El directorio se reunirá este viernes de forma extraordinaria; oposición analiza interpelación y denuncia penal
El directorio del Instituto Nacional de Colonización se reunirá este viernes para reiterar el gasto y mantener la compra de la estancia María Dolores en Florida.
El negocio está valuado en US$ 32,5 millones y fue observado por el Tribunal de Cuentas (TCR), aunque el gobierno cuestiona los fundamentos y asegura que hubo un "sesgo político" en la decisión. Desde Presidencia hablan de una “argentinización” del TCR.
Los cuatro ministros que votaron a favor de la observación fueron designados por blancos y colorados, mientras que los tres que votaron en contra responden al Frente Amplio.
Según supo El Observador, el directorio de Colonización fue citado de forma extraordinaria para las 15.30 con el único objetivo de tratar este tema.
En el organismo hay urgencia por resolver la situación ya que el boleto de reserva de la compra cae el 1° de julio. En los últimos días, Colonización gestionó –y recibió– todos los certificados necesarios para ejecutar el negocio.
Más allá de las consideraciones políticas sobre la observación, Colonización buscará controvertir los argumentos del TCR a partir de informes jurídicos internos.
Fuentes de Colonización señalaron que argumentarán que tienen disponibilidad presupuestal para hacer la compra, que la Contaduría General de la Nación garantizó los fondos, y que no necesitan mayoría especial para realizar la adquisición.
Respecto a este último punto, uno de los informes señala que “las resoluciones de directorio del INC para hacer uso del derecho de preferencia que establece el artículo 35 de la ley 11.029 requieren mayoría simple de votos de acuerdo a lo previsto por el artículo 146 inciso 1”.
El documento establece que a ese artículo no le alcanza la salvedad establecida en ninguno de los 8 incisos que establecen un quórum de 4 votos como tampoco la unanimidad a que refiere el numeral 2 con tres incisos.
“Pretender aplicar el quórum de 4 votos a dicha disposición es totalmente desajustada a derecho, no corresponde aplicar, ni la doctrina, ni la costumbre en la norma en estudio”, sentencia el informe en manos del oficialismo.
También informarán que el miércoles 25 la vendedora informó que se canceló la prenda que había sobre parte del sistema de riego por lo que esa observación del TCR debía desestimarse.
El presidente Francisco Gallinal y los tres ministros designados por blancos y colorados (Darwin Machado, Linder Reyes y Álvaro Ezcurra) votaron la observación, mientras que los ministros del Frente Amplio votaron en contra (Enrique Cabrera, Flora De Santis y Miguel Aumento) y fundamentarán por escrito sus discordias.
La resolución del TCR, a la que accedió El Observador, establece que el ejercicio del “derecho de preferencia” es un procedimiento de compra directa por lo que se incumplió el quórum legal requerido, algo que ha sido exigido por el tribunal en resoluciones previas.
El documento también da cuenta que el organismo –de acuerdo con el área de liquidaciones– no contaba en mayo con disponibilidad presupuestal suficiente para afrontar el gasto, lo que contraviene el artículo 15 del Tocaf.
A su vez, señala que el gasto “excede el total de la asignación presupuestal anual asignada para los gastos de inversión” y que la disponibilidad informada por la contadora general de la Nación “no puede entenderse como una autorización a exceder los fondos disponibles” o como una “aprobación de un refuerzo presupuestal” en razón de que “no se desprende dicho extremo de ese informe, careciendo el mismo de los requisitos formales y de fondo a tales efectos”.
La oposición cuestiona desde el primer día la compra y evalúa diversas acciones. El senador Sebastián Da Silva anunció que si se efectiviza el negocio propondrá a la bancada de la coalición la interpelación del ministro de Ganadería, Alfredo Fratti.
“Ante estas irregularidades obvias, si el Instituto de Colonización continúa con este proceso de compra, propondremos a la bancada de la coalición el llamado a sala del ministro”, anunció el miércoles en Twitter.
El planteo fue apoyado por Pedro Bordaberry, quien aseguró que gastaban millones en “16 colonos amigos” pero después pedían “apoyo para solucionar el problema de la Caja de Profesionales”.
Bordaberry también anunció que le había pedido a sus asesores jurídicos que analizaran las “responsabilidades penales que puedan existir”.
El legislador relató que los tres votos para aprobar el campo se habían conseguido violando la Constitución, que no cumplieron con la mayoría exigida, que no tenían crédito presupuestal y que hubo un manejo administrativo “irregular”.
Desde el oficialismo, en tanto, el senador Sebastián Sabini defendió la compra. Dijo que el informe del TCR llegaba “fuera de fecha" cuando la adquisición "ya estaba firme" y que únicamente se intentaba "poner dudas" sobre un negocio que es "absolutamente legal, oportuno y necesario".