Pasaron seis meses desde que el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz fueron fotografiados en fiscalía al presentar la denuncia por las presuntas irregularidades en el proceso de compra de las patrullas oceánicas al astillero gallego Cardama.
Al día siguiente la denuncia fue adjudicada a la fiscalía de Delitos Económicos de 1° Turno a cargo de Alejandro Machado.
Sin embargo, el proceso de presentación de información que ha seguido Presidencia ha hecho que la investigación aún no haya podido comenzar.
Según dijeron a El Observador fuentes del caso, la fiscalía sigue a la espera de que desde Presidencia sean aclarados los puntos que se han pedido a los efectos de poder ordenar los hechos para iniciar la investigación.
Las denuncias penales suelen presentar una serie de hechos con apariencia de delito y, aunque no siempre se hace, se mencionan o se identifica a los posibles responsables de esos hechos.
Sin embargo, en este caso como había informado El Observador, Presidencia entregó un cúmulo de documentación sin señalar posibles hechos delictivos y sin identificar responsables.
En intercambios que ha habido entre la fiscalía y Presidencia se ha solicitado que se ordenara la información, se apostillaran algunos documentos y se especificara cuáles eran los presuntos hechos delictivos. Desde enero se está a la espera de esa información.
Al presentar la denuncia, Sánchez había afirmado en rueda de prensa que "lo importante" en este caso es que "se intentó defraudar al Estado", por lo que ahora la Justicia deberá determinar si hubo "cómplices", en particular en relación a los "funcionarios públicos" que actuaron durante el proceso.
"Estamos denunciando hechos, la Fiscalía en su labor convocará a quien trajo la garantía y a quien le aceptó, a los funcionarios públicos, que para nosotros fue un grave error aceptarla", agregó en aquel momento horas después de que el presidente Yamandú Orsi había anunciado en conferencia de prensa la decisión de rescindir el contrato con Cardama, que se había firmado en el gobierno de Luis Lacalle Pou.
El gobierno de Orsi resolvió rescindir el contrato luego de que la empresa no presentó la renovación de la garantía en el plazo estipulado, pero además, cuando intentó ejecutarla (por unos US$ 4 millones), encontró que la que había presentado provenía de una institución presuntamente falsa, de nombre Eurocommerce Limited. Por esto último, el gobierno entiende que se puede estar ante una "estafa" o "fraude" al Estado urugayo.
En diciembre Díaz declaró que después de presentada la denuncia penal se hizo una primera ampliación, luego de recibir el informe del notario español que advirtió que el certificado que presentaron con la garantía era falso. Y anunció que se haría una nueva ampliación para agregar una pericia de Policía Científica del documento de la garantía que señala que “no hay firma digital, que la firma no es original y que hay tres documentos que tienen la misma firma calcada”, dijo al programa Arriba Gente de Canal 10.
Díaz afirmó que la adjudicación del contrato “tuvo todas las desprolijidades juntas”, y señaló que no se generó un expediente administrativo para la constitución de las garantías, una sola resolución de prórroga para presentar la garantía, cuando se otorgaron varias prórrogas. Señaló además que entre los argumentos para defender la elección de Cardama se planteó la celeridad con la que avanzaría en el proceso. “A la luz del derecho administrativo, no puede sustituirse un expediente por una cadena de mails”, apuntó.
“Yo no afirmo que esos hechos constituyan delito porque no tengo pruebas y eso, en definitiva, lo debe analizar un fiscal, pero sí existió un cúmulo de irregularidades administrativas muy grande, donde hay dos personas que participaron muy activamente en ese cúmulo de irregularidades administrativas, fueron funcionarios administrativos del Ministerio de Defensa y hoy están en comisión en el despacho de Javier García”, señaló Díaz.
