La Cámara de Diputados empezó a tratar el proyecto que da acceso al Casmu al Fondo de Garantías por US$ 122 millones y en la comparecencia de los ministros de Economía y Salud, Gabriel Oddone y Cristina Lustemberg, la oposición dejó claro sus diferencias con algunos pasajes de la iniciativa. En algunos puntos toda la oposición está de acuerdo para pedir modificaciones, por lo que tiene mayorías para imponerse, mientras que en otras aun hay negociaciones para tratar de coordinarse.
La idea es votar el proyecto el próximo martes en comisión y ese mismo día por la tarde en el plenario. El texto ya fue aprobado en el Senado con amplio respaldo pero con algunas objeciones opositoras a artículos puntuales. La diferencia es que en la cámara alta el Frente Amplio tiene mayoría y en Diputados la oposición, si logra coordinarse, puede imponer sus votos.
Oddone explicó que el proyecto plantea un fondo de acceso para el uso de garantías, cuyo objetivo “no es volcar dinero del Estado a la gestión de Casmu” sino simplemente permitir un reperfilamiento de su situación financiera. “(El objetivo) es despejar un escenario muy acuciante y hacer un canje de deuda de mala calidad por una deuda de más calidad, garantizada por recursos del Estado”, explicó según consta en la versión taquigráfica.
El principal reclamo de la oposición radica en el artículo 3 que permite al Poder Ejecutivo objetar la designación de cargos de dirección y gerencia de las mutualistas que accedan al fondo. Es decir, la iniciativa dice que a “efectos de lograr una adecuada protección del interés público comprometido mediante las garantías otorgadas” las mutualistas que accedan a una garantía deberán “asegurar” que los integrantes de sus órganos de dirección, administración y conducción ejecutiva reúnan una serie de condiciones.
Tiene que poseer “idoneidad y experiencia adecuada”, reunir condiciones de “honorabilidad e integridad” y “no mantener conflictos de interés que resulten incompatibles con el adecuado ejercicio de sus funciones”, entre otros. El Poder Ejecutivo podrá objetar alguna designación mediante resolución fundada y deberá “referirse exclusivamente al incumplimiento de las condiciones previstas”, dice el proyecto. La no objeción alcanza a los candidatos que se postulen para cargos de dirección que sean designados mediante elecciones.
“Aquí el Poder Ejecutivo solamente quiere dejar constancia de que no estamos innovando, no estamos introduciendo una iniciativa que no existe en nuestra legislación. Esta iniciativa existe y está plenamente vigente en las entidades de intermediación financiera. El Banco Central es quien tiene la potestad desde hace muchos años y la razón por la que esa normativa existe, en el caso del Banco Central, está fundada en las características sistémicas de los bancos y en las experiencias que el país tuvo en el pasado en relación con eventos financieros agudos”, explicó Oddone en comisión.
¿Cuáles son los argumentos del gobierno? Por un lado que dentro de la gestión de este tipo de entidades hay un uso de recursos públicos y por otro tiene que ver con que “hay una recurrencia muy importante, en los últimos veinte o treinta años, de instituciones que son muy grandes, que son muy relevantes para la calidad de vida de las personas y para un área muy sensible de la población, como es la salud, que están a cargo de gestionar y tomar decisiones muy relevantes”.
“Por lo tanto, lo que el Poder Ejecutivo entiende es que esas personas que tienen responsabilidades para asumir esas funciones deberían cumplir con requisitos preestablecidos”, apuntó Oddone.
Las críticas desde la oposición no tardaron en llegar. Casi todos los legisladores que participaron de la comisión hicieron referencia al tema en el mismo tono. “Respecto al artículo 3º, como se ha dicho aquí, es invotable. Creo que ese artículo no va a salir, no se va a votar en la Cámara de Diputados. No voy a reeditar la discusión que se dio en su momento. Recuerdo la del senador Botana con el propio ministro Oddone, hablando de épocas pretéritas en donde se calificaba a la gente de determinado grado. No voy a entrar en eso, pero sí digo que es preferible, desde el punto de vista institucional y legal, hacer una intervención con sustitución de directores que pretender esto”, dijo, por ejemplo, el diputado blanco Federico Casaretto.
Pero el artículo 3 no es el único punto de discusión en el Senado. Hay al menos otros dos puntos que blancos y colorados entienden necesario modificar.
Por un lado, la oposición plantea que los médicos capitalizadores del Casmu aporten un porcentaje del monto del Fondo de Garantía. Fue un planteo del senador colorado Pedro Bordaberry que no prosperó en la cámara alta pero que ahora fue retomado por sus diputados.
“También varios de nosotros hemos estado expresando la necesidad de que los médicos capitalizadores contribuyan desde su lugar. Estábamos hablando del ejemplo y de la propuesta que se había presentado en el Senado por el senador Bordaberry, que varios lo mencionaron, de que cada médico, en forma mensual, ponga su cuota de US$ 57, que no es inaccesible, ni mucho menos, para los sueldos que ganan”, planteó la diputada colorada Nibia Reisch. El objetivo es que los médicos cooperativistas aporten en total unos US$ 200 mil en diez años.
El otro planteo vino de parte del diputado blanco José Luis Satdjian y está vinculado al pago de préstamos que la institución tomó con prestamistas particulares por fuera del sistema bancario. Para el legislador es necesario dar una señal de que los dineros públicos no se utilicen para refinanciar esa deuda.
“En el plan que nos presentaron figura que el 10% de este fondo de garantía o de esta garantía concretamente, $480 millones; estamos hablando de unos US$12 millones estaría destinado a pagar el financiamiento no bancario, es decir, a los prestamistas. (…) Quizás sería prudente retirar ese pago a los prestamistas y que se les pague con otros fondos, por ejemplo, con fondos de Casmu, con fondos que provengan de los médicos capitalizadores o con otras alternativas financieras. Hago esta propuesta porque creo que la señal, para el gobierno y para el Parlamento en caso de que esto se vote, de que un acceso al fondo de garantía vaya a parar a estas instituciones no bancarias prestamistas, instituciones que no operan en el ámbito financiero formal es una señal muy delicada, muy comprometedora, en este caso, para el Poder Ejecutivo y para quienes decidan votar este proyecto”, apuntó el legislador.
