Fue Director de Seguridad y Convivencia de la Intendencia de Canelones durante la gestión de Yamandú Orsi y actualmente es diputado suplente del Frente Amplio
Foto: Ejército Nacional
El Estado ya utiliza a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, pero parte del sistema político sigue atrapado en un debate que llegó tarde: el problema no es si se puede, sino por qué todavía se discute si se debe. El debate sobre el uso de blindados Mamba volvió a instalar una discusión recurrente en Uruguay: el rol de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad interna. Sin embargo, la controversia parte de una premisa cada vez menos sostenible: que se trata de una excepción o de un desvío. La realidad es otra.
El Estado uruguayo ya recurre a las Fuerzas Armadas en múltiples dimensiones de la seguridad pública. Control de fronteras, apoyo logístico en emergencias, custodia perimetral del sistema penitenciario y participación en operativos específicos muestran que no estamos ante una discusión teórica, sino ante una práctica instalada. El punto, entonces, no es si el Ejército participa o no en tareas de seguridad. El punto es si el sistema político es capaz de ordenar, regular y potenciar algo que ya existe. El problema no es la herramienta, es la incomodidad política.
En materia de seguridad, Uruguay enfrenta un fenómeno más complejo, más dinámico y más profesionalizado que en el pasado. El crimen organizado ha ganado capacidad de adaptación, movilidad y presión territorial, lo que obliga al Estado a reforzar su presencia y su capacidad de respuesta. En ese contexto, la discusión sobre herramientas como los blindados Mamba debería estar centrada en su utilidad operativa dentro de una estrategia integral, no en un debate abstracto sobre principios que el propio Estado ya dejó atrás en los hechos. La seguridad no mejora con debates ideológicos.
Mejora cuando el Estado está presente, articulado y con capacidad de actuar. El control parlamentario es una herramienta indispensable en democracia, pero se vuelve insuficiente cuando el análisis se limita al instrumento y no al problema estructural que lo justifica. La discusión no debería ser si un vehículo es adecuado o no en abstracto, sino cómo se fortalece la capacidad del Estado para actuar en escenarios de mayor violencia y organización criminal.
Álvaro Delgado ha insistido en cuestionar la estrategia del gobierno en seguridad, señalando falta de definiciones claras. Sin embargo, esa crítica no siempre viene acompañada de una propuesta integral sobre cómo reorganizar las capacidades del Estado frente a un fenómeno delictivo más exigente. El resultado es un debate político que se centra en la evaluación de la gestión, pero no logra avanzar en un consenso sobre el modelo de seguridad que Uruguay necesita.
Castillo: la tensión entre sensibilidad histórica y realidad operativa.
Las expresiones de Juan Castillo reflejan una tensión persistente dentro de la izquierda respecto al rol de las Fuerzas Armadas. Esa sensibilidad histórica es comprensible en términos políticos, pero entra en fricción con una realidad que ya se impuso: el Estado utiliza capacidades militares para sostener funciones críticas de seguridad. Negar esa integración no la elimina.
Solo dificulta su discusión ordenada y su regulación adecuada. El verdadero problema: el miedo a usar lo que ya existe. El núcleo del problema no es la falta de recursos estatales. Uruguay cuenta con instituciones, capacidades y estructuras que ya están operando en conjunto. El problema es político: la dificultad de asumir plenamente ese uso, ordenarlo y potenciarlo sin quedar atrapado en disputas ideológicas. Ese temor a consolidar una integración funcional del Estado en materia de seguridad termina generando un efecto paradojal: se actúa, pero sin un marco claro y sin un consenso político estable. Y eso debilita la eficacia.
Conclusión: seguridad como decisión política.
La seguridad ciudadana no depende solo de más recursos, sino de la decisión de utilizarlos de manera coherente y coordinada. El Estado ya está actuando en esa dirección. Lo que falta no es capacidad: es decisión política para asumirlo sin ambigüedades. Uruguay no enfrenta un problema de ausencia del Estado. Enfrenta un problema de claridad sobre cómo usar el Estado que ya tiene.
