El despegue ocurrió el 3 de diciembre de 2021. En la pista del Aeropuerto Internacional de Carrasco, el jet transatlántico Gulfstream IV de origen estadounidense carreteaba tras permanecer tres años incautado judicialmente y abandonado a la intemperie. Sin embargo, el vuelo distó de ser normal: la aeronave logró volar a Estados Unidos con reparaciones de urgencia y una falla inmediata en el tren de aterrizaje de nariz que obligó a declarar la emergencia en el aire.
Ningún piloto uruguayo se había animado a tomar los mandos en esas condiciones y la empresa propietaria del avión tuvo que convocar a una tripulación de veteranos de guerra norteamericanos para sacarlo del país.
El episodio fue uno de los desenlaces del caso judicial que comenzó en enero de 2018, cuando la Fiscalía allanó El Gran Chaparral, en Playa Grande (Maldonado) y detuvo a Marcelo Balcedo y a su esposa Paola Fiege. En medio del operativo, la Justicia incautó la aeronave asumiendo que era propiedad del exsindicalista. Sin embargo, el bien pertenecía a la compañía de arrendamiento Matrix Aviation Inc. con sede de Fort Laurderdale, Florida, que lo venía reclamando desde entonces.
Balcedo únicamente disponía del avión mediante un contrato de leasing y lo usaba ir con su esposa y un par de matrimonios amigos a pasar una semanita en Bora Bora, Tahití, Papeete. Según sostiene la demanda, a la que accedió El Observador, pagaba por el leasing US$ 105.000 mensuales.
El Gran Chaparral, la mansión del empresario argentino Marcelo Balcedo en el departamento de Maldonado
Marcelo Umpiérrez
Un gigante en ruinas: tres años a la intemperie
Un jet privado de la categoría del Gulfstream IV —cuyo valor de fábrica ronda los US$ 33 millones y cuya versión usada ronda los US$ 10 millones— requiere estrictos protocolos de conservación. Al permanecer inmovilizado y sin mantenimiento técnico desde 2018 hasta fines de 2020, su certificado de aeronavegabilidad caducó.
La demanda presentada por el abogado y piloto Hermann Leis, en representación de Matrix Aviation Inc., había logrado un fallo parcialmente favorable en primera instancia pero que fue revertido en segunda instancia y ahora recurrió a la Suprema Corte de Justicia para que laude. El reclamo millonario supera los US$ 11 millones.
El abogado dijo a El Observador que espera que espera que la Corte valore los hechos que son los que están a la vista porque "rompe los ojos" que el avión fue "mal confiscado" y luego estuvo tres años "a la intemperie con la puerta abierta".
En la demanda se detallan las averías sufridas y los costos de la reparación del fuselaje y turbinas Rolls Royce (Overhaul técnico) presupuestada en US$ 5.830.000. A ello se agrega el costo por mantenerlo estacionado en el Aeropuerto de Carrasco al 13/11/2020: US$ 644.909 y el lucro cesante, por que es lo que se hubiera percibido por las cuotas de leasing (US$ 105.000 mensuales) que se estimó en US$ 5.210.750.
El representante legal de la firma denunció además presiones durante el proceso, señalando que en su momento el fiscal de la causa ofreció la devolución inmediata de la nave a cambio de renunciar a futuras acciones legales contra el Estado, propuesta que fue rechazada de plano. Finalmente, tras gestiones con Interpol, la devolución notarial de la nave se concretó el 28 de octubre de 2020, aunque el avión recién pudo viajar a fin de 2021. Leis dijo que sus propietarios lograron venderlo a un precio mucho menor al que hubiera tenido en buenas condiciones.
El revés judicial y la apelación ante la Suprema Corte
En primera instancia, el juez en lo Contencioso Administrativo Gabriel Ohanian había condenado a Presidencia de la República, a la Junta Nacional de Drogas y al Fondo de Bienes Decomisados a indemnizar a la empresa Matrix por concepto de albergue aeroportuario y por el daño emergente derivado de la falta de conservación.
No obstante, un Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5° Turno revocó dicho fallo y desligó de responsabilidad al Estado. Las ministras Gabriela Rodríguez Marichal, Cecilia Schroeder Rius y Analía García Obregón argumentaron que no existía prueba contundente que demostrara que los deterioros se debieran al tiempo de incautación y no al desgaste previo. Entre 2012 y 2017, Balcedo y Fiege habían realizado 494 viajes en las aeronaves a su disposición.
Paola Fiege y Marcelo Balcedo en una de las audiencias junto a sus exabogados Alejandro Balbi y Víctor Della Valle
Inés Guimaraens
"No resulta posible afirmar que la falta de mantenimiento de la aeronave es imputable al período en que estuvo incautada, pues ello requería prueba contundente de que antes de su incautación se había cumplido con el régimen de mantenimiento correspondiente", destacó el fallo de segunda instancia.
Ante esta revocación, la empresa Matrix llevó el caso mediante recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. La máxima corporación judicial deberá definir si el Estado incurrió en responsabilidad por la falta de custodia y mantenimiento de un bien de un tercero durante las medidas cautelares dispuestas en el marco del proceso por lavado de activos.
