Así lo analizó Francesca Magno, socia de la firma de asesoramiento tributario y legal Andersen, durante su participación en el programa Café y Negocios, emitido por el canal de streaming de El Observador.
Uno de los aspectos más destacados por la abogada radica en la transformación del perfil del residente extranjero en Uruguay. Si bien el país ha sido históricamente receptor de argentinos y brasileños, el mapa de origen se ha diversificado tras la crisis sanitaria global de 2020.
"Desde la pandemia no se observaba una llegada tan marcada de europeos buscando residir e invertir en Uruguay. Es un fenómeno directamente vinculado con el contexto que atraviesa Europa en la actualidad, donde inciden tanto la presión fiscal como la inestabilidad geopolítica y económica", explicó Magno en Café y Negocios.
Antes de este período, la llegada de ciudadanos europeos obedecía predominantemente a casos puntuales de ejecutivos de multinacionales o retiros planificados. Sin embargo, en los últimos tres años se ha constatado un traslado efectivo de núcleos familiares e individuos en edad de ejercer su actividad profesional o empresarial de forma remota.
El marco normativo uruguayo ha sido históricamente un factor diferencial en el Cono Sur. Sin embargo, en los últimos años, la combinación de estabilidad macroeconómica con instrumentos específicos de atracción de capitales ha acelerado las decisiones de radicación financiera y física en el país.
Según explicó Magno durante la entrevista, el atractivo de Uruguay no radica únicamente en las exenciones impositivas, sino en la consistencia de sus reglas de juego a lo largo de los diferentes administraciones de gobierno.
"Uruguay ofrece algo que hoy es escaso en la región: predictibilidad. Cuando un inversor extranjero analiza la estructuración de su patrimonio a largo plazo, busca un marco regulatorio claro que no sufra alteraciones intempestivas. El país ha logrado mantener esa reputación de plaza segura", señaló la socia de Andersen en Café y Negocios.
Desde el punto de vista regulatorio, la normativa sobre residencia fiscal —flexibilizada mediante el Decreto 163/020— junto con la Ley de Promoción de Inversiones (N.º 16.906) y el régimen de Zonas Francas, conforman la columna vertebral de la propuesta de valor del país. Asimismo, la exención del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) para rendimientos de capital mobiliario provenientes del exterior —conocido tradicionalmente como tax holiday, ampliado bajo ciertas condiciones hasta por 11 años— continúa operando como un incentivo clave para los patrimonios individuales.
Puntos clave del atractivo uruguayo para altos patrimonios:
- Certeza jurídica y estabilidad política independientemente del ciclo electoral.
- Flexibilización de criterios para la obtención de la residencia fiscal.
- Régimen de "tax holiday" para rentas mobiliarias generadas en el exterior.
- Red amplia de convenios internacionales de inversión y transparencia fiscal.
De la compra de activos a la estructuración de Family Offices
Una de las tendencias más marcadas en el último trienio es la sofisticación del capital que ingresa al mercado uruguayo. Si bien históricamente el volumen principal de inversión extranjera se canalizaba hacia el sector inmobiliario o agropecuario, actualmente se observa un vuelco decidido hacia la planificación de estructuras societarias y patrimoniales complejas.
Magno destacó que el interés actual trasciende la mera adquisición de inmuebles residenciales o tierras productivas. Cada vez es más frecuente la llegada de familias de alto patrimonio (High-Net-Worth Individuals) que buscan trasladar la sede principal de sus negocios o instalar Family Offices para la gestión centralizada de sus activos globales.
"El perfil del inversor ha madurado. Ya no nos encontramos únicamente con la compra tradicional de un bien raíz en Punta del Este o Montevideo. Lo que estamos viendo es un proceso integral donde las familias buscan estructurar sus activos a través de sociedades holding, fideicomisos o trusts, buscando protección patrimonial, gobernanza familiar eficiente y una correcta sucesión transgeneracional", detalló la socia de Andersen.
