El APR le permite a la empresa reestructurar sus deudas sin entrar en un proceso concursal.
Ese acuerdo prevé, entre las distintas salidas a la deuda, esperas, quitas, cesión de bienes a los acreedores, la constitución de una sociedad con los acreedores, capitalización de pasivos, creación de un fideicomiso, reorganización de la sociedad y administración de todo o parte de los bienes en interés de los acreedores.
El mecanismo prevé que una vez que se haya llegado a esa mayoría del 75%, se le debe notificar el acuerdo al resto de los acreedores quienes podrán oponerse. El acuerdo deberá ser validado por el juez que luego dejará sin efecto el concurso.
El pasivo de República Ganadera ronda entre US$ 75 y US$ 80 millones, incluyendo inversores y también acreedores comerciales como consignatarios, dueños de campos y proveedores de ración, por ejemplo.
Entre activos propios y el ganado de los inversores, República Ganadera contaría con un patrimonio de entre US$ 30 y US$ 35 millones, que no alcanzan para cubrir las deudas con la totalidad de los acreedores.
Hay 1.683 inversores que habían colocado fondos en diferentes escalas, desde pequeños con US$ 5.000 hasta más experimentados con casi US$ 1 millón. Según señalaron los abogados hay hasta cinco tipos de acuerdos con inversores.
El rol de Conexión Ganadera
El Observador intentó contactarse con Conexión Ganadera, pero su director Pablo Carrasco declinó hacer declaraciones.
Por medio de un comunicado que la empresa hizo público a última hora de la tarde expresó que Conexión Ganadera “no compró, no se asoció, ni absorbió a la empresa Republica Ganadera, ajena a nosotros y competencia en el rubro, por lo tanto no realiza aporte financiero ni económico alguno en un concurso del que es completamente ajeno”.
Conexión Ganadera explicó que realizará una auditoría de la situación actual de la ganadería de República Ganadera y un plan de producción que haga “creíble” la propuesta que República Ganadera realice a sus acreedores, sin existir otro tipo de vínculo ni presente ni futuro.
“La aceptación de tal rol se realizará únicamente en el caso que la información sobre existencia de ganados y campos sea la correcta luego de realizada nuestra auditoría”, dice en otro punto.
“La colaboración ofrecida a los inversores está inspirada en colaborar con la utilidad que tiene una herramienta que hemos creado y que ha permitido a la ciudad acercarse al campo como nunca antes”, afirmó la empresa de Carrasco.
En un zoom con los inversores, los abogados Dotta y Esponda explicaron que Conexión Ganadera necesita “blindar” el modelo de negocios para que la caída de esta nueva empresa no los afecte.
Si bien insistieron en que aún la propuesta no bajó a tierra, adelantaron que va a tratarse de acuerdos de quitas y esperas, y que si bien se intentará que se respete el 100% del capital, no se puede asegurar. La solución buscará que se contemple la situación de cada inversor ya que no es lo mismo tener ganado a no tenerlo.
Los abogados hicieron hincapié en que cuanta más gente entre al acuerdo y menos gente retire el ganado será más beneficioso.
Este jueves, en el medio de esta situación, se conoció una trágica noticia: Gustabo Basso, socio principal de Conexión Ganadera, murió en un accidente de tránsito.
Denuncias penales en proceso
Varios de los inversores que participaron del zoom plantearon que se trata de un caso parecido al de Larrarte. Uno de ellos contó que falsificaron su firma en un documento de guía de ganado. Otro contó que debía tener 26 vacas, pero según el registro del MGAP no las tenía ahora pero nunca las tuvo. Y así, muchos más relataron situaciones similares. También había casos de estafados por Larrarte que habían invertido en República Ganadera.
Luego de que uno de los abogados afirmara que hay entre un 40% y un 50% del ganado que debería haber, un inversor dijo que no es creíble que la pérdida de ganado haya sido causa de la sequía como se informó. Otro relató que había firmado su contrato hace dos meses y desde la empresa se le dijo que “habían sorteado con éxito la sequía”.
Si bien Esponda desalentó la denuncia penal y dijo que le parecía apresurado ir por esa vía, y que en el caso Larrarte quienes denunciaron no obtuvieron nada, otros abogados están analizando la vía penal.
El abogado Jorge Barrera es uno de los que ha recibido consultas de unos seis inversores que totalizan más de US$ 1,5 millones. A su juicio hay mérito para denuncia penal en unos casos por estafa, al considerar que hay inversores que fueron captados por un esquema Ponzi, mientras que en otros casos puede aplicar el delito de apropiación indebida.
Por su parte, el abogado Juan Pablo Decia, afirmó que si hay casos en los que no compraron el ganado con la plata que los inversores les dieron a esos efectos, la apropiación indebida está probada y eso habilita la denuncia penal. “En los casos de mis clientes que no tienen ganado a su nombre voy a aconsejar hacer la denuncia penal”, señaló el abogado.
Decia opinó que le parece complejo de viabilizar el acuerdo con los acreedores porque se requiere 75% de adhesiones y luego hay que notificar a cada uno de los que no adhirió, quienes a su vez se pueden oponer.
También están pensando en iniciar acciones penales los abogados Santiago Alonso y Nicolás Ghizzo, quiénes han recibido numerosas consultas desde que se conoció el concurso de República Ganadera.
Los comienzos
República Ganadera comenzó en 2010 con un campo arrendado de 350 hectáreas y el capital de cinco inversores. En 2024 gestionaba casi 57.000 hectáreas arrendadas en el norte del país con más de 63.000 cabezas de ganado de clientes. Además, administraba dos corrales (feedlots) en Artigas, según había dicho en marzo el CEO Nicolás Jasidakis en entrevista con Forbes Uruguay.
“Cualquier persona que compre un animal, ya sea 1 o 10.000, debe estar inscripta en el registro del Ministerio de Ganadería y se convierte automáticamente en productor ganadero. Le confía su administración a República Ganadera y le pagamos un rendimiento fijo en dólares sobre la valuación de los animales”, había explicado el ejecutivo.
Un negocio autorregulado y con rentabilidades atractivas en dólares
En Uruguay, desde hace algunos años se ha multiplicado la oferta de productos que permite a cualquier persona que disponga de capital invertir en distintos eslabones del negocio de la cría y engorde de ganado vacuno.
Los pools de ganado o productos de inversión ganadera captan dinero -bajo diferentes formatos e incluso a veces en forma colectiva- y lo invierten en animales. En varios casos, a cambio de retornos fijos en dólares que resultan muy atractivos comparados con otras opciones disponibles en el mercado para hacer rendir los ahorros.
La inversión requiere en líneas generales montos mínimos de capital –van desde los US$ 5.000 o US$ 10.000 en adelante según modalidad–, tiene un plazo que se define por el ciclo productivo, y al ganado como garantía que queda a nombre del inversor.
Este tipo de productos, que se promocionan públicamente no están sujetos al control y supervisión del Banco Central (BCU) como detalla esta nota reciente de El Observador.
