“Hoy es el primer día del resto de tu vida. No estás solo, estamos aquí para apoyarte”. Así termina la carta que, a partir de diciembre, recibirán unos 500 presos en Uruguay el día de su liberación. Una misiva que, en lenguaje sencillo y en menos de dos carillas, les avisa a los recién liberados que accederán a una tarjeta del Ministerio de Desarrollo Social con $ 1.640 mensuales, recargable durante al menos un semestre, una boletera con $ 400, y, entre otras prestaciones, el contacto de un técnico que le hará seguimiento en sus primeros meses fuera de las rejas.
Matías entró y salió de la cárcel al menos tres veces, todas por delitos “menores”. Cuando fue liberado de Punta de Rieles, aquel día otoñal de este 2023, supo que no podía regresar a su barrio. Se subió a un ómnibus, el chofer lo dejó pasar sin pagar y se bajó en la principal avenida: 18 de Julio.
El Observador accedió a los datos que confirman la distribución geográfica de quienes durmieron a la intemperie la primera madrugada de este agosto, cuando el Mides realizó el censo de personas en calle. Y el mapa confirma la tendencia: la mayoría pernocta en el Centro, Ciudad Vieja, Cordón, Parque Rodó y Pocitos.
“La situación de calle tiende al centro de la ciudades”, explica el sociólogo Sebastián Aguiar. “Porque es la zona de más recursos, porque allí están localizados la mayoría de servicios públicos, incluso son áreas con mayor seguridad y una manera de no estar tan solo… en definitiva las personas se quedan cerca de donde pueden sobrevivir, donde pueden comer, donde hay bienes y servicios”.
Como el censo no “barre” la totalidad de la ciudad, y como las propias personas en calle se mueven, no puede saberse con precisión la distribución en los barrios más alejados al Centro. Pero la excepciones solo explican la regla.
El propio Matías lo admite: entre Tres Cruces y Ciudad Vieja —teniendo a 18 de Julio como columna vertebral— hay más facilidades para hacer “una changa”, para cuidar autos, para encontrar comida que sobra en una panadería, e incluso “oportunidades” si se está ante la tentación de robar para consumir.
Este proyecto piloto del Mides y el Ministerio del Interior, que a priori se centrará solo en la cárcel de Santiago Vázquez, exComcar, reconoce la existencia de un círculo vicioso (drogas-calle-cárcel-calle-drogas) que el Estado tiene que revertir si se propone reducir la reincidencia carcelaria y la creciente población sin techo.
Este año, por primera vez desde que hay registros, el Ministerio del Interior midió la cantidad de liberados que reinciden: casi un tercio recae a menos de seis meses de haber dejado la celda; y dos tercios lo hacen antes de cumplir los tres años de libertad.
—¿Ves ese camión? El chofer se acaba de bajar, dejó la puerta entreabierta y su celular quedó al lado del volante… si ahora quisiera consumir me chafo el teléfono y lo vendo. Ayer mismo vendí un teléfono y me quedé fumando por Tres Cruces —, muestra otra vez sus dedos índices quemados de cuando enciende la pipa en la que coloca la pasta base.
¿Cómo se garantiza que los cerca de 500 beneficiarios del nuevo programa del Mides e Interior no “quemen” el dinero que se les da? Juan José Malvárez, director de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, es un convencido de que las personas necesitan oportunidades, “y un poco de claridad”, cuando están ante la oscuridad.
—La persona que accede a participar del programa, previo sorteo, se compromete a seguir en contacto con los técnicos para que se le recargue el beneficio cada mes. Nada garantiza que la persona “queme” o no la plata, pero, si la “quema” se pierde la oportunidad de seguir siendo apoyado. La tarjeta no se reimprime. La tarjeta no se puede entregar en una boca de pasta base, porque luego hay que dársela al técnico para el seguimiento.
Malvárez es de los que repite la frase que se le adjudicó a Albert Einstein: “No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo ”.
Re-valorar
“Hace años —antes de ser ministro— tuve mis prejuicios, pero conocer las historias de vida me los eliminaron”. La cabeza de la cartera de Desarrollo Social, Martín Lema, reconoce que, acorde fue acercándose a la problemática de la calle y los recién liberados, comprendió que “cuando una persona comete un delito, además del acto en sí, hay por lo general fallas de las instituciones y de la sociedad”.
La postura del ministro y su ministerio, reconoce Lema, no necesariamente coincide con cómo la sociedad uruguaya mira a la pobreza y a los delincuentes. Pero, insiste el secretario de Estado, “si no se les da oportunidades y contención a quienes lo necesitan, solo podemos esperar caminos equivocados”.
La última Encuesta Mundial de Valores, cuyos resultados se liberaron este mes, evidencia que los uruguayos ven cada vez más la pobreza como un problema individual y no social.
El 18% de los uruguayos pensaba en 2006 que "los gobiernos cobren impuestos a los ricos y subsidien a los pobres no es una característica esencial de la democracia". Ahora, la cifra asciende al 29%.
Esta valoración, al igual que otras que van en la misma línea, había llevado a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a advertir, en un informe de prospectiva de la sociedad uruguaya: “están apareciendo significativas grietas en algunos discursos que entienden que las medidas redistributivas ya son suficientes y hasta excesivas y que la pobreza es algo circunstancial de lo que las personas pueden salir por sí mismas".
Lo mismo pasa con la delincuencia. Los uruguayos reclaman más penas y más severidad. Ante un homicidio, cuatro de cada diez uruguayos pide cadena perpetua, pese a no existir la misma en Uruguay. Y uno de cada diez demanda pena de muerte, aunque haya sido abolida hace más de un siglo. No solo eso: más de 7.000 tuits, en un universo de 130.000 que comentan noticias policiales publicadas en Twitter por los 20 principales portales informativos de Uruguay, reclaman más penas. O más severidad de los castigos. Así lo descubrieron investigadores uruguayos.
El Mides, explica Lema, no busca fomentar o tirar por la borda prejuicios, sino “conseguir evidencia de calidad para tomar decisiones y, si el piloto funciona, ampliarlo gradualmente a la población de liberados”.
Para garantizar que la evidencia cumpla con los requisitos científicos, la Universidad de Montevideo ayudará en la construcción de la muestra aleatoria y anónima de los 500 presos, los que se elegirán por sorteo para que no haya sesgo.
Los seleccionados serán entrevistados al menos cinco días hábiles antes de firmar su liberación. Y tendrán que comprometerse al seguimiento.
Un semestre después, se medirá la reincidencia, con el objetivo de que sea “significativamente inferior” al 29% que reincide antes de los seis meses de haber sido liberado.
