La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y el rol que puede cumplir como asesora de un caso penal ocupó buena parte del debate de la quinta audiencia de control de acusación del caso Charles Carrera, en la que fiscalía y oposición vienen discutiendo, en acalorados debates, la prueba que ingresará al juicio.
Entre la prueba documental propuesta por los defensores Lucía Fernández y Juan Manuel González Rossi, se planteó ingresar un informe realizado por la Jutep sobre los delitos por los que la fiscalía pide la condena del exsenador frenteamplista (fraude y utilización indebida de información reservada) junto a la declaración de la presidenta Ana Ferraris, para explicarlo.
La fiscalía objetó esa prueba y planteó que los motivos eran los mismos por los que se oponía a ingresar también la declaración de dos juristas que hicieron informes sobre el caso, a pedido del imputado, Carlos Delpiazzo y Miguel Pezzuti, catedrático y profesor adjunto de Derecho Administrativo respectivamente. Por ese motivo, quiso argumentar sobre las tres pruebas juntas, pese a que la defensa insistió en que eran hipótesis distintas y aportarían sobre distintos temas Jutep por un lado y los juristas por otro.
La fiscal de la Unidad de Litigación, Valeria Bovio, quien acompaña a las audiencias a las fiscales adscriptas de Delitos Económicos de 2° Turno, Verónica García y Romina Cabrera, planteó que los tres informes refieren a cuestiones jurídicas y evaluó que “son medios de prueba que no deberían ingresar”. Argumentó que “el derecho por sí no es objeto de prueba” y podrá ser un “insumo” que los litigantes utilicen a la hora de hacer los alegatos en el juicio, "pero no como prueba”.
La fiscal citó doctrina que se ha pronunciado en contra de incorporar informes jurídicos como prueba porque se entiende que sustituyen la tarea del juez que de por si tendrá que interpretar normas para fallar. Además, objetó que los catedráticos pueden “contaminar” al juez del juicio con sus opiniones y citó también jurisprudencia que va en el mismo sentido.
La defensora Fernández rebatió los argumentos de la fiscalía y planteó que la propia ley de creación de la Jutep le asigna la competencia de ser organismo asesor en este tipo de asuntos y por ello se le solicitó el informe.
Defensora de Charles Carrera, Lucía Fernández
Armando Sartorotti/FocoUy
La abogada recordó que el tema había sido motivo de debate en una audiencia de setiembre del año pasado, y que aunque la fiscalía se negó, la jueza le ordenó tramitar la solicitud, “la Jutep respondió y será tema de valoración (en el juicio) si lo que respondió tiene o no entidad”.
“Con todo el respeto que me merece la defensa, esta discusión ya la tuvimos y hay una interpretación errónea”, señaló la fiscal García. “Es verdad que la ley que la crea dice que la Jutep es órgano asesor si la fiscalía así lo requiere... La misma ley también hace referencia en el artículo 7, en materia de análisis jurídico es al revés, es la Jutep quien le puede pedir asesoramiento a la fiscalía para que la ilustre en temas jurídicos en los que no tiene la idoneidad”.
Señaló que la Jutep no tuvo acceso a los hechos para hacer este dictamen, y respondió a las preguntas que le hizo la defensa sobre el objetivo que persigue el legislador en esos delitos, cuál es el bien jurídico protegido, qué característica tiene que tener la información de la que el funcionario público hace uso para que la utilización sea indebida, etcétera. "Hace un análisis dogmático citando a (los profesores Milton) Cairoli, (Miguel) Langón y Gilberto Rodríguez, doctrina que cualquier operador de la justicia tenemos la capacidad y la idoneidad para estudiar y responder por sí mismo", cuestionó.
González fundamentó que "no es la idea que venga Gonzalo Fernández a decirle al juez en función de estos hechos usted tiene que aplicar tal cosa… son delitos de corrupción que habría cometido un funcionario público, tienen especial conexión con el derecho administrativo".
Audiencia de control de prueba previo al juicio contra Charles Carrera el 29 de julio de 2026
Foto: Armando Sartorotti / FocoUy
La jueza Olivera resolvió rechazar esa prueba y argumentó en el mismo sentido que lo había planteado la fiscalía sobre que las consultas, al referir al derecho vigente, constituyen información que "estaría supliendo la actividad propia del sentenciador y que esa información podrá ser volcada en sus alegatos o ser utilizado por la parte ya para construir su propia teoría del caso. Son alegaciones que deberán ser utilizados en sus alegatos iniciales o en alegatos de clausura. No son admisibles como medio probatorio”, falló.
