El proyecto de rotulado frontal digital de productos está a estudio de la Cámara de Senadores tras ser aprobado por Diputados en abril pasado
Góndolas de supermercado.
Un proyecto de ley, aprobado en abril pasado por la Cámara de Diputados, establece que todo fabricante, fraccionador o importador deberá incluir en el envase o etiqueta de sus productos un rotulado frontal digital.
Ese rotulado digital deberá contener “información suficientemente precisa” que le permita al consumidor disponer de ella a través de una consulta en línea, por ejemplo, leyendo un código a través de cualquier dispositivo móvil.
Entre los datos básicos requeridos que se deberán incorporar están: el elaborador, el fraccionamiento, el fabricante, el fraccionador, el importador, y las habilitaciones y advertencias. Estos deberán coincidir con los impresos en la etiqueta física del producto, “en cumplimiento con las normas vigentes para su comercialización en el territorio nacional”, dice el texto.
A través del rotulado frontal digital, se busca “reducir” la evasión fiscal, informar a los consumidores sobre el origen de los bienes, y “proteger” el cumplimiento de aspectos bromatológicos y de calidad alimentaria.
De esta manera, según la iniciativa, los consumidores podrán saber si los productos fueron legalmente obtenidos por parte de los vendedores y que no son productos adulterados o falsificados, por ejemplo.
El proyecto del diputado colorado Martín Melazzi está actualmente a estudio de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios de la Cámara de Senadores.
La Asociación de Importadores y Mayoristas de Almacén (AIMA), señaló días atrás en el Parlamento que en la gestión de importación o de fabricación se rotulan los productos siguiendo la reglamentación y “todo lo que es necesario para salir al mercado”.
“Cuando importamos hay toda una rotulación controlada, en algunos casos por la intendencia, y en otros, por el LATU. Allí se incluye toda la información y, por lo que vemos, poner de nuevo los datos aumentaría los costos y, en muchos casos, tendríamos que pedir en el origen que cambien todo el material de empaque”, afirmó el presidente de la gremial Agustín Carrau, según la versión taquigráfica de la reunión.
El empresario sostuvo que “sería una duplicación de información que tiene un impacto importante en los costos”, cuando “el control de que esos productos entren legalmente a Uruguay con la información y el pago de impuestos que corresponde va por otro lado. Seguramente es la aduana u otro tipo de organismo interviniente”.
Por otra parte, la gerenta de AIMA, Isabel Álvarez, añadió que en la propuesta también se evalúa poner un código para desarrollar un sistema y una página web con más información de los productos, cuando “es una información que ya está disponible, a la vista de cualquier consumidor”.
“Eso también elevaría los costos de gestión en general, porque hay que mantener una página web adicional a lo que ya se tiene. Obviamente, todos esos costos van a verse reflejados en el precio final y, por ende, en el consumidor, con lo cual vemos que es una duplicación de información innecesaria que quizás no atenta exactamente contra el contrabando. (…) Claramente no vemos que esto ayude a controlarlo, sino que implica más gastos, costos de gestión, de más y más rotulados que ya los productos, hoy por hoy tienen en demasía y hasta pueden confundir al propio usuario”, dijo la ejecutiva.