La Caja Bancaria se apresta a cerrar 2024 con números negativos mientras aguarda la llegada de fondos para transitar un período de desequilibrio financiero. El déficit acumulado en los primeros 10 meses del año fue de US$ 59,1 millones.
El último reporte ejecutivo disponible de la institución indicó que había registrados 18.460 activos y 19.915 pasivos. En el acumulado del año se sumaron 70 trabajadores y 219 jubilados.
Los ingresos operativos fueron por $ 21.283 millones y el presupuesto destinado a los pasivos fue de $ 23.432 millones.
Los gastos de administración llegaron a $ 362,2 millones, el 2,02% del total de los ingresos operativos y por debajo del 3% máximo habilitado.
El resultado neto del ejercicio fue deficitario en $ 2.664 millones, equivalentes a US$ 59,1 millones al tipo de cambio actual. El número es más favorable respecto al cierre de 2023 cuando el déficit alcanzó los US$ 106,4 millones.
La Caja Bancaria arrastraba números negativos desde hace algunos años y por eso fue necesario que el Parlamento aprobara un proyecto de rescate financiero en octubre del año pasado. En ese momento se estimó que el déficit total era de US$ 994 millones.
La reforma estableció aportes de las tres partes involucradas: el Poder Ejecutivo, la Asociación de Bancos Privados (ABPU) y el sindicato bancario (AEBU).
Para los trabajadores se previó un aumento de la edad jubilatoria a partir de los nacidos en 1967 en forma progresiva. Desde ese año hasta 1975 la edad jubilatoria aumenta desde 61 a 65 años.
En el caso de los pasivos se definió una prestación pecuniaria de 4% a partir de enero de este año para las jubilaciones y pensiones con ingresos a partir de 6 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), equivalentes a $ 37.062.
Los bancos privados debieron aportar una contribución anual de $ 750 millones a partir de 2024 y por un plazo de ocho años. Además aumentó en la Prestación Complementaria Patronal (PCP).
Por último, el Poder Ejecutivo comprometió una garantía soberana para respaldar préstamos que decidiera tomar la Caja Bancaria, que quedó habilitada para endeudarse por hasta 2.625 millones de Unidades Indexadas (UI), equivalentes a US$ 361,8 millones.
Préstamos y viabilidad
En setiembre, el Ministerio de Economía (MEF) aprobó el otorgamiento de la garantía soberana para la obtención de dos préstamos para “hacer frente a las obligaciones en materia de pago de prestaciones de seguridad social”, según las resoluciones oficiales.
Uno de los préstamos fue de Fonplata por US$ 50 millones; el otro del Banco República (BROU) por US$ 80 millones.
A principios de este mes, el directorio de CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- aprobó una línea de crédito no comprometida por hasta US$ 300 millones a favor de la Caja Bancaria, también con la garantía soberana como respaldo.
“Apoyamos el proceso de reforma general del sistema de seguridad social uruguayo, contribuyendo a su sostenibilidad a largo plazo y al bienestar de miles de jubilados y pensionistas”, dijo el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados.
El organismo señaló en un comunicado que “la operación representa una oportunidad para implementar soluciones innovadoras y que aseguren la sostenibilidad del sistema a largo plazo”.
Añadió que, de manera adicional, la caja buscará convertirse en emisor de títulos propios, fortaleciendo su autonomía financiera y las posibilidades de fondeo en el mercado local.
La Caja Bancaria ya tomó una parte del préstamo de Fonplata y además consiguió recursos por la venta de un campo ubicado en Villa del Carmen, en Soriano, dedicado a la actividad forestal.
Las hectáreas ya eran usufructuadas por UPM y sobre fines de noviembre se acordó la venta del predio con la multinacional finlandesa.
Con esa transacción –más el saldo de Fonplata y el crédito del BROU- la institución prevé asegurar los pagos de las jubilaciones hasta los primeros meses de 2025. Y tendrá como respaldo adicional la línea de crédito aprobada por CAF.
En paralelo, la intención es que una política de estímulo a la permanencia en actividad de los trabajadores –que formó parte de la reforma aprobada en el Parlamento- comience a mostrar resultados.
El estímulo para que los activos no se jubilen es a través de una modificación en la tasa de reemplazo que actualmente es de 50%. Para el año próximo y el 2026, el trabajador que quiera jubilarse lo hará con una tasa de reemplazo de 45% y tendrá además una rebaja del tope jubilatorio.