El presidente Yamandú Orsi y los ministros Sandra Lazo (Defensa) y Mario Lubetkin (Relaciones Exteriores) firmaron este martes la resolución para otorgarle el poder al estudio jurídico Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, con sede en Londres, para iniciar las acciones en representación del Estado uruguayo ante la garantía falsa de EuroCommerce presentada por Cardama para iniciar la construcción de las dos patrullas oceánicas.
En el texto, al que accedió El Observador, el Poder Ejecutivo autorizó la contratación de Arnold & Porter por hasta US$ 75 mil. En ese marco, también habilitó al embajador uruguayo en el Reino Unido, Luis Bermúdez, a "suscribir en representación del Poder Ejecutivo" un documento para otorgarle el poder al estudio jurídico para asumir la defensa del Estado uruguayo.
El gobierno fundamentó la decisión en base a la "reconocida trayectoria y amplia experiencia en la defensa de los Estados soberanos" por parte de Arnold & Porter, "representando a nuestro país en procesos arbitrales en curso".
La resolución del Ejecutivo estipula que "la contratación debe ser llevada a cabo necesariamente en el exterior y por lo tanto las actuaciones cumplidas serán intervenidas a posteriori por el Tribunal de Cuentas". Por su parte, la Dirección General de Recursos Financieros del Ministerio de Defensa Nacional indicó que "existe disponibilidad de crédito para hacer frente a la erogación".
Tal como adelantó El Observador, el Poder Ejecutivo presentará denuncias en distintas agencias británicas vinculadas al crimen organizado, dado que la emisión del aval por parte de EuroCommerce para el 5% del valor del primer buque fue declarada en ese país.
El gobierno uruguayo maneja por un lado presentar una denuncia ante la Serious Fraud Office, un organismo de combate contra los crímenes financieros complejos y para “proteger la reputación del Reino Unido como un lugar seguro para hacer negocios”, según su descripción oficial. La oficina tiene especial competencia sobre casos graves y complejos de fraude con componentes internacionales.
El Poder Ejecutivo también maneja llevar el caso a la National Crime Agency, definida como el organismo “responsable de liderar la lucha del Reino Unido para detener al crimen organizado”. De acuerdo con el asesoramiento en manos del gobierno, el hecho de que EuroCommerce sea de propiedad rusa –está a nombre de Vladimir Suzdalev– y de que su página web se haya registrado en marzo de 2022 –justo cuando se impusieron sanciones amplias contra Rusia por la invasión a Ucrania– podría conducir a una posible evasión de sanciones, lo que motivaría una investigación en Reino Unido.
El gobierno también recibió sugerencias para enviar una carta de presentación reportando el presunto fraude con copia a la cancillería británica–que allí es la Foreign, Commonwealth & Development Office–y al Fiscal General del Reino Unido–Attorney General's Office– para promover que la investigación se trate como prioritaria.
