Aunque ninguno alcanza la extensión del construido por Estados Unidos en su frontera con México, todos forman parte de estrategias de vigilancia que persisten en la región.
Vista de la frontera domínico haitiana. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)
Cuatro países de América Latina instalaron cercos, vallados o barreras físicas en distintos tramos de sus fronteras internacionales para reforzar los controles migratorios, combatir el contrabando o desalentar los cruces irregulares.
Aunque, salvo el caso de República Dominicana por su extensión, ninguno constituye uno de carácter continuo, todos forman parte de estrategias de vigilancia y control que continúan vigentes en la región.
El caso más significativo de América Latina es el de República Dominicana. En febrero de 2022, el presidente Luis Abinader anunció el inicio de la construcción de una barrera inteligente sobre gran parte de la frontera con Haití, una obra que contempla cientos de kilómetros de extensión.
El mandatario sostuvo que el objetivo es fortalecer el control migratorio, combatir el tráfico de personas, el contrabando y mejorar la seguridad en la zona limítrofe. El proyecto combina muros de hormigón, cercos metálicos, cámaras de vigilancia, sensores de movimiento e iluminación.
La construcción avanzó por etapas y convirtió a República Dominicana en el país latinoamericano con la barrera fronteriza de mayor longitud.
Argentina también cuenta con barreras físicas en sectores específicos de sus fronteras, aunque no existe un muro continuo.
Uno de los casos más conocidos se encuentra en el paso internacional entre Aguas Blancas, en la provincia de Salta, y Bermejo, en Bolivia. Allí se instalaron cercos para encauzar el tránsito de personas hacia los controles migratorios oficiales y desalentar los cruces ilegales.
También existen vallados en algunos sectores de la frontera con Paraguay, principalmente en Posadas, frente a Encarnación, donde buscan ordenar el intenso movimiento diario de peatones y vehículos.
En distintos momentos, funcionarios nacionales y provinciales defendieron estas obras como herramientas para reforzar los controles sin impedir el tránsito por los pasos habilitados.
Chile comenzó en 2023 la instalación de un cerco de aproximadamente tres kilómetros en un sector de la frontera con Perú, cerca de la ciudad de Arica.
La entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó que la estructura buscaba dificultar el ingreso irregular de migrantes por pasos no habilitados y facilitar el trabajo de los organismos de seguridad desplegados en la zona.
El cerco metálico se complementó con mayor vigilancia policial y militar, además de sistemas tecnológicos para monitorear la frontera norte del país.
En 2026, bajo la administración de José Antonio Kast, la estrategia se profundizó con la colocación de tetrápodos de hormigón de casi 16 toneladas entre los hitos 9 y 10, y entre los hitos 11 y 12. Las estructuras, de casi tres metros de altura, forman parte del Plan Escudo Fronterizo y buscan impedir el paso de vehículos empleados en actividades de contrabando, narcotráfico y tráfico de migrantes.
Brasil también implementó barreras físicas en algunos pasos fronterizos con Paraguay, especialmente en los alrededores de Foz do Iguaçu, donde alambrados y vallados fueron instalados para reforzar los controles en una región históricamente vinculada al contrabando y otros delitos transfronterizos.
La estrategia combina infraestructura física con operativos permanentes de la Polícia Federal y otros organismos de seguridad.
Además, en 2026 se levantó un "muro" de piedras y tierra en un sector de la frontera seca con Argentina, entre Bernardo de Irigoyen y las ciudades brasileñas de Dionísio Cerqueira y Barracão.
La barrera fue instalada para bloquear pasos informales utilizados para el contrabando y el tránsito irregular de personas. Sin embargo, vecinos y comerciantes de ambos lados de la frontera cuestionaron su eficacia y advirtieron que complicó la circulación cotidiana sin impedir los cruces clandestinos.