario y que esa misma potestad la tenga la propia DGI. Oddone ya adelantó en más de una entrevista que van a corregir la redacción para que el director de la DGI tenga que fundamentar una presunción de evasión para que poder levantar el secreto bancario sin intervención judicial.
