La omisión legal deja expuesta una red clave ante amenazas físicas, ciberataques o conflictos geopolíticos
Centrales eléctricas, plantas que tratan el agua potable, aeropuertos, carreteras. Todo es considerado infraestructura crítica de Uruguay, pero no todos los sistemas que sostienen la vida digital del país tienen esa misma jerarquía.
Los cables submarinos que transportan más del 95 % del tráfico de datos global, y que conectan a Uruguay con el resto del mundo, no están oficialmente catalogados como parte de la infraestructura crítica nacional, lo que abre interrogantes sobre su protección y su exposición a amenazas físicas y cibernéticas, según un estudio jurídico realizado por uruguayas.
El texto, recientemente publicado en la Revista de Derecho y Tecnología por las expertas uruguayas Francia Elizabeth González Angelotti y Alejandra Ivonne Mar Puente, plantea que “los cables submarinos de fibra óptica constituyen una columna vertebral de Internet, el comercio digital, las comunicaciones diplomáticas, la actividad militar y la inteligencia global”.
La investigación sostiene que su relevancia “ha sido históricamente limitada” desde el punto de vista político, jurídico y estratégico, a pesar de que estos cables sostienen “la economía global, la seguridad nacional y la soberanía tecnológica”.
En general, Internet no viaja por el aire como pensamos: en realidad, la mayoría del tráfico de datos del mundo —incluyendo el que usamos en Uruguay— se mueve por debajo del mar, a través de cables submarinos. Estos cables son como autopistas de información que cruzan los océanos y permiten que los países estén conectados entre sí.
En el caso de Uruguay, hay cuatro de estos cables internacionales —UNISUR, BICENTENARIO, TANNAT y FIRMINA— que llegan al país por Maldonado y Punta del Este. Gracias a ellos, podemos comunicarnos con Argentina, Brasil y hasta Estados Unidos en segundos, porque esos cables transportan datos como correos, videos o llamadas por internet.
No obstante, según el estudio, “en la actualidad no se cuenta con normativa nacional referida a la ciberseguridad de los cables submarinos”. Tampoco existe un marco legal que los reconozca como activos estratégicos.
La Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2024–2030 establece pilares de acción, pero “aún no contempla de manera específica la protección de los cables submarinos como infraestructuras críticas”.
La pregunta es: ¿qué afectación puede tener para el país?
A medida que esta infraestructura gana protagonismo, también lo hacen los riesgos. El estudio explica que “alrededor del 77 % de las interrupciones de cables submarinos son causadas por actividades accidentales vinculadas a la pesca y la navegación”.
Pero los peligros no son sólo físicos. “La instalación de malware en estas infraestructuras o el acceso no autorizado a los flujos de datos representan riesgos latentes”, especialmente en estaciones de amarre y repetidores interoceánicos.
Desde esa perspectiva, las autoras concluyen que “la ciberseguridad de los cables submarinos, por tanto, ya no puede ser pensada como un asunto técnico secundario, sino como un componente clave de la seguridad digital y la soberanía de los Estados”.
El estudio recuerda que el principal instrumento legal internacional es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que regula el tendido y protección física de los cables.
No obstante, señalan que “la CONVEMAR no aborda de forma específica los desafíos asociados a la ciberseguridad de los cables submarinos”, y que esto genera una “laguna normativa relevante”.
A nivel internacional, “no existe un régimen internacional integral que articule el Derecho del Mar con los marcos de ciberseguridad”, lo que limita la capacidad de respuesta ante amenazas híbridas.
El artículo analiza disputas recientes como el proyecto Pacific Light Cable Network, impulsado por Google y Meta, que fue parcialmente bloqueado por Estados Unidos por motivos de seguridad nacional. También repasa las sanciones contra Huawei Marine, la intervención de la NSA revelada por Edward Snowden y el caso del cable entre Micronesia y Guam, cancelado por presión de Washington.
Estas situaciones, afirman las autoras, “reflejan un fenómeno más amplio que algunos analistas denominan la ‘guerra fría digital’ o ‘carrera por la soberanía tecnológica’”.
Y si bien Uruguay no es parte directa de estas disputas, “se ve igualmente afectado por las decisiones de infraestructura y los estándares de ciberseguridad adoptados por los países centrales”.
La expansión de la red de fibra óptica en Uruguay entre 2011 y 2020 permitió alcanzar una cobertura de 88 % en hogares. “Esta inversión estratégica facilitó el acceso igualitario a Internet y fortaleció la resiliencia del sistema digital nacional”.
Sin embargo, esa resiliencia no incluye un blindaje específico para los cables submarinos. Según las autoras, “la ausencia de una mención expresa en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad evidencia que Uruguay aún se encuentra en una etapa incipiente en materia de ciberseguridad aplicada a infraestructuras físicas clave”.
El estudio propone tres líneas de acción. La primera es el “reconocimiento legal de los cables como infraestructuras críticas”, lo que permitiría asignar recursos y establecer protocolos de seguridad.
La segunda es el “fortalecimiento de la cooperación internacional”, con participación activa en foros y acuerdos que aseguren la protección de rutas de conectividad.
La tercera línea es el “desarrollo de capacidades técnicas y humanas especializadas en ciberseguridad marítima”, mediante la coordinación entre Agesic, Antel, el Ministerio de Defensa y la academia.
“La protección de los cables submarinos no constituye únicamente un desafío técnico vinculado a la conectividad, sino una cuestión estratégica que involucra la soberanía nacional, la seguridad del Estado y la garantía efectiva de derechos fundamentales en el entorno digital”, concluye.