Los accionistas de Montecon impulsan la construcción de una terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. La decisión genera un nuevo enfrentamiento, esta vez jurídico, con Katoen Natie (propietaria de TCP) que quiere hacer valer el contrato firmado con el Estado en 2021 para extender la concesión de su terminal. Sin embargo, su oponente afirma que tiene argumentos para avanzar con el proyecto.
La iniciativa privada presentada por Neltume Ports (accionista mayoritario de Montecon) en Presidencia días atrás reavivó una vieja disputa portuaria. La compañía de origen chileno planteó una inversión de US$ 900 millones para operar una segunda terminal especializada en contenedores para competir con Terminal Cuenca del Plata (TCP).
El fundamento principal se sustenta en una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) de finales del año pasado que derogó una cláusula incluida en el decreto 114/21 que extendió la concesión de TCP.
Ese punto planteó que “no se otorgarán nuevas concesiones, ni permisos, ni autorizaciones para la instalación y explotación de una terminal de contenedores especializada durante la vigencia de la concesión, salvo que los movimientos de contenedores (en TCP) superen el 85% de su capacidad anual por dos años consecutivos”.
El TCA entendió en la sentencia que esa cláusula era ilegítima al impedir, salvo excepciones, el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para una segunda terminal de contenedores hasta 2081, con lo que se aseguraba un monopolio hasta ese año.
Entonces, la declaró ilegítima por limitar el derecho a la libre competencia.
El asesor jurídico de Neltume Ports, Gonzalo Lorenzo, dijo a El Observador que la posición del TCA fue clara: no era tolerable limitar a otras empresas. “¿Por qué no lo es? Porque implicaría un monopolio para TCP y la ley no lo habilita; no hay ninguna base legal para admitirlo”, señaló.
Gonzalo Lorenzo, asesor jurídico de Neltume Ports
Foto: Leonardo Carreño.
El otro decreto en juego fue el 115/21 que otorgó prioridad de atraque de buques a TCP.
Sobre este aspecto Lorenzo no expuso cuestionamientos: “el tribunal dijo que la preferencia hacia las terminales especializadas es admisible por un tema de eficiencia”.
El asesor planteó que la Ley de Puertos de 1992 hizo hincapié en dos aspectos: la eficiencia y que los servicios prestados fueran en regímenes competitivos.
Sobre el último punto, el TCA señaló que para el cumplimiento de la libre competencia “es necesario que exista la posibilidad de competencia entre sujetos que se encuentren en las mismas condiciones, es decir, al menos dos concesionarios”.
Y eso, desde la visión de Neltume Ports, es lo que está ocurriendo con el proyecto de nueva terminal de contenedores. “Que las empresas que compitan tengan el mismo estatus jurídico; si TCP tiene una concesión, que el competidor también la tenga”, dijo.
Uno de los argumentos de Katoen Natie para oponerse a la segunda terminal es que el contrato firmado con el Estado uruguayo es único e indivisible y por tanto cualquier modificación administrativa total o parcial configuraría una violación. La compañía belga también incluye en esa condición la cláusula del decreto 114/21 sobre la imposibilidad de otorgar nuevas concesiones.
Sin embargo, Lorenzo expuso un matiz. “El hecho de que el contrato sea único e indivisible también se puede leer en el otro sentido. Si hay una cláusula que es ilegal como esa, en realidad podría decirse que cae todo el contrato; es peligroso manejar la indivisibilidad en un solo sentido”, expresó.
Montecon en muelles públicos del puerto
Diego Battiste
Otro aspecto que maneja Katoen Natie a su favor es una cláusula de estabilidad jurídica incluida en el contrato. Ese capítulo expresa que “los derechos y obligaciones de Katoen Natie Group bajo el contrato de gestión y el presente acuerdo no deberán verse afectados de manera adversa como consecuencia de cambios normativos posteriores a la suscripción del acuerdo”.
Pero esa mirada también tiene una postura contraria. “Esa cláusula rige para un cambio normativo futuro. No es el caso, porque acá no se está modificando una norma posterior; se está declarando nula una desde el inicio, desde que se dictó”, indicó el asesor jurídico de Neltume Ports.
Lorenzo también resaltó otro aspecto mencionado en la sentencia del TCA. En el texto, el tribunal no compartió lo expresado por la Procuraduría de lo Contencioso Administrativo en un dictamen donde expuso que la Administración Nacional de Puertos (ANP) podrá otorgar concesiones, permisos o autorizaciones con el fin de realizar servicios portuarios “según entienda pertinente”.
“La discrecionalidad del Estado para hacer nuevas concesiones no es absoluta, porque tiene la obligación de promover la libre competencia. Una sentencia no le va a decir al Poder Ejecutivo cómo y cuándo tiene que hacer otra concesión; no lo puede hacer porque no le corresponde. Pero sí decirle que debería hacerlo, porque debe respetar la libre competencia”, señaló del abogado.
El accionista mayoritario de Montecon anunció la inversión portuaria y ahora espera la decisión del gobierno, que debe aceptar o desestimar el proyecto. Si toma la primera opción tiene que promover un llamado a interesados. Esa acción tendría una respuesta, ya que Katoen Natie advirtió que si la iniciativa avanza iniciará un procedimiento arbitral contra Uruguay.
Las dos compañías han dejado claras sus posiciones sobre la construcción y explotación de una segunda terminal de contenedores. Y en las diferencias, más que nunca, cobra validez el concepto de las dos bibliotecas jurídicas.
