Interpelación por Cardama: FA cerró filas con Lazo, que habló de "estafa monumental" pero anunció que no está decidida la "rescisión del contrato"
El senador interpelante, Javier García, señaló que el oficialismo boicoteó el contrato y envió oficiales de la Armada a hacer “tareas de inteligencia” a España; la información de la sesión será estudiada por Fiscalía
La interpelación en el Senado llevaba ya nueve horas cuando el senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, intentó esbozar un breve resumen de lo que estaba pasando. Parafraseando a Gustavo Zubía, dijo que había una “discusión de acusaciones mutuas, para atrás, entre gordos y petisos que no tiene final”.
Era una síntesis del cruce dialéctico que habían sostenido Sandra Lazo y Javier García, la actual titular de Defensa y el exministro, interpelada e interpelante, exsenadora y actual senador, por la elección de Cardama para construir dos patrulleras oceánicas (OPV) para la Armada Nacional.
Como se sabe, el gobierno de Yamandú Orsi anunció su intención de rescindir el contrato tras detectar que la garantía de fiel cumplimiento presentada por el astillero era falsa, lo que derivó en la furia de la oposición, que promovió el mecanismo para cuestionarla, aunque al elegir la Cámara de Senadores para realizarla disminuyó las posibilidades de lograr que saliera sin respaldo, debido a que el Frente Amplio tiene mayoría.
Tras doce horas de sesión, con varios cuartos intermedios e incluso el fracaso de una “mediación” ofrecida por Pedro Bordaberry, el Senado –con votos del oficialismo– aprobó una moción que defiende y respalda la gestión de Lazo y todo el Poder Ejecutivo al tiempo que se “reserva” el derecho de seguir investigando el proceso de compra a Cardama.
Boicot y plan deliberado
Al abrir la sesión, García tuvo una hora y media para hacer sus consideraciones. Planteó 32 preguntas y encuadró la rescisión en una “agenda negativa” del gobierno dedicada a “destruir” lo hecho por la administración de Lacalle Pou, en referencia, además de las OPV, a la cancelación de Arazatí, los cambios al plan de saneamiento y los proyectos de infraestructura.
Habló de un “plan deliberado” y narró presiones y lobbies que incidieron para que durante los quince años de gobierno del Frente Amplio no se hiciera esta compra, pese a que la Armada la solicitó hace más de veinte.
“El boicot contra el contrato empezó apenas se firmó y se puso en práctica cuando asumieron. Hubo pesquisas ilegales e incumplimientos, incomunicación de las autoridades con el astillero y una conferencia de prensa presidencial junto al principal operador político y lobista contra el astillero”, dijo. En este sentido, calificó al prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, como un Rasputín y señaló que estaba “sobrevolando” toda la sesión.
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Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
Más allá de las preguntas, apuntó sus dardos hacia Ismael González y Héctor Cardozo, los dos oficiales de la Armada que Lazo envió a España. Los calificó de “delegados personales y políticos” de la ministra, denunció que realizaron “tareas de inteligencia” con el objetivo de boicotear el contrato y consideró que la fuerza había sido “desplazada” del proceso de seguimiento de la compra.
A su vez, dijo que personas que no eran “funcionarios sino dirigentes políticos” -en referencia a los adscriptos a Lazo, Damián Rojas y Daniel Marsiglia- llevaron adelante “pesquisas secretas, interrogatorios y careos a oficiales de la Armada, así como investigaciones sin respaldo legal”.
García insistió en preguntar si el gobierno iba a rescindir el contrato, lo que motivó que la ministra contestara que “al día de hoy no está decidido”, algo que fue celebrado por la oposición como una muestra de las contradicciones del Poder Ejecutivo en el tema.
Al cierre, pidió que la versión taquigráfica fuera a Fiscalía para que evaluara las denuncias que había formulado sobre las “pesquisas secretas, interrogatorios, investigaciones y careos, y si las mismas configuran ilegalidades, desvíos de poder”.
Estafa monumental
A su turno, Lazo ensayó una cronología con todo el proceso de compra y reveló algunos detalles que hasta ahora se desconocían respecto a la investigación administrativa dispuesta por el gobierno, los informes técnicos de los oficiales de la Armada y la pericia realizada por Interior al documento de renovación de la garantía.
“A todos estos problemas que entendemos que son graves, derivados de una estafa monumental vinculada con la garantía, se observa que el avance del proyecto está plagado de irregularidades técnicas muy serias y que hay incumplimiento del constructor y un gravísimo apartamiento del contrato", dijo.
En este sentido, relató que la garantía de Eurocommerce que buscó renovar Cardama era falsa e incluso contenía errores, ya que decía que fue emitida el 26 de setiembre de 2024. Respecto a la falsedad, mencionó que el análisis de las marcas de agua, el logo, el cuerpo y la firma del texto denotaban que el documento fue “armado a partir de pedazos de otros archivos electrónicos”.
Acerca de los informes técnicos, tal como había adelantado El Observador, dijo que mostraban que la calidad del producto era “incierta”."No se tiene la confianza suficiente para pensar que se van a cumplir los tiempos y que todo quede bien. Se encienden algunas alertas que tienen que ver con la estabilidad, calidad del buque y para nosotros esas cosas son muy importantes", señaló.
Entre las irregularidades, la ministra listó que el plano de cuaderna maestra no está aprobado por la sociedad de clasificación Lloyd’s, algo que fue confirmado por la Facultad de Ingeniería en un informe reservado, y que de acuerdo con los técnicos los planos debían haber sido aprobados previamente, por lo que “Cardama está construyendo a su propio riesgo".
Por último, reveló que el 18 de noviembre Cardama les informó –aunque sin adjuntar documentación– que se había rescindido el contrato con Caterpillar, la empresa que estaba construyendo los motores, los cuales debían estar prontos en enero. Según dijo, el nuevo plazo es dentro de doce meses.
