La iniciativa que cosechó 24 votos a favor y 20 en contra, y que ya había sido convalidada en Diputados, eleva con penas de cárcel o multas el cruce irregular, permitiendo la expulsión.
EFE
El Senado de Chile aprobó el martes el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino al territorio nacional, modificando la Ley de Migración y Extranjería.
La iniciativa que cosechó 24 votos a favor y 20 en contra, y que ya había sido convalidada en Diputados, eleva con penas de cárcel o multas el cruce irregular, permitiendo la expulsión.
Enmarcado dentro de la nueva política de control fronterizo estricto impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, se fijó plazo para presentar indicaciones hasta el 28 de mayo donde se irá perfeccionando el contenido del texto.
“Quisiera destacar simplemente que este es un proyecto que sin duda constituye una herramienta para enfrentar la emergencia en materia de migración irregular que hemos vivido en los últimos años en nuestro país”, destacó el ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado.
En la misma línea, continuó: “Esta iniciativa sin duda incorpora un carácter disuasivo y tiene como finalidad la prevención y lo que es una de las características de las normas penales, prevenir".
En concreto, el proyecto estipula que quienes incumplan la normativa se arriesgan a un castigo de prisión menor en su grado mínimo (61 a 540 días), además de una multa de 5 a 10 UTM.
Además, sube la pena a menor en su grado medio a máximo (entre 541 días y 5 años) a quienes ingresen y además tengan prohibición vigente de arribo.
“Si se busca que la entrada irregular provoque una expulsión pronta, esta legislación hará todo lo contrario, y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo varios de los organismos que recién mencioné”, cruzó la parlamentaria Beatriz Sánchez (FA).
Durante la discusión, desde el bloque oficialista defendieron la iniciativa asegurando que no vulnera tratados internacionales y que contempla resguardos para menores de edad y personas que soliciten refugio.
Asimismo, afirmaron que la norma incorpora mecanismos alternativos para evitar un colapso del sistema judicial y penitenciario. “No estamos legislando para los cientos de miles de migrantes en situación irregular, sino que para disuadir”, señalaron durante el debate.