El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial publicó esta semana los lineamientos estratégicos que guiarán la política de vivienda del gobierno en los próximos cinco años.
Una de las prioridades será la instrumentación de una política nacional de alquileres, que combinará instrumentos que “faciliten el acceso de los hogares” y a “precios acordes” a sus ingresos.
Esto incluirá un paquete de viviendas de propiedad estatal y un sistema de “alquiler social” paralelo al actual, orientado a establecer un sistema de vivienda “asequible” que ofrezca opciones de arrendamiento destinadas a personas y familias con ingresos medios y medios bajos, dice el documento insumo del ministerio.
Plan piloto
El primer paso será la implementación de un plan piloto –había empezado en 2017 con una licitación para 120 viviendas con presupuesto ya asignado– que quedó trunco cuando cambió la administración en 2020.
“A partir del piloto de vivienda de alquiler social se evaluarán alternativas de financiamiento y gestión, con participación de privados y de gestión estatal con el objetivo de construir un modelo sostenible y escalable”, afirmó días atrás en el Parlamento la ministra Tamara Paseyro. Una vez evaluado y ajustado se ampliará como política pública.
“No es una megainmobiliaria ni nos vamos a transformar en una empresa constructora de vivienda y vamos a tener un stock de viviendas desmedido, sino que justamente es hacer un piloto, como se pensaba”, añadió la ministra.
Además, el ministerio cuenta con licitaciones, algunas ya adjudicadas y otras en proceso, destinadas a la construcción de nuevas soluciones habitacionales. Estas iniciativas contribuirán a aumentar el stock de viviendas disponibles para el programa de alquiler social durante el actual período de gobierno, dice el documento.
Llamado a propietarios de inmuebles
También se prevé realizar un llamado dirigido a familias propietarias de viviendas, especialmente en el interior del país, que estén interesadas en arrendar sus propiedades a través de un sistema que ofrezca beneficios e incentivos para refaccionarlas. Este régimen buscará fomentar la incorporación de unidades al mercado de alquiler a precios accesibles ampliando así la oferta disponible.
“Entendemos que el intercambio y los acuerdos, además de ser con el sector privado empresarial, pueden ser con familias. (…) Hay familias que hoy tienen viviendas deterioradas, no son empresarios, que no pueden rehabilitarlas para volver a ponerlas en el mercado”, afirmó la ministra
Esto se combinará con un llamado piloto dirigido a personas propietarias de inmuebles que estén aptos para construir nuevas unidades habitacionales en asociación con el Estado. “De esta manera se generará una cartera de viviendas disponibles con destino a la batería de programas existentes y al mismo tiempo las ciudades recuperarán la calidad constructiva, densificando zonas calificadas y con servicios”, se afirma.
Más detalles de este plan se van a conocer cuando se presente el plan quinquenal de vivienda conjuntamente con el Presupuesto Nacional.
Bajo el programa de alquiler social, también se incorporará la posibilidad de acceder a subsidios parciales de alquiler destinado a aquellas personas que alquilan en el mercado, complementando hasta cierto tope la diferencia entre el precio del alquiler y la capacidad de pago de los hogares con ingresos medios bajos. Este instrumento podrá combinarse con el Fondo de Garantía de Alquileres, facilitando el acceso y la permanencia en la vivienda para este sector, se explica.
