El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, anunció que el gobierno presentará y ampliará la demanda que había anunciado tiempo atrás contra el empresario Mario Cardama en la Justicia uruguaya una vez finalizada la feria judicial y adelantó que el Poder Ejecutivo recibió nueva documentación desde España que, según afirmó, "recontra acredita" la falsificación de documentos vinculados a la garantía de fiel cumplimiento.
Durante una entrevista en Lado B (TV Ciudad), Díaz repasó los distintos frentes abiertos por el caso Cardama: la comisión investigadora en el Parlamento, la denuncia penal, el arbitraje internacional solicitado por el empresario ante la Cámara de Comercio Internacional y la futura demanda civil en Uruguay.
"Se va a presentar una demanda en Uruguay, porque entendemos que por contrato corresponde que la jurisdicción sea de los tribunales de la República Oriental del Uruguay", dijo el prosecretario.
Según explicó, esa acción será presentada "inmediatamente después de la feria judicial mayor". Díaz sostuvo que el planteo será público, porque "no hay confidencialidad en la Justicia uruguaya".
Nueva documentación desde España
El jerarca dijo que el gobierno recibió información desde España que obligará a ampliar la denuncia penal presentada por el Ejecutivo. "Lo nuevo sería que ahora recibimos información desde España que nos va a permitir, nos va a obligar, a hacer una nueva ampliación de la denuncia penal", afirmó.
Díaz aseguró que esa documentación "acredita" y "recontra acredita" la falsificación de la documentación presentada por Cardama en la garantía de fiel cumplimiento. "Nosotros tenemos una pericia respecto de determinada documentación. Y ahora tenemos no solamente el documento falsificado, sino el documento original", sostuvo.
Consultado sobre si el empresario pudo haber tenido cómplices locales, Díaz evitó afirmarlo y respondió que eso deberá determinarlo la Justicia. "Puedo tener mis convicciones, pero lo determinará la Justicia", señaló.
Díaz también cuestionó la falta de avances en la denuncia penal presentada por el gobierno. "La denuncia está parada. No se hizo nada hasta donde tenemos conocimiento", dijo.
El "silencio atronador" de Lacalle Pou
Consultado sobre la ausencia de declaraciones públicas del expresidente Luis Lacalle Pou acerca del caso Cardama, Díaz dijo que le hubiera gustado conocer su versión, ya que fue quien firmó la resolución que autorizó el contrato cuestionado.
"A mí me gustaría saber su opinión, por ejemplo, sobre este contrato, que él en realidad firmó la resolución que autorizó la firma del contrato", afirmó.
El prosecretario sostuvo que, hasta el momento, el exmandatario mantiene "un prudente y prolongado silencio", que calificó como "un silencio atronador".
Aunque evitó atribuirle intenciones, insistió en que sería importante que se pronunciara sobre el tema. "Me gustaría saber su opinión. Que dé su versión de los hechos. Hasta ahora no la conocemos", señaló.
En ese contexto, volvió a marcar reparos sobre los cambios de fiscales en causas de alta sensibilidad política. "No es bueno cambiar de caballo en la mitad del río", afirmó. Y agregó que eso no es conveniente "por las señales que da", aunque admitió que en algunos casos puede haber razones que lo justifiquen.
Infraestructura militar para seguridad
En otro tramo de la entrevista, Díaz se refirió a la posibilidad de utilizar infraestructura militar para reforzar la seguridad interna, una propuesta que generó diferencias dentro del oficialismo.
El prosecretario marcó una distinción entre usar recursos materiales de las Fuerzas Armadas y asignar militares a tareas de seguridad. "Si Uruguay utiliza toda la infraestructura que tiene, sea militar, de INAU, de la universidad o de donde sea, para trabajar en materia de seguridad, que es la principal preocupación de los uruguayos, la verdad me parece bien", sostuvo.
Sin embargo, aclaró que otra cosa sería la participación de personal militar en tareas de seguridad interna. "Lo que no me parece bien, salvo que exista una ley que así lo disponga, es que los militares participen en la seguridad interna", afirmó.
Díaz dijo que esa posición no responde a una preferencia personal, sino a lo que establece el marco jurídico. "Eso es porque te estoy recitando la Constitución y la ley de memoria", expresó.
"Infraestructura no necesita ley"
El jerarca explicó que cuando personal militar pasa a cumplir funciones de seguridad interna, como ocurrió con el patrullaje fronterizo o el control del perímetro de cárceles, debe existir una norma específica que lo habilite.
Pero sostuvo que el uso de infraestructura militar no requiere el mismo procedimiento. "Infraestructura no necesita ley", afirmó.
El prosecretario evitó entrar en detalles sobre el tipo de vehículos que podrían utilizarse, aunque señaló que deberán ser acordes a la tarea prevista. "Si los vehículos blindados son acordes a la tarea que se está proponiendo, entiendo que está bien", dijo.
Díaz vinculó estas definiciones con la necesidad de que el gobierno concentre su discurso en los asuntos que más preocupan a la ciudadanía, entre ellos la seguridad. "El sistema político discute temas que solo les importan a los políticos", afirmó. "A la gente le preocupa la seguridad, el empleo, la economía, la gente en situación de calle y la infancia", concluyó.
Para el prosecretario, el Ejecutivo debe evitar quedar atrapado en el "ringuirranga" político y enfocar su mensaje en las medidas concretas de gobierno.
