Desde la Transición hasta el presente, ninguno de sus presidentes logró salir indemne de un final de desgaste y desconfianza. Pero, los últimos gobiernos parecen haber ido más allá en la erosión de límites éticos y democráticos.
El Rey Felipe VI de España, con los ex presidentes del país.
Incluso para el mismísimo Adolfo Suárez, gran conductor de la Transición española —hoy vista como un proceso virtuoso y modélico que se estudia en todas las carreras de Ciencia Política en España y fuera de ella—, todo terminó de forma tumultuosa y no acorde a su legado.
A una larga crisis económica y al terrorismo de ETA y los GRAPO se sumó que su partido, la ya extinta Unión de Centro Democrático (UCD), lo desconociera en medio de fuertes divisiones internas.
Todo junto resultó ser demasiado en una coyuntura que, además, contaba con un PSOE renovado y deseoso de llegar al poder.
Al poco tiempo de salir del gobierno, Suárez intentó crear un partido nuevo, pero el favor electoral de la sociedad española nunca volvió a acompañarlo.
Así fue que se retiró de la política en 1993. Su reivindicación, merecida, llegó con el tiempo.
Leopoldo Calvo-Sotelo heredó la UCD y el cargo de Suárez, pero no recibió tantos honores como su antecesor, sobre todo porque “apenas” ocupó la presidencia del Gobierno un año y nueve meses.
Aunque corta, su gestión fue intensa y trascendente. No eran tiempos fáciles.
Calvo-Sotelo tuvo que afrontar la crisis económica, el Tejerazo (el intento de golpe de Estado del 23-F), la descomposición del partido y el inicio del ingreso a la OTAN.
Al final de su vida y luego de su muerte, también fue reconocido por su labor y haber continuado el proceso de la Transición.
Lo de Felipe González siempre fue más complejo.
Fue el presidente que más mandatos tuvo, cuatro consecutivos, tres de ellos con mayoría absoluta.
Sobre todo, fue el responsable de gran parte del proceso de modernización de España, incluyendo el ingreso en la entonces Comunidad Económica Europea y la permanencia en la OTAN tras un recordado referéndum en 1986.
Quienes visitaron España antes y después de sus mandatos no reconocían el país por los importantes cambios económicos, sociales e infraestructurales que se habían producido. Sin embargo, su final fue muy complicado.
Hubo de todo: acusaciones de terrorismo de Estado (el caso GAL), corrupción, peleas internas y un fuerte desgaste político después de tanto tiempo en el poder.
Aun así, en la búsqueda de un quinto triunfo electoral, fue derrotado por escaso margen por José María Aznar.
Gobernó dos legislaturas, la última con mayoría absoluta.
Decidió no presentarse a la reelección y su gobierno se caracterizó por un crecimiento económico muy sostenido, grandes privatizaciones, la entrada en el euro y la modernización de infraestructuras.
También endureció su política antiterrorista frente a ETA.
Sin embargo, las polémicas fueron muy fuertes, sobre todo en la última parte de su gobierno, con la participación en la guerra de Irak, una decisión muy impopular en la sociedad española.
Pero, especialmente, por la gestión de los atentados del 11-M en Madrid, cuando insistió en atribuirlos a ETA para no pagar el costo político de haber participado en la famosa foto de las Azores con Bush, Blair y Durão Barroso.
Ese desenlace ensombreció irremediablemente todo lo anterior.
Ni González ni Aznar fueron acusados formalmente de corrupción personal, pero sí sus partidos y dirigentes cercanos. La magnitud de los casos y el impacto en la opinión pública fue generando una creciente desafección hacia la política.
José Luis Rodríguez Zapatero condujo dos legislaturas en minoría.
Su estrategia fue polarizar socialmente con leyes de carácter valórico. Así buscó eludir los problemas económicos, para los que no parecía tener respuesta.
Su gestión estuvo marcada por el estallido de la crisis de Lehman Brothers, pero sobre todo por su falta de reconocimiento de la gravedad de la situación y la obstinación en enfrentarla.
Su único legado podría ser el retiro de las tropas de Irak.
En este periodo surgió el movimiento de los indignados (15-M), que se convirtió en una impugnación directa contra la clase política.
La corrupción compartida entre los dos grandes partidos los había alejado de sus electores tradicionales. Como parte de este descontento, posteriormente surgieron las grandes impugnaciones al bipartidismo: Podemos por la izquierda y Vox, más lentamente, por la derecha.
Zapatero es uno de los pocos presidentes que, tras finalizar su mandato, se involucró de manera activa en la política nacional, no solo en lo discursivo, sino en la fontanería política.
Además, recibió acusaciones por su vínculo con dictaduras latinoamericanas, sobre todo, con el chavismo.
Mariano Rajoy lideró al país durante dos legislaturas: la primera con mayoría absoluta y la segunda gobernando en minoría.
Tuvo que hacerse cargo de la suicida inacción de Zapatero ante la crisis y del renovado desafío independentista catalán.
Su gobierno estuvo marcado por el fuerte impacto social de las medidas de austeridad y por los casos de corrupción en su partido, Gürtel y Bárcenas, que dañaron su imagen y la de todo el sistema político.
No volvió a la escena política activa.
¿Qué decir de Sánchez? Él y Zapatero conformaron una dupla, casi como Frank y Claire Underwood en la ficción de House of Cards.
Es, por lejos, el más acusado de romper todas las reglas: desde la intervención en el Poder Judicial y los pactos inconstitucionales con los nacionalistas, hasta las conductas poco éticas y la corrupción en su entorno familiar y político.
Además, ha normalizado un estilo de gobierno basado en la pura supervivencia táctica y primitiva. Sobre todo, destaca la degradación política e institucional que lo rodea y que ha salido a la luz pública en estas semanas.
Este artículo no pretende ser un repaso sistemático de la historia de la política española, sino traer algunos recuerdos y, entre ellos, resaltar que la corrupción a alto nivel, sistemática y en cantidades de dinero monumentales, no es patrimonio exclusivo del gobierno actual: ha sido una característica constante del PSOE y del PP.
Los únicos que salieron indemnes de estas acusaciones, justamente, no pertenecieron a ninguno de esos dos partidos. Fueron los gobiernos de la UCD, sobre todo el de Adolfo Suárez, quien fue el único presidente del Gobierno que eligió abandonar el cargo aun cuando todavía tenía parte de un periodo por cumplir, pero que entendió que su tiempo político había terminado.
El paso del tiempo fue recuperando los aciertos de los gobiernos y resaltando a aquellos cuya conducta estuvo a la altura de las circunstancias —que no fueron la mayoría—.
Pero Sánchez parece ser parte de otro modelo de políticos, quizás el primero que pueda llamarse plenamente de post-Transición, ya que se ha atrevido a abrir todas las puertas que los demás, incluso quienes cruzaron límites varios, nunca se atrevieron siquiera a empujar.
Y lo cierto es que no tiene ninguna intención de marcharse.
Todo indica que se va a aferrar al poder sin importar el daño que eso cause al país, a las instituciones o a la convivencia. En ese sentido, es el contraejemplo perfecto de Adolfo Suárez.
Es difícil imaginar que en el futuro pueda construirse un relato positivo sobre su legado y no hay duda de que dejará tras de sí un país más dividido, más frágil y más desencantado.