Esta evolución demanda un acompañamiento legal, contable y tributario de mayor complejidad. Las estructuras deben articularse respetando tanto los estándares de la DGI en Uruguay como la normativa de los países de origen y las exigencias internacionales en materia de intercambio de información fiscal (estándares OCDE) y prevención del lavado de activos (SEPRELAD/Gafi).
La dinámica regional y el interés de los inversores brasileños
Si bien Argentina históricamente ha liderado el origen de los flujos patrimoniales que buscan refugio en Uruguay, las variaciones políticas y fiscales en la región han diversificado los orígenes del capital hacia otros mercados clave, con un rol preponderante del empresariado de Brasil.
El escenario político y tributario tras las últimas elecciones en Brasil impulsó a una porción relevante de empresarios y grupos familiares de ese país a considerar alternativas de diversificación internacional. En este contexto, Uruguay se ha posicionado como una opción geográfica y operativa idónea por su cercanía y compatibilidad de negocios.
"El inversor brasileño tiene un perfil muy sofisticado y busca principalmente diversificar riesgos. A diferencia del inversor argentino, que muchas veces busca una radicación física inmediata, el brasileño suele comenzar por la estructuración corporativa o la asignación de capitales en proyectos específicos de infraestructura, agronegocio o tecnología", explicó Magno en la pantalla de El Observador Streaming.
Las modificaciones tributarias que Brasil implementó recientemente —entre ellas la revisión de la tributación de activos en el exterior (offshores) y fondos exclusivos— han acelerado la revisión de la ingeniería de negocios de los altos patrimonios en el gigante sudamericano, incentivando el análisis del régimen uruguayo para concentrar operativas o vehículos de tenencia de activos
El marco normativo y los incentivos para la residencia fiscal
El dinamismo en la llegada de capitales extranjeros responde también a las adecuaciones normativas que Uruguay ha instrumentado en la última década para posicionarse en la competencia internacional por la atracción de talentos y patrimonio.
Desde la promulgación del Decreto 163/020 en 2020, el Poder Ejecutivo flexibilizó las condiciones para obtener la residencia fiscal en el país. Actualmente, una persona física puede acceder a dicha condición mediante dos vías principales vinculadas a la inversión:
- Inversión inmobiliaria: Adquisición de bienes inmuebles por un valor superior a las 3.500.000 Unidades Fiduciarias (aproximadamente US$ 390.000 al cambio actual), acompañada de una presencia física efectiva en el país de al menos 60 días en el año civil.
- Inversión empresarial: Participación directa o indirecta en una empresa por un valor superior a 15.000.000 de Unidades Fiduciarias (aproximadamente US$ 1,6 millones), siempre que genere al menos 15 nuevos puestos de trabajo directos en régimen de dependencia.
Asimismo, el régimen tributario uruguayo ofrece el denominado tax holiday o "vacaciones fiscales" para los nuevos residentes fiscales. Este esquema permite optar por exonerar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sobre los rendimientos de capital mobiliario provenientes del exterior (como intereses de depósitos o dividendos) durante un período de 11 años, o bien tributar a una tasa reducida del 7% de forma indefinida.
Desafíos de infraestructura y competitividad de costos
A pesar del escenario favorable para la captación de inversiones y residentes, los analistas coinciden en que Uruguay enfrenta desafíos estructurales para consolidar este proceso a largo plazo. El costo de vida en términos de dólares y las exigencias de inserción financiera continúan siendo aspectos bajo permanente evaluación por parte de las firmas de asesoramiento internacional.
El sistema bancario uruguayo, alineado con los estándares internacionales de prevención del lavado de activos y transparencia fiscal (normativa OCDE), aplica procesos rigurosos de due diligence y debida diligencia para la apertura de cuentas de no residentes o nuevos residentes. Si bien este rigor fortalece la reputación del sistema financiero nacional, requiere un acompañamiento profesional estructurado para dinamizar el desembarco de los capitales extranjeros.
La combinación de un marco legal sólido, incentivos fiscales vigentes y un contexto internacional de incertidumbre ubica a Uruguay en una posición estratégica para continuar recibiendo flujos financieros y humanos tanto de la región sudamericana como de los mercados desarrollados.