La fiscal de Corte Mónica Ferrero le comunicó al fiscal de Delitos Económicos de 3er Turno, Gilberto Rodríguez, que seguirá subrogando hasta el 20 de agosto la fiscalía de 1er turno, acéfala desde que Alejandro Machado pasó a la de Cibercrimen que se creó, por lo que el fiscal actualmente a cargo del caso Cardama decidió seguir avanzando en la indagatoria.
Para ello mantuvo una reunión con el abogado denunciante de prosecretaría de Presidencia, Martín Fernández, con el objetivo de clarificar algunos aspectos de la denuncia y de las ampliaciones que se fueron presentando. En tanto, el lunes pasado Rodríguez recibió al penalista Gustavo Bordes, quien defenderá a los indagados del gobierno de Luis Lacalle Pou, que ocupaban cargos políticos o de confianza en el Ministerio de Defensa.
Fuentes del caso dijeron a El Observador que por el momento "los hechos de la denuncia atribuyen responsabilidades a cuatro personas".
Ellos son los exministros de Defensa, Javier García y Armando Castaingdebat, el exdirector general de Secretaría Fabián Martínez, y Damián Galó, el exdirector de Recursos Financieros del ministerio que fue sumariado administrativamente por su rol en la compra por ser funcionario de Defensa.
En el caso del exministro García se le atribuye ser quién decidió la compra de las patrulleras oceánicas al astillero gallego Cardama. Al declarar en la investigadora parlamentaria, afirmó que su decisión como ministro fue política pero estuvo estrictamente fundamentada en los asesoramientos técnicos y dos informes de la Armada Nacional.
Por su parte, Castaingdebat, que sucedió a García cuando renunció para hacer campaña política, fue quien otorgó las sucesivas prórrogas al astillero español Cardama y finalmente admitió la garantía de fiel cumplimiento de Eurocommerce Bank, que resultó ser ilegal.
En octubre pasado, luego de constatar que la garantía presentada por Cardama, con un aval por unos US$ 13 millones había sido realizada por una empresa inexistente llamada Eurocommerce, el gobierno presentó la denuncia penal. Se comprobó que las actas notariales que acompañaban y convalidaban los documentos también eran falsas.
Las fuentes dijeron que el fiscal espera recibir alguna documentación que las partes puedan aportar y no se descarta empezar a tomar algunas declaraciones a testigos del caso.
El fiscal Rodríguez ya había pedido al Parlamento a través de un oficio que remitiera toda la información disponible en la investigadora que sesiona en la Asamblea General sobre el caso.
Según informó El Observador, en base al escrito que entregó, pidió acceder al "testimonio íntegro de las actuaciones" de la investigadora "a la mayor brevedad posible" o que se le indique "si existe un tiempo estimado para la conclusión" de dicho ámbito parlamentario, además de consultar quién preside la comisión.
El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, había anunciado que el gobierno presentaría y ampliaría la denuncia al levantarse la feria judicial el 15 de julio en virtud de que el Ejecutivo recibió nueva documentación desde España que, según afirmó, "recontra acredita" la falsificación de documentos vinculados a la garantía de fiel cumplimiento.
Además, anunció que se presentaría una demanda al astillero en Uruguay, por entender que por contrato corresponde que la jurisdicción sea de los tribunales locales, dijo en Lado B de TV Ciudad.
María Dolores: pidió informes con conclusiones al Parlamento
En el caso de la compra de la estancia María Dolores, también investigada por la fiscalía de Delitos Económicos de 1er Turno, el fiscal Rodríguez pidió al Parlamento los informes con las conclusiones de la comisión investigadora que venía sesionando. Según supo El Observador, le respondieron que seguramente será enviado a la fiscalía los primeros días de setiembre.
Según dijeron las fuentes, en ese caso estuvo trabajando la fiscal letrada Patricia De Amorín a quien se le encomendó la tarea de estudiar las actuaciones que se habían recabado, ya que el fiscal Machado había solicitado información a varios organismos, y elaborar un informe sobre el caso, las posibles conductas delictivas a investigar y sobre la prueba que falta, así como a quienes se podría citar ya que Rodríguez no descarta empezar a tomar declaraciones.
En setiembre de 2025 diputados de los partidos Nacional, Colorado, Independiente e Identidad Soberana denunciaron irregularidades en la compra de la estancia por US$ 32,5 millones por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), señalaron falta de transparencia y sobreprecio.
