No se les imputa el delito de desacato, pero los obligan a pasar la noche en la comisaría "para que no se mueran de frío"
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Foto: Leonardo Carreño. —¡Quiero protestar!
—Bueno, venís a protestar en otro momento. Ahora las directivas son estas.
—¿Por cuántos días me van a llevar preso?
—Yo presumo que hasta las primeras horas de la mañana, salvo que quieras ir a un refugio y te evitás todo esto.
Alejo llevaba una semana de huelga de hambre cuando lo detuvo la policía. Estaba sentado en la mitad de la Plaza Independencia, en una silla reposera, con unos carteles de protesta, un recorte de diario y uno de esos abrigos típicos que los ciudadanos rusos —como él— usan para hacer frente al frío.
Menos de ocho horas antes, en Uruguay había iniciado la alerta roja por frío extremo, una declaración oficial que habilita el traslado forzoso de las personas en situación de calle que se nieguen a ir a un refugio. Y Alejo —que no quería “ir a pasar la noche con los vagabundos” porque está en medio de su protesta— fue detenido por la policía, esposado (eso dice) y trasladado a la seccional policial de la Ciudad Vieja, donde pernoctó en un calabozo hasta pasadas las 11 de la mañana.
—Pasé una noche terrible, con más frío que si me hubiese quedado en la plaza. Me sacaron casi todas las pertenencias, me quitaron la campera porque tenía cierre, y me dejaron encerrado así, casi desnudo, durante horas sin haber cometido delito alguno.
El artículo 21 de la Ley N° 18.621, que es la herramienta que empezó a usar el gobierno luego de la muerte de al menos cinco personas en situación de calle en menos de un mes, señala que es necesario dar “cuenta de inmediato a la Justicia”. Por eso —y bajo la libre interpretación que deja la vagueza de la redacción legal—, la Policía dio aviso al fiscal de Flagrancia de turno.
El fiscal Carlos Sastre estuvo de turno en la zona céntrica de Montevideo, donde se concentra la mayor cantidad de personas que duermen a la intemperie, y se enfrentó al dilema:
—Cuando una persona no accede a ir a un refugio entra en desacato. Lo que uno trata es que la persona no pase en la calle y se muera de frío. Lo que disponemos entonces es que pasen la noche en la comisaría y al salir el sol se le dé la libertad. Es preferible eso a que se muera de frío, uno tiene que evaluar las dos cosas.
No se le da aviso al juez, porque la persona es liberada unas horas después. No se los imputa por desacato. “No es ánimo de la Fiscalía imputar a estar personas. Solo se pretende que no se mueran de frío. Incluso hay quienes prefieren ir a la comisaría antes que al refugio”.
Tampoco es ánimo del Ministerio de Desarrollo Social, dice el ministro Gonzalo Civila, que las personas sean trasladadas a la fuerza. Pero reconoce que la declaración de la alerta roja les está dando dos ventajas comparativas: más personal policial abocado a la tarea y que la sola presencia de la policía (y las chances de ir detenido) persuadan a las personas en situación de calle para que concurran a un refugio bajo su voluntad.
Cada noche, desde que empezó la alerta roja, un promedio de seis personas son las que se niegan y pasan las horas en una comisaría.
Cuando comenzó la pandemia de covid-19, y muchos países adoptaron medidas coercitivas justificadas en la emergencia sanitaria, quedó al descubierto la vieja tensión entre el rol protector del Estado y el ejercicio de los derechos individuales. La herramienta legal que ahora usa el gobierno de turno, conduce a ese mismo debate.
La profesora titular de Filosofía y Teoría General del Derecho, Gianella Bardazano, reconoce que el accionar de las autoridades está dentro del marco legal vigente. Pero, aclara, “la aplicación de la ley está hecha a las apuradas, falta institucionalidad”.
¿A qué se refiere? “Más allá de que habría que comunicarle a un juez para que dé garantías, no debieran regir los mismos protocolos de accionar policial para estas personas vulnerables que se está intentando proteger que para un detenido convencional. No se los debería llevar a mismo lugar que se lleva a un detenido por desacato. Y tampoco se debería quitarles las pertenencias. Son razones excepcionales que requieren medidas excepcionales: solo se las llevan porque hace frío y eso tiene que estar claro en el protocolo”.
La detención de Alejo lo retrotrajo a la Rusia de la que escapó. Había estado dos semanas preso por su orientación sexual. Por eso, por las tres amenazas de muerte, por los gritos “¡Pidor! ¡Pidor! ¡Pidor!" (maricón) que le propinaban en la calle, decidió buscar suerte el sur de Sudamérica.
Uruguay le dio el refugio. Trabajó estudió y trabajó como peluquero hasta que quiso dar un salto de calidad e inscribirse como docente de Peluquería en la UTU. No lo aceptaron: solo se podían contratar residentes en Uruguay, y los refugiados (por su propio status de protección) no tienen la residencia.
Eso lo llevó a irse a Chile e iniciar demandas internacionales. En Chile se le venció el documento de viaje y lo deportaron. Y ahora está en Uruguay, haciendo huelga de hambre para que le den un documento de viaje y probar suerte en un tercer país, mientras pasa la noche en un calabozo en un refugio, porque la aplicación de la ley no permite pernoctar en la calle.