La inteligencia artificial transforma las tareas de compliance
La incorporación de IA a los procesos de prevención fue uno de los principales temas de la jornada. Su capacidad para procesar grandes volúmenes de información, identificar patrones y agilizar el análisis de operaciones abre nuevas oportunidades para los equipos de cumplimiento.
Mauricio Roldán señaló que esta es una de las principales tendencias internacionales en materia de PLAFT. Según explicó, los sistemas de gestión de las organizaciones generan grandes cantidades de información que pueden aprovecharse para mejorar los análisis, siempre que los datos se administren adecuadamente. También destacó la importancia de avanzar hacia un enfoque basado en riesgos, con especial atención a los activos virtuales, que representan uno de los principales desafíos para las compañías en Uruguay.
Por su parte, Andrés Sarcuno sostuvo que la IA está acelerando el análisis de alertas y permite a los equipos trabajar con una capacidad de procesamiento mucho mayor. Sin embargo, advirtió que la incorporación de estas tecnologías exige que los profesionales comprendan cómo funcionan y aprendan a desarrollar sus propios agentes.
El especialista también hizo hincapié en la necesidad de mantener una mirada crítica sobre los resultados que generan los modelos. A su entender, el valor de los profesionales seguirá estando en su criterio, su capacidad de análisis y su conocimiento del contexto, incluso cuando cada vez más tareas puedan automatizarse.
Qué cambia con la nueva ley contra el lavado de activos
Otro de los bloques centrales estuvo dedicado a la Ley N.º 20.469, aprobada el 19 de marzo de 2026, que introdujo modificaciones a la Ley Integral contra el Lavado de Activos N.º 19.574.
Roldán repasó los principales cambios y destacó el fortalecimiento de las facultades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), que podrá solicitar la documentación que considere necesaria durante sus inspecciones.
La reforma también incorporó nuevos sujetos obligados vinculados al Estado, entre ellos organismos públicos, personas públicas no estatales y sociedades con participación estatal. A su vez, reforzó la confidencialidad de los reportes de operaciones sospechosas (ROS), con el objetivo de evitar que el temor a que esa información trascienda desaliente las denuncias.
En materia institucional, la normativa busca mejorar la coordinación entre las dependencias estatales. Establece la colaboración obligatoria de los organismos públicos, fortalece la cooperación entre fiscalías, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la SENACLAFT, e incorpora la obligación de realizar investigaciones patrimoniales paralelas a las penales.
Entre los cambios operativos, Roldán destacó la ampliación del plazo de bloqueo de operaciones sospechosas por parte de la UIAF, que pasó de 72 horas a cinco días hábiles. También se fortalecieron los mecanismos para rastrear y recuperar activos vinculados con actividades ilícitas.
La ley amplió, además, el alcance de los delitos precedentes del lavado de activos. Entre las incorporaciones se encuentran determinados ciberdelitos cuando superan las 100.000 unidades indexadas, la introducción de desechos tóxicos y el fraude en entidades financieras.
Otro cambio relevante refiere al decomiso ampliado, que permite alcanzar bienes cuyo origen lícito no pueda justificarse, incluso cuando se encuentren a nombre de terceros o testaferros.
En cuanto al uso de efectivo, la reforma redujo el umbral general a 200.000 unidades indexadas. Para determinadas operaciones, como la compraventa de inmuebles, el pago de indemnizaciones judiciales y algunos movimientos de capital dentro de sociedades comerciales, se estableció un límite de hasta el 5% del valor de la operación, con un tope de 450.000 unidades indexadas.
Roldán también indicó que la normativa amplía las responsabilidades de los directivos y la alta gerencia, que podrán quedar expuestos a sanciones cuando la institución incumpla sus obligaciones de prevención.
Activos virtuales y nuevas exigencias regulatorias
La regulación de los activos virtuales fue otro de los temas destacados. Emilia Esquivel analizó el decreto reglamentario aprobado en julio de 2026 y sus implicancias para los proveedores de estos servicios y el resto de los sujetos obligados.
La especialista explicó que uno de los cambios más relevantes respecto al proyecto original fue la definición de los proveedores alcanzados. La normativa establece que deben ser personas jurídicas, específicamente sociedades comerciales uruguayas o sucursales de sociedades constituidas en el exterior que operen en el país.
Entre las nuevas exigencias se encuentran la inscripción ante el organismo correspondiente, la identificación de beneficiarios finales, la presentación de un manual de prevención, la designación de un oficial de cumplimiento y la existencia de un código de ética. Los proveedores que ya estaban operando tienen plazo hasta el 31 de marzo de 2027 para completar su adecuación.
Esquivel también puso el foco en las obligaciones de monitoreo y reporte de operaciones sospechosas. Explicó que los criterios para detectar irregularidades en operaciones con activos virtuales no son esencialmente diferentes de los que se aplican en el sistema financiero tradicional.
Durante su exposición planteó el caso de una persona que declara ingresos mensuales de US$ 3.000 y comienza a recibir transferencias desde distintos exchanges por montos muy superiores a su capacidad económica. También mencionó situaciones en las que un cliente puede demostrar que convirtió sus activos virtuales en dinero, pero no logra justificar su origen inicial.
La especialista destacó que los proveedores deben desarrollar mecanismos para identificar patrones de riesgo, generar alertas y comprender el comportamiento transaccional de sus clientes.
Otro de los puntos abordados fue la denominada regla de viaje, vinculada con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta disposición busca que las transferencias de activos virtuales incluyan información que permita identificar tanto al ordenante como al beneficiario, para fortalecer la trazabilidad de las operaciones.
Las tipologías internacionales y el uso de empresas para ocultar fondos
La jornada también incluyó un análisis de las tipologías regionales de lavado de activos identificadas por el GAFILAT. Roldán repasó distintas modalidades utilizadas por las organizaciones criminales, entre ellas el uso de personas jurídicas, terceros, operaciones de comercio exterior y activos virtuales.
En particular, advirtió sobre la utilización de empresas para ocultar a los beneficiarios finales, dar apariencia de legalidad a fondos ilícitos y facilitar movimientos financieros. Entre las técnicas identificadas se encuentran la creación de empresas de fachada, el uso de facturas falsas, la documentación simulada y la simulación de exportaciones, préstamos y compraventas.
Por último, el experto planteó el debate internacional sobre los registros de beneficiarios finales y los cambios impulsados en Estados Unidos respecto a las obligaciones de reporte de esa información. A su entender, estas modificaciones generan un contraste con las recomendaciones del GAFI, que desde hace años promueve una mayor transparencia para identificar a las personas que están detrás de las estructuras societarias.
El intercambio con los asistentes permitió discutir la importancia de contar con registros accesibles y verificables, que faciliten las tareas de control.
Con el análisis de los cambios normativos, la regulación de los activos virtuales y las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial, la actividad puso sobre la mesa los desafíos que enfrentan las organizaciones para fortalecer sus sistemas de prevención y adaptarse a un escenario de mayores exigencias.
