Dentro del inciso se incluyen varios cambios a la Ley de Medios aprobada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, una norma con la que el Frente Amplio fue muy crítico desde la oposición.
El artículo 176 del proyecto de ley elimina de la normativa vigente la posibilidad de que no se considere como una delegación a terceros cuando se da en determinadas condiciones, bajo la premisa de que hoy quien tiene una licencia para prestar servicios de difusión audiovisual podría “transformarse en un arrendador de espacios” y que solo deben prestarlos las personas que fueron “debidamente autorizadas por el Poder Ejecutivo”.
Se propone también cambiar la redacción de la normativa que hoy permite a cualquier individuo ser titular de medios si tiene una residencia uruguaya de cinco años. El MIEM sostiene que de no modificarlo, la adquisición de medios “se convertirá en una forma eficiente del lavado de activos”. El gobierno impulsa en esta línea que los medios sean propiedad de ciudadanos naturales o legales de Uruguay, exigiendo un vínculo más estable con el país.
Además, el gobierno entiende que la normativa actual “impide que el Poder Ejecutivo pueda observar un negocio” de licencias de medios si este viola los límites a la concentración, limitándose a un informe vinculante de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec). El MIEM sostiene que así “se le otorga mayor poder de decisión a Ursec que al Poder Ejecutivo” y propone que sea este quien tenga “facultad para negar licencias cuando haya concentración indebida”, dado que es la autoridad que otorga la licencia.
Derogación de radares pedagógicos y agencia para inmuebles del Estado
El proyecto propone la creación de una Agencia Nacional para la Gestión de Inmuebles Estatales en calidad de persona jurídica de derecho público no estatal, con un directorio cuyos integrantes serán designados por el presidente de la República y con un gerente general. El texto le transfiere los cometidos del actual Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado en la órbita del MEF con el fin de “optimizar los activos inmuebles del Estado”.
Tras las críticas proferidas por la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, la Rendición propone la derogación de un artículo impulsado durante el pasado gobierno por el senador blanco Sebastián Da Silva para hacer obligatoria la colocación de radares pedagógicos ante cualquier instalación de un radar de control de velocidad en rutas.
El MTOP plantea al respecto que los radares pedagógicos no cambian la situación –dado que son “un pequeño grupo de usuarios” los que no respetan la normativa “a pesar de cualquier señalización instalada”– y que su implementación obligatoria conlleva “elevados costos de infraestructura, comunicaciones, energía, mantenimiento y monitoreo, recursos públicos que podrían emplearse de manera más eficiente”.
300 cargos nuevos para patrullaje y nueva flota
El Ministerio del Interior propone la creación de 300 cargos de agente para el patrullaje preventivo bajo la premisa de que “el narcotráfico y disputa entre bandas (...) exigen una mayor presencia policial fija y dinámica” y sus respectivos recursos para equipamiento.
El texto impulsa la implantación de un “Sistema Nacional de Biometría Multimodal” para fortalecer la identificación civil, criminal, forense, penitenciaria y fronteriza. Interior procura reducir los tiempos de identificación, mejorar la calidad probatoria y mejorar el soporte a investigaciones complejas.
Con una asignación de $144 millones, la Rendición contempla la adquisición de nuevos vehículos anunciada por el ministro Carlos Negro. Interior propone de este modo reducir la tasa de unidades fuera de servicio y mejorar la disuasión a través de patrullaje preventivo.
Entre las asignaciones se proyecta también la instalación de “salas de monitoreo focalizado en territorios priorizados” para integrar videovigilancia, despacho, radio, georreferenciación, patrullaje, análisis criminal y preservación de evidencia.
Además, se propone incorporar 12 comisarías móviles, tráileres equipados para brindar presencia policial y atención ciudadana en zonas priorizadas por el Plan de Seguridad.
El ministerio proyecta además ampliar el programa ShotSpotter para la alerta de disparos, ampliando su cobertura de detección acústica en zonas prioritarias. También se propone implementar un modelo digital de atención ciudadana en seccionales.
El texto establece la posibilidad de expedir el nuevo Documento Nacional de Identidad en formato digital sin perjuicio del uso de la cédula física.
