La bancada de senadores del Frente Amplio decidió retomar la denuncia contra el senador colorado Andrés Ojeda por violar la Constitución y planteó convocar a abogados constitucionalistas al Parlamento para que den su opinión sobre el tema, según dijo a El Observador el senador oficialista, Daniel Caggiani. También pedirán la resolución de la fiscal Sylvia Lovesio en la que desestimó un pedido del senador colorado por entender que no puede ejercer como abogado.
En la moción presentada este martes, y leída por el senador Nicolás Viera en comisión, el oficialismo pidió la comparecencia de Martín Risso, José Korzeniak y Daniel Ochs para que opinen sobre la posible "reglamentación del artículo 124 de la Constitución" y sobre la situación del senador Ojeda.
Ojeda había sido denunciado en noviembre del año pasado por el convencional colorado Juan Ibarra por ejercer como abogado penalista mientras se desempeña como senador, algo que, según entiende, está prohibido por la Constitución y penado con la pérdida del cargo.
Luego de algunos informes jurídicos pedidos por la coalición y que rechazaban la posibilidad de iniciar un juicio político, la oposición se abroqueló detrás del excandidato a la Presidencia colorado y, con el verano de por medio, el tema perdió fuerza ya que se precisan amplias mayorías para poder efectivizar un juicio político.
Sin embargo, la fiscal Sylvia Lovesio formalizó su decisión la semana pasada en la que concluye que la Constitución le prohíbe al senador colorado ejercer la abogacía y por eso rechazo un escrito presentado por Ojeda en el que pedía el desarchivo de un caso.
Esa decisión de la fiscal hizo que en el Frente Amplio volvieran a poner el foco en el asunto y decidieran plantear las citaciones en la sesión de la comisión de Constitución del Senado de este martes.
Desde el entorno de Ojeda dijeron a El Observador que ya hay varios informes jurídicos sobre el tema y está la opinión de varios constitucionalistas por escrito por lo que entienden que no es necesario citarlos para tomar una decisión. En la oposición estaban a la espera de que el oficialismo tomara una decisión sobre si quería avanzar con el juicio político o en caso contrario se archivaría el tema.
Desde el Frente Amplio aseguraron que "por ahora no" están evaluando el juicio político y que primero van a analizar la información que se haya recopilado.
¿Por qué fue denunciado Ojeda? El senador presentó el 30 de octubre de 2025 un escrito de 70 páginas a la fiscal Lovesio para solicitar que se reexamine un caso que se inició en 2022 y que había sido archivado. Como informó El Observador, Lovesio aceptó revisar el archivo pero comunicó a la fiscalía de Corte la intervención del senador en el caso penal. La Fiscalía le indicó que su función está resguardada en la independencia técnica por lo que Mónica Ferrero no podía indicarle cómo actuar.
El artículo 124 de la carta magna señala que los senadores y los representantes no podrán “tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados”. La Fiscalía es un servicio descentralizado.
Ahora Lovesio formalizó su decisión de no aceptar el planteo de Ojeda porque entiende que no puede hacer un planteo de este tipo por su cargo de senador. La fiscal entiende que la actuación del senador "contraviene lo establecido en el inciso 2º del artículo 124 de la Constitución de la República”, según informó Búsqueda el jueves pasado.
La defensa de Ojeda
La comisión administrativa del Poder Legislativo realizó un informe jurídico a pedido de la comisión de Constitución que sugiere archivar la denuncia presentada contra el senador colorado por temas de forma. Los abogados Germán Rosas Barón y Rosa Giacosa, redactores del informe con fecha del 14 de enero, señalaron que la comisión no es la competente para tramitar esta denuncia contra Ojeda, porque el asunto debería encauzarse como un juicio político a instancias de un miembro del Senado y en la cámara.
Según la opinión de estos expertos, que fue solicitada por la Comisión de Constitución y Legislación, el convencional colorado que denunció a Ojeda carece de legitimación activa para solicitar la expulsión del legislador.
"Se concluye que el ordenamiento constitucional uruguayo no prevé la acción popular directa para promover la pérdida de investidura de un legislador, reservando dicha potestad a los mecanismos de control internos del cuerpo o a la iniciativa de sus miembros", señala el texto del proyecto.
Sin embargo, como suele pasar con los temas jurídicos, hay otros informes que dicen lo contrario. Un trabajo pedido por el Frente Amplio al constitucionalista José Korzeniak dice que el Senado "debe dictar una resolución declarando" que Ojeda "ha perdido" su cargo legislativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución, según publicó La Diaria en su momento. Incluso, que serían suficiente una mayoría simple para aprobar dicha resolución.
