La obra es una de las claves del gobierno de Yamandú Orsi; estiman que el aval estará antes de fin de año
La crisis hídrica de 2023 puso en el centro de la agenda política los problemas de abastecimiento de agua potable que tiene la zona metropolitana y cuyas propuestas de soluciones se arrastran desde 1970.
La sequía se produjo en un contexto en que el gobierno de Luis Lacalle Pou había descartado la construcción de una represa en Casupá pese a que Tabaré Vázquez le había dejado un proyecto ejecutivo pronto y financiado para volcarse por el desarrollo de una nueva planta de agua potable sobre el Río de la Plata.
El cambio se justificaba en la necesidad de usar otra fuente para tomar el agua y no depender únicamente del río Santa Lucía, pero tampoco llegó a ejecutarse pese a que recibió la autorización ambiental y se firmó el contrato.
Como se sabe, Yamandú Orsi y el Frente Amplio prometieron en la campaña electoral que priorizarían Casupá y evitarían la construcción sobre el Río de la Plata por razones económicas, técnicas y ambientales, algo que lograron al renegociar y llevar la nueva planta a Aguas Corrientes además de reactivar la construcción de la represa.
Con algunos meses de atraso respecto al cronograma original, la obra en Casupá registró este jueves un importante avance cuando el directorio de OSE aprobó el pliego de la licitación internacional que se hará.
La intención, según dijo el presidente Pablo Ferreri, es publicarla la semana que viene.
Los consorcios CCCC-YREC-Impacto (integrado por las empresas CCCC Water Resources and Hidropower Construction Co., Ltd.; Yellow River Engineering Consulting Co., Ltd.; e Impacto Construcciones SA), Consorcio Casupá (Grinor-Sinohydro), Rovella CVC y Consorcio Constructor Presas Uruguay (Traxpalco-Berkes y Toniolo Busnello) que pasaron la precalificación serán los autorizados a participar.
La obra se financiará mediante un préstamo de US$ 130 millones de CAF que ya fue autorizado.
Ferreri detalló que la idea es adjudicar la obra después que reciba la autorización ambiental previa (AAP) por parte del Ministerio de Ambiente. Ese trámite aún está a estudio y las autoridades estiman que será otorgado antes de terminar el año, por lo que las obras comenzarían en 2027.
Que la licitación se adjudique después de recibir la autorización ambiental significará, a su vez, que la audiencia pública que obligatoriamente se hará porque así lo estipula la ley, tendrá a OSE en el rol de promotor de la obra, una diferencia significativa con lo que ocurrió con Arazatí. En esa instancia, quienes defendieron el proyecto fueron los empresarios que lo promovían .
La conducción de la audiencia, que se prevé compleja porque hay varios colectivos de vecinos y productores –así como la oposición– que están en contra del proyecto será del Ministerio de Ambiente, cuyas autoridades ya se han manifestado a favor. Hasta ahora no se ha planteado ningún escenario que sugiera una posibilidad de rechazo aunque ha habido idas y vueltas respecto al modelo de calidad del agua y las contingencias por la tala de monte nativo que están previstas.
Ferreri señaló también que OSE ya comenzó el proceso de expropiaciones en los terrenos donde se instalará el obrador.
Los documentos presentados por la empresa pública para obtener la autorización ambiental señalan que se talarán aproximadamente 426 hectáreas de bosque nativo. Esta superficie representa el 20% del área total que será inundada por el embalse.
El proceso de desforestación se realizará de forma sectorizada en dos etapas principales. Al inicio de la obra se hará una tala de menor escala en la zona de construcción del canal de desvío y ataguías, mientras que la tala masiva se llevará a cabo en la etapa final, inmediatamente antes del llenado del embalse.
La pérdida de este bosque es considerada un impacto ambiental significativo de intensidad alta, ya que posee un gran valor ecosistémico al actuar como filtro de dióxido de carbono, regulador del clima, controlador de erosión y hábitat esencial para la fauna local.
Para mitigar y compensar esta pérdida, OSE propuso rescatar ejemplares, generar un proyecto de restauración ambiental, implementar un plan de revegetación con especies nativas y operar un vivero (en cooperación con la Intendencia de Florida) para conservar la genética de la flora de la zona.
A su vez, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, ha dicho que Casupá nacerá con un área protegida asociada.
En la zona habitan unas 39 especies de mamíferos, 32 de reptiles y 26 de anfibios. Destacan especies vulnerables como el ratón hocicudo, el sapito de Darwin y reptiles que habitan en los roquedales y praderas como el lagarto overo, la crucera y la yara.
También se registró la presencia de 111 especies de aves, las cuales sufrirán la pérdida de sus sitios de alimentación y nidificación.
El otro tema que genera intercambios son los modelos que anticipan la calidad del agua embalsada. El modelo original, presentado por OSE durante el gobierno de Tabaré Vázquez, se enfocó en medir la dinámica del fósforo total, considerado el principal nutriente limitante y responsable del crecimiento descontrolado de algas (eutrofización) en la cuenca del río Santa Lucía.
Al tratarse de un embalse aún no construido, los ingenieros optaron por un modelo matemático simplificado basado en un balance de masas, el cual asume una mezcla uniforme de cualquier compuesto que llega al cuerpo de agua. Los resultados advirtieron que el futuro lago tendrá una alta probabilidad de presentar un estado "eutrófico o próximo a este", de acuerdo con los índices internacionales de Carlson y la OCDE. Pese a esto, el estudio concluyó que la calidad del agua de salida sería entre 5 y 10 veces mejor que la registrada actualmente aguas abajo, actuando como un paliativo a la contaminación ya existente en el río.
A pesar de estos datos, el modelo presentó limitaciones por lo que Ambiente le pidió a OSE una evaluación más profunda e integral.
Las autoridades ambientales requirieron el uso de herramientas más sofisticadas, sugiriendo software como el modelo QUAL2, que permite representar de forma conjunta el comportamiento de los nutrientes, la temperatura, el oxígeno disuelto y el desarrollo algal. También se exigió emplear modelos hidrológicos distribuidos para la cuenca de aporte, como SWAT, con el fin de calcular la contaminación difusa y evaluar el impacto de distintas medidas de manejo territorial. Todo este nuevo análisis deberá integrar los datos actualizados de monitoreo recopilados durante el período 2018-2025.
Para mejorar los datos está interviniendo la Facultad de Ingeniería de la Udelar.
El objetivo central de estas exigencias es reducir la incertidumbre asociada al proyecto ya que mediante simulaciones precisas se busca garantizar que la represa cumpla su función vital sin comprometer la salud del ecosistema hídrico a largo plazo.
La obra tendrá un volumen de almacenamiento de 118 millones de metros cúbicos que se sumarán a los 70 millones de Paso Severino y los 10 millones de Canelón Chico.
El área de cuenca que será interceptada alcanza los 685 kilómetros cuadrados. El área de embalse se extenderá a 2.127 hectáreas y las expropiaciones serán en 3.467 hectáreas.