El gobierno envió al Parlamento el proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, una iniciativa que tiene como objetivo central impulsar un conjunto de reformas orientadas a mejorar el funcionamiento de los mercados y generar regulaciones más eficientes.
Entre las medidas impulsadas, el proyecto propone fortalecer la institucionalidad de la Comisión de Defensa de la Competencia y promover una mayor competencia intramarca en productos básicos de la canasta de consumo. Asimismo, se establece la obligatoriedad de que las grandes superficies minoristas y el comercio digital publiquen sus precios de venta al público por unidad, buscando reducir el costo de vida a través de una mayor transparencia para los consumidores.
-
Proveedores y grandes superficies
Dentro de este marco, el proyecto incluye en su artículo 140 una normativa específica que busca brindar mayor transparencia en las relaciones entre proveedores y distribuidores de grandes superficies comerciales. Con el propósito de “prevenir prácticas abusivas”, el artículo faculta a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia para elaborar y publicar guías, lineamientos, recomendaciones y códigos de buenas prácticas.
Según el texto, estas herramientas tienen el objetivo de promover relaciones comerciales transparentes, previsibles y compatibles con una competencia efectiva, sirviendo como criterios técnicos orientadores para la aplicación e interpretación de la ley, sin perjuicio de que el órgano de aplicación pueda apartarse de ellos mediante resolución fundada.
Las directrices que desarrolle la Comisión para regular este sector podrán considerar diversos aspectos clave. Entre ellos se encuentran la transparencia y previsibilidad de las condiciones comerciales, los mecanismos de negociación entre las partes, y las condiciones de acceso, permanencia y comercialización de los productos.
Asimismo, se contemplan las prácticas vinculadas a descuentos, bonificaciones, promociones, exhibición de productos, aportes comerciales y condiciones de abastecimiento. Finalmente, el artículo hace hincapié en la implementación de mecanismos destinados a prevenir, de manera específica, aquellas prácticas que puedan generar efectos exclusorios, discriminatorios o restricciones injustificadas a la competencia.
Esta regulación responde a reclamos de empresas abastecedoras ante lo que califican como prácticas abusivas en la cadena comercial. En los últimos años, proveedores han denunciado distintas situaciones como la obligatoriedad de operar con instituciones bancarias específicas para el cobro de facturas, el diferimiento en los plazos de pago y la fijación de un único día al mes para realizar los abonos, lo que complica el flujo financiero de las empresas.
Asimismo, se ha reportado la exigencia compulsiva de colaborar con reformas o mejoras en los locales de venta de las cadenas; esta práctica se instrumenta mediante notas de crédito que reducen el monto a cobrar por el proveedor.
A esta situación se suman cambios unilaterales en las formas de pago mediante los cuales, sin explicación previa, se extienden los plazos de cobranza hasta 90 días, bajo la advertencia de que quien no acepte las nuevas condiciones pierde la posibilidad de vender a la cadena, lo que puede provocar la desaparición de productos del mercado. Además, los proveedores enfrentan la aplicación de notas de crédito arbitrarias bajo el argumento de que la cadena no alcanzó la rentabilidad esperada al cierre del año, políticas que la gremial industrial ha calificado como ajenas a las relaciones comerciales sanas.
Este tipo de situaciones también han sido relatadas por los industriales en el Parlamento. El sector ha señalado que la asimetría de poder no solo perjudica a la industria, sino también al consumidor final, quien ve reducida la oferta de productos habituales debido a que las cadenas les otorgan menos espacio o los eliminan directamente de sus góndolas por estas razones comerciales.
Una vez que esa guía esté operativa, los agentes tendrán una base más sólida para poder plantear una denuncia sobre prácticas que puedan considerarse un abuso de posición dominante, como, por ejemplo, la obligación de colaborar con dinero para reformas o ampliación de locales comerciales.