La defensa interpuso la apelación en relación al informe de la Jutep y accedió a dejar afuera a los juristas.
Fernández alegó que “no es lo mismo la Jutep que la opinión de dos expertos. No tienen la misma naturaleza jurídica". En su opinión hay un análisis, que deberá ser tema de valoración en el juicio y por lo tanto le pidió al tribunal de apelaciones, que resolverá, que ingrese como prueba.
El reto al Ministerio del Interior y la comparación con llamar a Heber como testigo de la fiscalía
Otra prueba documental planteada por la defensa que suscitó debate entre las partes fue la solicitud de que ingresara a juicio una petición administrativa presentada ante Ministerio del Interior, junto con la declaración del abogado de Carrera en lo administrativo, Daniel Ochs.
Pero la fiscalía volvió a oponerse en el entendido de que es una actuación del abogado de Carrera que se presenta al Ministerio del Interior a pedir cierta información. “¿Qué información nos agrega traer al defensor del imputado? No es un testigo de los hechos. Llega su defendido le da una narración de los hechos y el doctor hace una petición”.
“Vamos a ver qué es lo que pretende probar la defensa con eso”, dijo la jueza para que los abogados de Carrera ampliaran su solicitud.
González argumentó entonces que Ochs como defensor de Carrera “conoce los hechos y va a explicar parte de esos hechos. Veo algo similar a lo que hace la fiscalía con (el exministro Luis Alberto) Heber, lo ofrece como testigo para que explique la denuncia que presentó. Testigo de los hechos directos no fue, sino que estuvo atrás de la denuncia”.
Agregó que luego de que la defensa incluyó esta petición se enteró de que el Ministerio del Interior inició un expediente. Pero la “relevancia y la pertinencia” es que “uno de los elementos que exige el delito de fraude que imputa la fiscalía es el daño y el Ministerio del Interior ha sido ambivalente respecto a la conducta de Carrera, porque se ha defendido en el juicio civil diciendo que al darle asistencia y tickets a Víctor Hernández fue garantista, humanitario, se actuó de buena fe, con empatía… paralelamente presenta una denuncia penal donde califica los hechos como arbitrarios".
"En esa petición se le dice al Ministerio del Interior: ´infórmeme a cuantos atendió y si va a hacer un recupero´porque si el ministerio tuviera una posición coherente tendría que decirle a Víctor Hernández: ´Le di tode esto pero como finalmente no fui responsable usted me tiene que devolver todo esto". Y si entiende que no hubo daño, cae el elemento del delito", afirmó el abogado.
La defensa insistió en que la petición es una prueba en si mismo. "Este ciudadano se está plantando y le está diciendo al ministerio ´hágame un juicio si considera que yo le debo”.
Además reiteró que existe una “asimetría grande de las partes” porque mientas la Fiscalía puede pedir a cualquier organismo que le entregue una información en un plazo de 72 horas, la defensa tuvo que hacer un pedido de acceso a la información pública para obtener una respuesta en noviembre del año pasado y todavía no tiene respuesta. “Eso demuestra que la dueña de los tiempos es la fiscalía”, dijo.
García le reprochó que la petición al ministerio la presentaron el día antes de contestar la demanda de la fiscalía y que lo podría haber hecho mucho antes para tener la respuesta.
La jueza intervino y planteó que al no haber respuesta del Ministerio del Interior, la prueba se va a generar más adelante cuando la haya, y dijo que se debería incorporar esa prueba más adelante cuando surja pero la defensa dijo que entendía que el momento para plantearlo era éste.
Jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera
Armando Sartorotti/FocoUy
Olivera entendió el razonamiento de los defensors e intentó que la fiscalía admitiera que ingresara sólo la constancia de que se inició la petición y no el documento, como un acuerdo probatorio, y luego se discuta la pertinencia en el juicio, si la respuesta llega en ese momento.
La fiscalía adelantó que se opondría a que ingresara esta prueba. “Va en contra de la línea de lo que argumentamos. Si dejamos una constancia de que el 16 de junio Charles Carrera presentó la petición estamos asumiendo que va a tener una respuesta”.
Finalmente quedó excluida esa prueba y la defensa cedió.
Sí se admitieron otras pruebas como un expediente de la Intendencia de Rocha, en el que constan las ayudas mensuales y pasajes que se le prestó a la familia Hernández, videos sobre marchas y movilizaciones por la situación de Hernández en La Paloma así como una entrevista a la víctima, y un video donde se entrevista al entonces ministro Heber, luego de haberse reunido con Hernández.
El debate continuará la próxima semana.