El proyecto añade al régimen de la Ley de Faltas la utilización de vehículos sin identificación reglamentaria, con matrículas adulteradas o correspondientes a otros coches, por lo que Interior propone incorporar “sanciones económicas significativas y medidas de carácter correctivo”.
También se establece la incorporación expresa de la detección positiva de cocaína al régimen de inhabilitación y retiro preventivo de permisos de conducir.
Descentralización del INR
El gobierno concreta la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación a través de la creación de un nuevo Instituto Nacional de Reinserción para la gestión de las cárceles y las medidas alternativas. El organismo será un servicio descentralizado de modo de que tenga “la potestad de expropiar y utilizar bienes inmuebles para el mejor cumplimiento de sus cometidos y habilitar la exención de tributos nacionales y departamentales”.
Su creación supone la opción al personal policial para que pase al escalafón penitenciario, con vacantes creadas en ese rango que permitirían absorberlos sin generar incremento del gasto.
El proyecto también busca crear tres cargos de gerentes dentro del nuevo INR para gestionar las más de 30 unidades penitenciarias del país, con una población privada de libertad de más de 16.800 personas y que crece aproximadamente al 6% anual.
Evitar bajas en las FFAA y Mes del Ambiente
El Ministerio de Defensa propone una prórroga de tres años para que el personal subalterno ingresado entre 2019 y 2020 a las Fuerzas Armadas pueda completar la Educación Media Básica.
Dado que la Ley Orgánica Militar establece que deben completar ese nivel de enseñanza en un plazo de 8 años desde su ingreso bajo pena de baja, el Poder Ejecutivo advirtió que de no establecer la prórroga se darían de baja 55 efectivos en 2027 y 160 en 2028.
La cartera procura además una partida anual de $23 millones reasignados desde el Ministerio de Ganadería para los militares que vigilan los perímetros de las cárceles, ante el “incremento de la capacidad del sistema penitenciario” y la ampliación del Penal de Libertad, lo que ha “generado una mayor necesidad de personal militar para las tareas de custodia”.
En la órbita del Ministerio de Ambiente se propone ampliar las potestades sancionatorias de la Dirección Nacional de Aguas, que hasta ahora solo puede fijar sanciones económicas. De aprobarse la Rendición de Cuentas, la repartición podrá aplicar las mismas sanciones que tiene habilitadas por ley el ministerio, como suspender actividades, establecer clausuras, publicitar incumplimientos y otros.
También se faculta a la cartera a decomisar armas de caza ante casos de infracción de las normas regulatorias “con independencia de la gravedad de la conducta infractora”.
El texto propone a su vez que junio pase a ser el “Mes del Ambiente”. Hoy ya se reconoce el 5 de junio como el “Día del Ambiente”. La iniciativa encomienda a organismos públicos e invita a privados a coordinar actividades durante ese mes.
Extranjeros en concursos
La Rendición abre por primera vez a extranjeros la posibilidad de postular para los Premios Nacionales de Literatura. Hoy solo pueden postular ciudadanos uruguayos (naturales o legales). Ahora se busca habilitar a extranjeros con residencia legal permanente, y a extranjeros no residentes solo en coautoría con uruguayos, justificado en los "procesos migratorios" y la "integración cultural" de los últimos años.
En la órbita del Ministerio de Educación también se busca habilitar al Sodre a comercializar contenidos y productos a través de plataformas digitales y otros soportes tecnológicos, como vía de generación de recursos propios complementarios.
Personal para Fiscalía
El texto propone prohibir los pases en comisión salientes desde la Fiscalía y aumentar en 10 los contratos de este tipo para reforzar el personal.
La iniciativa extiende la imposibilidad de comisiones de servicio salientes a todos los demás escalafones técnicos, especializados, administrativos y de servicios de Fiscalía, dejando a salvo los derechos adquiridos por aquellos que ya se encuentran en comisión de servicios hasta su cese. El gobierno sostiene que de mantenerse vigente la normativa actual, y no poder negar los pases que tramitan determinadas autoridades o no existir límite numérico para su petición en algunos casos, la institución no podrá cumplir sus funciones eficientemente.
Al solicitar el incremento de diez pases en comisión, se sostiene que sino se continuaría con las carencias de personal. El texto también prohíbe la salida en comisión de algunos escalafones del Poder Judicial con el mismo objetivo.
