Este lunes comenzaron las citaciones en Fiscalía por el caso Cardama. El fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez le tomó declaración a los abogados Carlos y José Miguel Delpiazzo, del estudio jurídico Delpiazzo, con el objetivo de encuadrar los hechos que rodearon la contratación al astillero gallego para la construcción de las dos patrullas oceánicas, OPV, que serían destinadas a la Armada Nacional.
Según dijeron a El Observador fuentes del caso, el fiscal les notificó tanto a los denunciantes, de Presidencia de la República, como a los defensores de los indagados Gustavo Bordes y Fernando Posada, que le tomaría declaración sólo con su equipo fiscal, sin presencia de los abogados de las partes. Les dijo que podrán acceder a los audios de la declaración pero que prefería que no estuvieran presentes ni hicieran preguntas. El fiscal los citó en calidad de testigos, informó Eduardo Preve.
El estudio Delpiazzo asesoró al Ministerio óde Defensa del gobierno de Luis Lacalle Pou en la compra de las patrulleras y en la presentación de las garantías y al fiscal Rodríguez le parecía importante escuchar su testimonio ya que conocen con claridad la cronología de los hechos.
Los Delpiazzo -padre e hijo- ya comparecieron ante la comisión investigadora del Parlamento. Allí sostuvieron que intervinieron más allá del objeto para el que habían sido contratados (la confección de los contratos) ya que continuaron vinculados una vez que se firmó el contrato mediante consultas honorarias.
Sobre las garantías, el tema central de la denuncia que detectó que la de Eurocommerce era falsa, y en las que el estudio tuvo una participación activa, José Miguel Delpiazzo dijo: “No hubo una aprobación del estudio efectivamente a las garantías de Eurocommerce. Se hicieron algunas observaciones que habrían sido aceptadas por el Ministerio”.
También dijo que “hubo decisiones que desconozco cómo se habrán valorado internamente pero que iban en contra o eran diferentes" a lo asesorado por ellos. Dijo no saber “quién resolvió aprobar” o “quedó a cargo de la validación” de los últimos documentos.
Como informó El Observador, el fiscal Rodríguez determinó que por el momento "los hechos de la denuncia atribuyen responsabilidades a cuatro personas": los exministros de Defensa, Javier García y Armando Castaingdebat, el exdirector general de Secretaría Fabián Martínez, y Damián Galó, el exdirector de Recursos Financieros del ministerio que fue sumariado administrativamente por su rol en la compra por ser funcionario de Defensa.
Sin embargo, por el momento no tiene previsto citarlos.
El fiscal Rodríguez es titular de la fiscalía de Delitos Economicos de 3er Turno y la causa de Cardama está en 1° Turno, que al no tener fiscla titular viene siendo subrogada por el colega. En principio la subrogación era hasta el 20 de agosto.
Rodríguez decidió iniciar las citaciones luego de mantuvo una reunión con el abogado denunciante de prosecretaría de Presidencia, Martín Fernández, con el objetivo de clarificar algunos aspectos de la denuncia y de las ampliaciones que se fueron presentando y luego de recibir a Bordes y Posada, quienes defenderán a los indagados.
