La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió una alerta temprana sobre los procesos electorales de 2025 y 2026, que incluyen elecciones legislativas y presidenciales, en la que identifica 224 municipios con riesgo alto o extremo debido a la presencia de grupos armados ilegales. El documento, sustentado en evidencia territorial y análisis multivariable, busca orientar la respuesta estatal para garantizar el ejercicio libre, seguro e incluyente del derecho al voto.
El análisis advierte que el control territorial y las disputas entre grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC, el ELN y estructuras de crimen organizado como el Clan del Golfo, representan un riesgo grave en diversas zonas del país. Estas dinámicas pueden afectar “los derechos fundamentales -vida, libertad, integridad y seguridad-, así como las libertades políticas y civiles, en los procesos electorales”, explica el documento.
Entre las principales amenazas se encuentran las acciones armadas, los confinamientos y los desplazamientos forzados masivos, así como la violencia dirigida contra población política, servidores públicos y actores intervinientes en el proceso electoral que comprende “el antes, durante y después de los comicios”.
Para construir el mapa de riesgo electoral, la Defensoría del Pueblo aplicó una metodología que contempla 14 variables organizadas en dos grandes categorías. La primera, centrada en las amenazas, recoge las acciones armadas que afectan directamente a la población civil. La segunda evalúa la capacidad institucional y los niveles de vulnerabilidad en cada territorio, con el objetivo de medir cuán preparado está el Estado para responder ante esos riesgos.
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El termómetro
Colombia cuenta con 1.122 municipios, de los cuales el 20% enfrenta un riesgo electoral elevado que exige acciones urgentes o inmediatas por parte del Estado. Además, 425 municipios -equivalentes al 38% del total- requieren una “acción sostenida frente al riesgo latente”, mientras que el resto demanda medidas preventivas y de mantenimiento, dado que presentan niveles de riesgo moderado o bajo.
La defensora del pueblo, Iris Marín, apeló a una metáfora para explicar la urgencia de la respuesta estatal y comparó los llamados a la acción con distintos niveles de atención médica: urgencias, citas prioritarias, controles mensuales y chequeos ordinarios. Y concluyó con una advertencia clara: “¿Alguno lo podemos desatender? No podemos desatender ninguno”.
“No queremos sencillamente caer en el fatalismo del miedo al riesgo, sino hacer énfasis en la capacidad que tenemos las instituciones, en compañía con el fortalecimiento organizativo y social, de poder variar este mapa y garantizar, como estamos seguros que se puede, unas elecciones libres y en paz”, agregó Marín.
Defensora del Pueblo de Colombia - Iris Marín - AFP
La defensora del pueblo Iris Marín
AFP
La violencia política persiste en Colombia y ha escalado en los últimos dos años. Según datos oficiales, entre enero de 2023 y junio de 2025 se registraron 71 homicidios de personas defensoras de derechos humanos vinculadas a procesos de participación política.
A este panorama se suman amenazas y ataques contra precandidatos, candidatos, militantes, colaboradores de partidos y autoridades locales. El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe falleció el pasado 11 de agosto tras un atentado en Bogotá.
Zonas críticas
Entre las distintas regiones del país, el suroccidente -que comprende los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño-concentra los niveles más altos de riesgo electoral. De los 148 municipios evaluados en esta macrorregión, el 24% requiere acciones inmediatas, el 29% acciones urgentes y el 40% acciones prioritarias, según la clasificación establecida por la Defensoría del Pueblo.
En la región operan disidencias de las FARC, estructuras del ELN, el Clan del Golfo, carteles mexicanos y otros grupos de crimen organizado que ejercen control sobre la población civil. Según la Defensoría, estas organizaciones imponen normas sociales, establecen restricciones horarias y regulan el tránsito por vías terrestres y fluviales.
El informe explica que “en el plano político, la gobernanza ilegal incide de manera directa en los procesos electorales. En comicios anteriores, los grupos ejercían constreñimiento sobre comunidades para orientar el voto o restringían el ingreso de aspirantes al territorio”.
Además, agrega que “las candidaturas pueden estar supeditadas a ‘autorizaciones’ de los grupos, muchas veces condicionadas al pago de extorsiones. También presionan a autoridades étnicas y comunales para convocar reuniones en las que orientan la intención de voto de la población”.
Unos rebeldes de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional ELN patrullan en el río Baudo, en la provincia colombiana de Chocó - AFP.jpg
Rebeldes de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional ELN patrullan en el río Baudo, en la provincia colombiana de Chocó
AFP
En el nororiente del país -particularmente en Santander, Norte de Santander y la subregión del Catatumbo- los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC por el control de las rutas del narcotráfico han provocado miles de desplazamientos forzados, asesinatos selectivos y una grave crisis humanitaria que afecta de manera persistente a la población civil.
“La Defensoría del Pueblo ha advertido que esta situación no solo pone en riesgo la vida e integridad de la población civil, sino que afecta directamente las garantías democráticas de cara a los comicios de 2025 y 2026, dado que los grupos armados buscan controlar los territorios y condicionar la participación política en zonas rurales estratégicas del Catatumbo”, señala el documento.
Las cifras del Gobierno
El Gobierno del presidente Gustavo Petro maneja cifras distintas sobre el nivel de riesgo electoral. Según el Ministerio del Interior, solo se requieren medidas adicionales en 104 municipios. “Nuestra preocupación está, principalmente, en las zonas donde hay problemas de orden público, es decir, donde hay producción y cultivo de coca”, señaló el ministro Armando Benedetti durante una rueda de prensa.
El funcionario, considerado uno de los más cercanos al presidente, cuestionó duramente a la Defensoría del Pueblo por su informe de riesgos electorales. “Hace un informe con todos los errores posibles porque lo hace con base en denuncias o precauciones que se deben tomar. Se equivoca mucho, parece que hubiera un interés, a veces uno no sabe si es por maldad o por falta de conocimiento del país”, afirmó durante su intervención ante los medios.
Gustavo Petro - 22-8-25 - AP
La defensora del pueblo respondió al ministro en un tono menos confrontativo y defendió la legitimidad técnica del informe. “El mapa que presentamos es expedido por el sistema de alertas tempranas, que se realiza desde hace 10 años. Usamos una metodología reconocida y sólida. Yo soy solo la vocera del trabajo de más de 100 personas en los territorios”, afirmó Marín. Luego añadió: “Me gustaría que el ministro Benedetti asistiera al comité de respuesta rápida a las alertas para poder explicarle cómo hicimos el informe”.
Aseguró que “ninguno de los riesgos identificados implica la imposibilidad de realizar elecciones. Se trata de advertencias técnicas que buscan proteger a la ciudadanía y promover que la democracia se ejerza con plenas garantías”.
