El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, dijo que para el gobierno " no fue una sorpresa" la disolución en Reino Unido de la empresa Eurocommerce, ya que "claramente no existe" y es "de papel".
Dicha firma fue la que otorgó una supuesta garantía de fiel cumplimiento por US$ 4,5 millones al astillero español Cardama para que pudiera avanzar en la construcción de las dos patrullas oceánicas que el gobierno uruguayo había comprado a través de un contrato por US$ 80 millones.
La presunción del gobierno de Yamandú Orsi es que la garantía otorgada por Eurocommerce es falsa y que el Estado uruguayo fue engañado, por lo que presentó una denuncia penal contra Cardama y decidió iniciar las acciones para rescindir el contrato firmado en la administración pasada, cuando Luis Lacalle Pou era presidente.
Este miércoles Búsqueda dio a concoer que el regulador británico disolvió la empresa Eurocommerce, con fecha de ejecución fijada para el 11 de noviembre de 2025.
Consultado por esta situación, Díaz aseguró que era algo que el gobierno esperaba "que sucediera". "De hecho, intentamos evitarlo porque entendemos que somos acreedores de esa empresa, pero la realidad es que era un hecho inevitable porque es una empresa de papel, que claramente no existe, que nunca existió y que, en definitiva, así como lo demuestra su dirección, su director, su página web, su balance financiero, etc... No fue una sorpresa", dijo en rueda de prensa consignada por Subrayado.
Es que el gobierno uruguayo se percató de la situación semanas atrás, cuando vencido el plazo para que Cardama renovara la garantía de fiel cumplimiento –que regía por un año– envió al embajador uruguayo ante el Reino Unido a la dirección de las oficinas de Eurocommerce para que ejecutara la garantía y cobrara los US$ 4,5 millones. Al llegar allí, el diplomático Luis Bermúdez descubrió que en el lugar funcionaba una inmobiliaria.
"Acá hay un tema también de confianza y de buena fe que lamentablemente está dañado", dijo el prosecretario de Presidencia sobre el vínculo con el astillero español.
Y agregó que no revelaría los próximos pasos del gobierno para "mantener la reserva" y porque le corresponde actuar al Ministerio de Defensa Nacional.
Además de la denuncia penal en Uruguay, el gobierno instruyó al estudio jurídico con el que trabaja en Reino Unido a tomar acciones y también hizo "algún contrato en España" para "recabar información", aseguró Díaz.