Ahora se deberá validar si las mayorías se mantienen, luego de que algunos acreedores se opusieron
La empresa Balsa & Asociados logró que la mayoría de los acreedores firmara la propuesta de acuerdo por el que la empresa propuso pagarles el 50% del crédito, monto que empezará a saldar después de los dos años y en cuotas, como ya informó El Observador. Ello implica que los acreedores recién cobrarán en 2026 pero de esa manera se aseguran cobrar la mitad de lo que habían invertido o de los que se les debe.
Según supo El Observador el síndico de la Liga de Defensa Comercial (Lideco) Fernando Cabrera entregó a la jueza concursal María Constanza Farfalla, un informe en el que consideró que la propuesta "es razonable", luego de analizarla y de constatar que estaba avalada por la mayoría de los acreedores de cada sociedad.
La jueza en su última resolución del 17 de diciembre, le había pedido al síndico que le informara si el expediente "se encuentra en estado de dar trámite a la propuesta de convenio", puesto que algunos acreedores impugnaron la propuesta.
Una vez presentada la propuesta, los acreedores tenían un plazo de 20 días para oponerse.
Al presentar la propuesta de convenio Balsa logró aplazar la junta de acreedores que estaba prevista para el 5 de noviembre al presentar en los tres proyectos inmobiliarios acuerdos de pago firmados con la mayoría de los acreedores, según surge del expediente del concurso judicial.
El concurso voluntario fue pedido en abril por el responsable de la empresa Juan Martín Balsa en representación del grupo de sociedades de las que es accionista por un pasivo superior a los US$ 65 millones.
El caso se retomará en febrero, luego de la feria judicial.
Una vez que el síndico le informe a la jueza si aún con los acreedores que se opusieron se mantienen las mayorías, la magistrada podrá dar por validados los acuerdos extrajudiciales que comprenderán a la totalidad de los acreedores y todos cobrarán sus deudas por esa vía.
Si no se alcanzan las mayorías, sigue el concurso que derivará en la liquidación de la empresa.
La jueza había designado a un rematador como experto independiente para que elabore un "inventario de la masa activa, con valoración de los bienes y derechos de que se compone a la fecha de la declaración del concurso y de la presentación del inventario".
Por fuera de la causa ha habido acuerdos extrajudiciales en vías de encontrar soluciones para las personas que proyectaban sus viviendas en los distintos barrios privados.
En el caso de La Juana, dónde se proyectaban construir 270 casas, se firmaron contratros de compraventa. Los propietarios cuyas casas están finalizadas terminarán de pagarlas y ese dinero irá al fondo concursal. Asimismo quienes tienen viviendas sin terminar, las terminarán con el constructor que quieran. A esos propietarios les va a quedar un crédito a su favor y podrán recurrir a un tercero para terminar las viviendas.