La ministra de Defensa, Sandra Lazo, logró sortear semanas atrás una interpelación promovida por el nacionalista Javier García sobre la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con el astillero Cardama por irregularidades en la construcción de las dos patrulleras oceánicas (OPV) para la Armada.
La sesión terminó sin consecuencias políticas porque el Frente Amplio impuso su mayoría en el Senado para aprobar una moción que declaró satisfactorias las respuestas de los jerarcas y dejó la puerta abierta a la realización de una comisión investigadora sobre el caso.
Pero como suele ocurrir en estos casos, durante el debate de los legisladores también se dieron a conocer otras denuncias de situaciones irregulares.
Una de ellas fue presentada por Sergio Botana. El senador arachán cuestionó que la jefa de la asesoría letrada de la Prefectura fuera beneficiada con un ascenso “triplemente excepcional” luego de realizar un informe que favoreció al comandante en jefe de la Armada, José Luis Elizondo, que también proviene de ese cuerpo.
“El mando que nombraron (por Elizondo) fue designado tras un informe negativo de la asesoría letrada de la Armada. Alguien le dio a la ministra un informe diferente a este. ¿Saben quien se lo dio? Una abogada que casualmente fue beneficiada por un acto triplemente excepcional”, dijo.
De acuerdo con documentos de la Armada revisados por El Observador, el informe al que hizo referencia Botana es del 17 de junio, un mes y medio antes que el gobierno designara oficialmente a Elizondo como comandante en jefe de la Armada.
En ese momento, la asesoría letrada de la marina se pronunció sobre los “deberes, responsabilidad y autoridad” del encargado de despacho en “ausencia definitiva” del comandante en jefe.
El informe dice que la Armada tiene “normas especiales y propias que regulan su funcionamiento” –en referencia a las disposiciones incluidas en la Ley Orgánica de la Marina de 1946– y concluye que los contralmirantes que pueden asumir como comandantes son los que pertenecen al “cuerpo general”.
Sin embargo, para designar a Elizondo, el gobierno se basó en otra interpretación –impulsada por esta abogada– que señala que la ley más reciente (la orgánica de las Fuerzas Armadas del 2019) establece en su artículo 103 que los comandantes de cada fuerza serán designados entre los “oficiales generales” de cada institución.
A juicio de esa biblioteca, Elizondo cumplía con esa exigencia ya que era contralmirante, por lo que había abandonado la especialidad (cuerpo de prefectura) al asumir esa jerarquía.
Según Botana, tras ese informe, la abogada de Prefectura recibió un ascenso “triplemente excepcional”.
Esto porque se modificó un decreto y se habilitó que el personal subalterno pudiera tener dos ascensos por “designación directa” en lugar de uno; porque los cambios se hicieron con informe de la jurídica de Prefectura pero sin intervención de la asesoría letrada de la Armada, y porque se la reincorporó (luego de publicado el decreto) tras pasar a retiro por edad y con el ascenso retroactivo.
Los documentos revisados por El Observador muestran que la iniciativa del cambio de decreto surgió de la Prefectura y terminó siendo firmada el 10 de setiembre por el presidente Yamandú Orsi junto con Sandra Lazo.
El capitán de navío Diego Vera, secretario del Prefecto Nacional Naval, planteó que la modificación buscaba “introducir una excepción limitada y fundada” para el “personal subalterno técnico profesional (abogados, médicos, contadores y psicólogos, entre otros) permitiendo que puedan acceder más de una vez a ascensos por designación directa”.
El oficial señaló que buscaban mantener el “carácter excepcional” del ascenso por designación directa, subordinado a la existencia de vacantes no cubiertas por el mecanismo ordinario y que la aplicación quedaba sujeta al comandante en jefe, quien “evaluará su pertinencia asegurando un equilibrio entre la preservación del mérito y la eficiencia institucional”.
La modificación llegó a Jurídica de Defensa el 5 de setiembre. Las abogadas que intervinieron advirtieron que la asesoría letrada de la Armada no se había expedido lo que incumplía con una ordenanza de Defensa.
A su vez cuestionaron que la redacción propuesta (“en más de una oportunidad”) ampliaba de “manera ilimitada” la discrecionalidad del jerarca para conferir ascensos por designación directa a los profesionales, por lo que sugirieron “establecer un límite específico”.
Pese a esto, el decreto que terminó firmando el 10 de setiembre dice en el “atento” que fue “informado por la asesoría letrada del comando general de la Armada” y no habla solo de los subalternos “técnico profesionales” sino de todos.
“El comandante en jefe de la Armada (Comar) podrá conferir ascensos por designación directa a cualquier tripulante hasta en 2 oportunidades a lo largo de su carrera (...) dichos ascensos solo podrán conferirse por fundadas razones de servicio, las que deberán ser explicitadas en el acto administrativo correspondiente”, se lee en la modificación aprobada.
Botana denunció que como el decreto salió después de la fecha de cumpleaños de la abogada, debió pasar a retiro obligatorio por edad pero fue reintegrada y le hicieron un nombramiento retroactivo.
A juicio del senador, todo eso ocurrió sin que la ministra y el presidente estuvieran informados. “Sé que ella jamás le haría firmar al presidente una cosa de la cual estaría convencida de que está mal. No se me podría ocurrir pensar de ese modo y tampoco se me ocurre que al presidente se le ocurriría firmar algo que está mal”, sentenció.
