La Auditoría Interna de la Nación —un órgano XXX— constató una serie de debilidades en la Dirección General de Fiscalización de Empresas (Digefe) que, a su entender, “impactan en la eficiencia de las operaciones”, así como también en la “confiabilidad e integridad de la información y el control sobre el ejercicio de la seguridad privada”.
La Digefe opera bajo la órbita del Ministerio del Interior (MI) y tiene a su cargo las tareas de registro, contralor, fiscalización y supervisión de las empresas prestadoras de servicios de seguridad y vigilancia física a terceros. El Poder Ejecutivo, a través del MI, es el órgano responsable de la política vinculada a la seguridad privada.
Tras realizar una auditoría que abarcó la actividad de la Digefe desde enero de 2022 a junio de 2024, el informe final concluyó que la dirección enfrenta cinco riesgos “extremos” que impactan en la eficiencia de sus operaciones.
En ese sentido, el reporte de la AIN mencionó que uno de los riesgos extremos encontrados es la “ausencia de una estructura organizativa estable y definida”, carencia que lleva a que no esté garantizado el seguimiento de la gestión.
Otro de los riesgos extremos detectados es que el organismo “no cuenta con un registro íntegro de empresas y personal de seguridad habilitados”. Sobre este punto, la AIN reportó que la información manejada por la Digefe “es parcial y está segmentada en distintas áreas, no permitiendo realizar una trazabilidad del proceso, ni ejercer los controles necesarios para una adecuada toma de decisiones”.
"No se cuenta con un registro integro y actualizado de empresas habilitadas. Los reportes extraídos del sistema presentan inconsistencias, principalmente en el estado de las empresas y sus vencimientos", señaló la auditoría.
Asimismo, se encontró que hay "guardias de seguridad en carácter de habilitados con habilitación vencida y/o sin fecha determinada de vencimiento, ascendiendo a 9 y 243, respectivamente".
También se concluyó que en ese período hubo un “apartamiento normativo” en lo que refiere a las etapas de emisión de las habilitaciones provisorias de los guardias de seguridad”, así como también en “los plazos administrativos para el otorgamiento de su habilitación definitiva; la oportunidad en que se analiza la documentación para la habilitación de empresas y la vigencia en el otorgamiento de las renovaciones”.
La auditoría señaló también la “ausencia de una base confiable de información” sobre el accionar de las empresas de seguridad privadas en el ejercicio de la prestación de sus servicios, lo que lleva a que no se puedan “tomar medidas que minimicen la conducta irregular de las mismas”.
¿De qué se encarga la Digefe?
La normativa señala que el organismo es el encargado de otorgar la habilitación del personal de seguridad y las empresas. También debe practicar de oficio inspecciones de seguridad que considere necesarias o que se soliciten; así como llevar el registro de todo el personal habilitado, de las empresas, de sus integrantes, representantes, asesores, suplentes, jefes de seguridad, encargados de seguridad y guarda de armas.
Otro de los cometidos de la dirección es aplicar sanciones por infracciones cometidas y llevar un registro de esas empresas infractoras.
