El lunes 22 de junio comenzaron los paros en TCP (propiedad de Katoen Natie, con participación estatal), ya con el convenio vencido a fines de mayo. Desde esa fecha hacia adelante se fueron repitiendo las medidas y el 1º de julio el sindicato de la terminal de contenedores anunció el inicio de un paro por tiempo indefinido.
Ese día, la empresa publicó un comunicado en el que alertó sobre las exigencias desmedidas que planteaban los trabajadores, pero también deslizó que otros actores buscaban incidir en el conflicto y las negociaciones.
“TCP desea dejar constancia de que ejercerá todas las acciones legales que correspondan contra cualquier persona física o jurídica, organización o entidad ajena a la negociación colectiva que promueva, aliente o intervenga indebidamente en este conflicto, afectando el normal desarrollo de las negociaciones o los derechos e intereses de la empresa”, decía el texto de Katoen Natie.
Al día siguiente, martes 2, el paro fue levantado y el sábado 4 volvió a aplicarse.
En paralelo se sucedían los contactos tripartitos en el Ministerio de Trabajo (MTSS) sin resultado visible. Pero en uno de esos encuentros ocurrió lo que había advertido Katoen Natie: los dirigentes sindicales comunicaron a los negociadores del MTSS y la empresa que iban a comentar algunos detalles de la reunión a la Unión de Exportadores (UEU).
El miércoles pasado, el sindicato realizó un paro por la tarde luego que TCP resolviera garantizar el suministro de agua potable al personal de un buque que había atracado en la terminal a través de una empresa tercerizada. Esa tarea la realizan habitualmente los trabajadores.
El reclamo sindical es que la emperesa garantice 25 jornales a los trabajadores. De lo contrario, solicitan el pago de una partida de $ 50.000 por mes mientras dure la negociación.
Los "terceros" involucrados en el conflicto
El jueves, el MTSS convocó a una nueva tripartita para este lunes. Ese mismo día en la tarde, representantes del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) se presentaron en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado.
Allí, el secretario general del Supra y presidente del sindicato de TCP, Álvaro Reinaldo, recordó negociaciones anteriores con la compañía. “La metodología de la empresa es no negociar de manera amistosa. Se genera un conflicto, una olla de presión y cuando está a punto de reventar o revienta, ahí aparecen las mágicas soluciones y terminamos acordando”, dijo el dirigente.
“Acá está pasando lo mismo. Como habíamos avizorado eso, hicimos una ronda de conversaciones para que todo el mundo estuviera enterado”, añadió.
Los diálogos fueron con el Ministerio de Transporte, el MTSS y con la Unión de Exportadores (UEU), según informó Reinaldo.
Pero esos no fueron los únicos contactos. Según supo El Observador, la UEU envió una carta al Ministerio de Transporte para solicitarle que mientras dure el conflicto haya una flexibilización de la prioridad que tiene TCP para el atraque de buques portacontenedores.
El decreto que le otorga esa prioridad a la terminal especializada se redactó en 2021 cuando el gobierno y Katoen Natie extendieron la concesión de TCP hasta 2081 y quiere decir que todos los barcos que llegan al puerto de Montevideo deben amarrar en la terminal y no en los muelles públicos.
En la comisión, Reinaldo comentó que hubo contacto, a través de un correo electrónico, con el CEO de la naviera Marsk para ponerlo al tanto de la situación.
Además, informó que el Supra mantuvo una reunión con directivos de Mediterranean Shipping Company (MSC), la naviera más importante del mundo.
El dirigente mencionó que el sindicato se enteró antes del conflicto actual que la compañía iba a retirar una servicio que conecta Montevideo con Estados Unidos.
“En ese intercambio que mantuvimos, nos dijeron que sus problemas tenían que ver con el trato que estaban teniendo con la terminal, con lo tarifario y con un cambio que se venía haciendo en las ventanas de atraque”, dijo el dirigente.
El enfrentamiento entre MSC y Katoen Natie no es nuevo, ya que desde hace varios años la naviera tiene la intención de ser propietaria de una terminal de contenedores en el puerto de Montevideo.
El primer intento fue en 2017 cuando a través de la subsidiaria Terminal Investment Limited (TIL) presentó en la Administración Nacional de Puertos (ANP) una iniciativa privada para la construcción y explotación de una terminal. La propuesta contó con la aprobación primaria del directorio del organismo, pero TIL dejó vencer el plazo establecido para avanzar con el proyecto y la idea terminó en la nada.
El segundo ocurrió en 2023 durante el gobierno de Lacalle Pou. Allí envió un documento dirigido al ministro de Transporte, José Luis Falero, en el que recordó que en reiteradas oportunidades había trasladado a las autoridades el firme propósito de contar con una terminal de contenedores, sin haber obtenido una respuesta positiva.
En ese contexto transmitió que estaba analizando, de manera seria, discontinuar los servicios en Uruguay y trasladarlos a puertos de Argentina o Brasil, donde contaba con terminales propias.
El tercero sucedió en los últimos meses en varios encuentros con integrantes del Poder Ejecutivo. La compañía maneja dos alternativas: quedarse, a través de una compra, con TCP o presentar una nueva iniciativa privada. Incluso, en esas reuniones los representantes privados comentaron cuál sería su posición en caso de recibir una respuesta negativa: el retiro de la carga que opera en el puerto de Montevideo.
El jueves pasado, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió al tema y vinculó el conflicto al enfrentamiento "entre grandes navieras y las terminales portuarias" a nivel internacional y tambíen en el Río de la Plata. "Es una cosa rara que nos ha pasado en este período de gobierno, porque nunca se han dado tantos conflictos en el puerto", dijo en radió Sarandí.
La posición de otras gremiales
El viernes, la Cámara de la Industria Frigorífica (CIF) y la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay (Adifu) expresaron su preocupación ante las reiteradas interrupciones en la operativa del puerto de Montevideo, sus impactos sobre el comercio exterior y la reputación de Uruguay como proveedor confiable de alimentos.
En ese contexto solicitó avanzar en mecanismos que permitan asegurar la continuidad operativa del puerto; proteger las ventanas críticas de carga asociadas a mercados, cuotas y compromisos comerciales y establecer mecanismos claros de previsibilidad, preaviso, coordinación e interlocución antes situaciones de conflicto.
También el viernes se pronunció la Cámara de Zonas Francas. La gremial consideró que el Poder Ejecutivo debe actuar con celeridad dentro del marco legal aplicable para garantizar la continuidad operativa del puerto de Montevideo y de sus terminales estratégicas. Añadió que con ese objetivo debe promover los mecanismos disponibles -protocolos de contingencia y servicios mínimos cuando corresponda- que permitan resolver la situación sin afectar el diálogo entre las partes.
