La decisión de la jueza María Constanza Farfalla de aceptar el concurso de acreedores voluntario de Balsa & Asociados y designar a la Liga de Defensa Comercial (Lideco) como interventor implica que a partir de este jueves cambiarán algunas cosas y se podrá retomar la actividad de las obras, siempre y cuando se pueda comprobar que existen fondos, como sostuvo la empresa.
El director de los Servicios Jurídicos de Lideco, Fernando Cabrera, dijo a El Observador que la resolución de la jueza “es el puntapié inicial del proceso”, “el acta de apertura del concurso”. A su vez, se abre un plazo de 60 días para que todos los acreedores, que puedan acreditar serlo, se presenten en el concurso.
Al pedir el concurso voluntario el 23 de abril, el responsable de la empresa Juan Martín Balsa planteó, y así lo corroboró el contador del Poder Judicial Pablo Salle Silva, que "el activo de cada una de las empresas es suficiente para satisfacer el pasivo". En el escrito, que Balsa presentó en representación del grupo de sociedades de las que es accionista, indicó que entre todas tienen un pasivo superior a los US$ 65 millones.
De todos modos, a partir de ahora Lideco tiene un plazo de 30 días para elaborar un informe para la jueza en el que tendrá que trabajar en la verificación de créditos y evaluación del activo, afirmó Cabrera.
El concurso voluntario implica que las autoridades de Balsa seguirán al frente de las empresas y Lideco en su rol de interventor “coadministrará los bienes de las deudoras”, estableció la resolución de la jueza.
Consultado sobre qué pasará con las obras de los barrios privados que estaban en proceso y fueron paralizadas por el estado de insolvencia en que cayó el grupo económico, Cabrera indicó que el concurso se inicia justamente para que las empresas puedan seguir funcionando. “Jurídicamente existe la posibilidad de que las obras vuelvan a estar operativas. Hay que ver si hay fondos”, sostuvo.
Como había explicado a El Observador, Andrea Ramírez, abogada senior del Departamento Contencioso de Bragard Abogados, que una empresa ingrese en concurso no significa que quiebre sino que lo que se busca es la reorganización de la firma en crisis. En eso trabajará ahora junto a la empresa el interventor que este jueves mantuvo la primera reunión con Balsa y empezará a estudiar los estados contables de las distintas sociedades.
Se trata de cuatro empresas y el propio Juan Balsa los que pidieron el concurso y son quienes están detrás de dos proyectos de barrios privados: La Juana y Pilar de los Horneros (ambos en Canelones), y un desarrollo inmobiliario en la playa de La Calavera de Cabo Polonio denominado Arenas del Cabo.
Juan Balsa figura como único accionista de Desarrollo Verde SAS (Pilar de los Horneros). En Arena del Cabo SAS y Verde Cuidados (las empresas detrás del proyecto Arenas del Cabo) tiene el 90% de las acciones –el otro 10% pertenece a Joaquín Izuibejeres– y en Chamery SA (La Juana) es accionista minoritario con el 40% –el otro 60% pertenece a Gerardo Rabajda.
Si bien el contador del Poder Judicial había señalado observaciones e información que faltaba, la jueza Farfalla levantó las observaciones luego de que Balsa entregara nueva información y aportara datos que se le habían reclamado, lo que dio lugar al inicio del concurso.
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La Juana de Balsa & Asociados
Inés Guimaraens
El posible acuerdo de pagos de Balsa & Asociados con sus acreedores
El objetivo del concurso voluntario es que la empresa llegue a presentar un convenio de pago a sus acreedores. Esa propuesta que se irá negociando en los meses que siguen tendrá que presentarse y someterse a discusión en la junta de acreedores cuya fecha ya fue fijada por la jueza.
En la resolución, Farfalla fijó dos fechas: convocó para el 5 de noviembre a las 14 horas para los acreedores de Juan Martin Balsa Cadenas, para las 15 horas a los de Desarrollo Verde SAS y a las 16 horas para Chamery SA, mientras que el 6 de noviembre a las 14 se llevará a cabo la junta de los acreedores de Arenas del Cabo SAS y a las 15 la de Verde Cuidado SAS.
En el escrito con el que pidieron el concurso voluntario, la empresa aseguró que los emprendimientos tienen un “grado importante de concreción en sus proyectos y espacio para reencaminar su cumplimiento, pero han sido fuertemente impactadas y no tienen posibilidad de cancelar los adeudos en el corto plazo, haciendo necesaria la protección legal a fin de favorecer la oportunidad de reorganización”.
Cabrera indicó que si luego de analizar la situación contable de las sociedades llegara a demostrarse que los pasivos son mayores que los activos las consecuencias del concurso pueden cambiar. En ese caso, según había explicado la abogada Ramírez, el concurso puede terminar con la liquidación de la empresa y proceder a la venta en bloque de la misma, si eso es posible, o la venta en partes de su activo con lo que se le pagará a los distintos acreedores, empezando por los trabajadores de las obras de construcción de los barrios privados.
