El Colegio de Abogados del Uruguay se pronunció este lunes sobre las prácticas de profesionales que captaban como clientes a víctimas de accidentes de tránsito, días después de que 10 personas fueran condenadas y otras dos formalizadas en una investigación que involucra a abogados, policías y gestores.
Sin mencionar expresamente el caso, la institución hizo referencia a "los hechos de público conocimiento" y recordó que el Código de Ética reprocha que los abogados se dirijan, incluso mediante terceros, a víctimas de accidentes que no se encuentran en condiciones de elegir libremente a un profesional.
El comunicado se conoce luego de que la Justicia avanzara la semana pasada en la denominada investigación de los "caranchos", llevada adelante por la Fiscalía de Toledo.
Según informó El Observador, la investigación determinó que, cuando ocurrían siniestros de tránsito de entidad o con fallecidos, policías y otros funcionarios proporcionaban información de las víctimas a determinados abogados o gestores, que luego se comunicaban con los lesionados o sus familiares para ofrecerles sus servicios.
A cambio de los datos, algunos policías recibían pagos que iban desde $ 3.000 hasta US$ 2.000 en casos en los que había fallecidos. En algunas situaciones, cobraban incluso el 30% de lo obtenido por los abogados.
El debate ético debe ser independiente de la Justicia Penal
En ese contexto, el Colegio sostuvo que "el debate ético relativo al comportamiento de los profesionales es y debe ser independiente del alcance de la Justicia Penal".
La institución aclaró que en el ámbito penal deben preservarse las garantías y los derechos de los indagados, así como el debido proceso y la reserva de la investigación.
Sin embargo, recordó que el Código de Ética para la Abogacía Nacional reprocha expresamente la conducta de dirigirse, aun mediante terceros, a "víctimas de accidentes o catástrofes que carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado" por encontrarse atravesando una desgracia reciente. La disposición también comprende a sus herederos o causahabientes.
"La ética no es un complemento del ejercicio profesional: es su esencia misma", afirmó el Colegio, que agregó que "estas prácticas reconocidas por sentencia firme son incompatibles e inaceptables con el ejercicio de la abogacía".
Diez condenados y una investigación con unos 70 indagados
La investigación de la Fiscalía de Toledo derivó la semana pasada en una audiencia a la que llegaron 13 indagados: cinco abogados, seis policías y dos gestores.
Diez de ellos alcanzaron acuerdos con Fiscalía y fueron condenados a prisión efectiva mediante procesos abreviados. Otros dos —un abogado y un policía— no aceptaron los acuerdos y fueron formalizados, mientras que el restante fue liberado sin llegar a participar de la audiencia.
Entre los delitos manejados en la causa aparecen asociación para delinquir especialmente agravada, cohecho calificado, uso de información privilegiada y acceso a datos informáticos. A uno de los involucrados también se le atribuyó un delito de amenaza.
La investigación, que continúa abierta, tiene unos 70 indagados.
En su comunicado, el Colegio de Abogados reivindicó además a los profesionales que ejercen respetando los principios de la profesión y sostuvo que "la abogacía es, ante todo, una profesión de servicio hacia las personas y la Justicia".
Finalmente, llamó a actuar con probidad, lealtad e independencia y reivindicó a los abogados y abogadas que, según expresó, "dignifican la abogacía nacional".
