Además, el ganado pactado en los contratos nunca llegó a adquirirse ni coincidía en cantidad o titularidad. Más de 15.000 terneros carecían de caravanas de identificación y cerca de la mitad del ganado administrado no estaba consignado a la empresa.
Desvío masivo de fondos y confusión patrimonial
Los damnificados apuntaron al trasvase de recursos desde Conexión Ganadera y Hernandarias hacia el patrimonio personal de los administradores (Basso, Cabral, Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow), familiares y empresas del entorno, así como a créditos y cuentas a cobrar sin garantía frente a entidades vinculadas (como MCO Agro, Pasfer S.A., Fricasa, Don Coraje, entre otras) por un monto superior a los US$ 76 millones.
Mencionaron que al menos cinco de las personas y entidades vinculadas a este entorno se encuentran, a su vez, sometidas a proceso concursal propio: la sucesión y el concurso necesario de Rubén Gustavo Basso Pallares; la Sociedad de Hecho Basso Gustavo y Cabral Daniela; el concurso declarado a "Don Coraje Sociedad Civil"; Bamidal S.A.; y Somicar S.A., en concurso voluntario.
Los acreedores señalaron que los fondos provenientes de los inversores se destinaron a la compra de inmuebles de gran valor en Montevideo, Punta del Este, Rocha, Lavalleja y Madrid a nombre de familiares o personas relacionadas, así como a la compra de vehículos de alta gama para uso del núcleo familiar, como la Maserati que Basso le regaló a Cabral por su cumpleaños, de un valor de US$ 170 mil, o la Chevrolet Silverado que utilizaba su yerno Alfredo Rava.
Denunciaron como otro hecho irregular, la ausencia de balances formales y el uso de registros informales en planillas no auditables ("sábana de Excel"). Tras la muerte del coadministrador Gustavo Basso en noviembre de 2024, se utilizaron cuentas bancarias personales de allegados para canalizar cobros del Escritorio Rural y eludir el bloqueo de las cuentas de la empresa.
Agregaron que pese a que la crisis financiera y el desfasaje eran conocidos por los directores desde inicios de diciembre de 2024, no se promovió el concurso voluntario dentro del plazo legal de 30 días, sino que se siguió captando nuevos fondos y suscribiendo contratos de inversión hasta semanas antes de la declaración del concurso.
Los cómplices
Los acreedores pidieron que la justicia condene solidariamente junto con los administradores, a sus cómplices. En primer lugar piden que Cabral, Carrasco y Iewdiukow sean declarados cómplices si no se los califica como administradores respecto de alguna de las unidades del grupo económico, dada su directa cooperación en las maniobras que causaron y agravaron la insolvencia.
Para todos aquellos que resulten declarados cómplices, la denuncia pide la cancelación y pérdida de cualquier crédito o derecho cobrable verificado o insinuado en los concursos (incluidos créditos salariales o comisiones), la restitución inmediata a la masa activa de los bienes inmuebles (padrones de Florida, Durazno, Lavalleja), vehículos, ganado movilizado y de todo el dinero canalizado en sus cuentas personales o empresas, y el pago solidario de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a los acreedores concursales.
Entre los cómplices mencionaron a Candelaria Basso Cabral y solicitan formalmente que sea declarada cómplice por su cooperación en la adquisición de padrones rurales e inmuebles financiados con fondos de la empresa, figurar como socia en entidades utilizadas para el desvío de ganado (como Cuchilla de Silvera S.R.L. y la sociedad de hecho Basso-Cabral), suscribir solicitudes de disposición sobre el acervo e intervenir en la firma de contratos y documentos sin control.
En el mismo sentido incluyeron a Jorge Cunietti, cotitular junto a Candelaria Basso de inmuebles en Lavalleja, por integrar la sociedad Cuchilla de Silvera S.R.L. (receptora de miles de cabezas de ganado tras el fallecimiento de Basso), percibir comisiones fuera de registro y recibir transferencias de fondos desde cuentas de los administradores.
También apuntaron a Agustina Basso Cabral y Alfredo Rava por facilitar sus cuentas bancarias personales para canalizar cobros del Escritorio Rural eludiendo embargos judiciales, la apropiación de cobros de Frigorífico Casa Blanca S.A. (Fricasa) por US$ 280.518,44, la transferencia de fondos a Bamidal S.A. y la adquisición de bienes e inmuebles a su nombre con fondos desviados del grupo.
En último término señalaron al exgerente general de Conexión Ganadera Martín Bartol por contar con mandato general de administración de Hernandarias, actuar como tomador satélite de ganado y colaborar en la operativa de la empresa.
Las sociedades instrumentales para separar el patrimonio
En esa categoría de complicidad incluyen también a la Sociedad de Hecho Basso-Cabral debido a la severa confusión patrimonial y física de su ganado con Conexión Ganadera y el uso de cuentas y créditos cruzados y a otras sociedades como Cuchilla de Silvera S.R.L., Bamidal S.A., Del Terruño S.R.L., Lerosur S.A., Sauce Chico S.A.S., Menafra S.A.S., Sidelka S.A., Cambio Varzy S.A., Improsul S.A. y MCO Agro S.R.L.
Los damnificados mencionaron como parte de las maniobras "la utilización de sociedades meramente instrumentales para separar formalmente el patrimonio de los administradores del de sus eventuales acreedores".
Con respecto a Sidelka S.A.,que según la declaración de su contador José Carlos Santeugini ante la Fiscalía de Lavado de Activos, nunca funcionó como una sociedad comercial, por no tener giro alguno, señalaron que era tenedora de dos inmuebles de uso personal del matrimonio Basso-Cabral (la vivienda habitual y una "casa de la playa", esta última ya vendida).
Otra sociedad es Lerosur S.A. que fue identificada por el mismo contador como el vehículo de un proyecto inmobiliario ajeno al giro ganadero (12 a 15 viviendas en Minas). Esas casas fueron vendidas al sacerdote César Buitrago y pagadas con un cheque de Conexión Ganadera de fecha 2 de junio de 2020 por US$ 260.000. Buitrago también figuraba como socio de Candelaria Basso Cabral en una sociedad de explotación de predio rural constituida en 2017, cuando ésta tenía 18 años y no sabía a qué se dedicaba la empresa.
Los acreedores mencionaron que "la operación evidencia la confusión entre el patrimonio de Conexión y los negocios personales" de Basso y apuntaron a que los inmuebles de Lerosur S.A. fueron omitidos en el inventario de la herencia.
Por otra parte, Muralir S.A. es la titular formal del inmueble en el que vivían el matrimonio Carrasco-lewdiukow, sin que ninguno de ellos, ni sus hijos figuren vinculados a dicha sociedad como directores o representantes, según informó la DGI. El directorio de esa SA lo presidía Bartol y luego una hermana de Iewdiukow.
La herencia de Basso
En el escrito en el que piden que se declare culpable la herencia de Basso, los damnificados señalan "graves maniobras" tanto en la actuación de Basso como acciones realizadas tras su fallecimiento.
Gustavo Basso Negocios Rurales
Mencionaron que Basso, como administrador de derecho y centro de decisión de Conexión Ganadera Ltda., promovió un "sustancial trasvase de recursos" desde la empresa hacia su patrimonio personal y sociedades allegadas. La sindicatura relevó que la herencia acumula una deuda neta frente a Conexión Ganadera superior a los US$ 45 millones, tras haberse depositado directamente en sus cuentas personales más de US$ 12,5 millones de inversores y más de US$ 76,5 millones en cheques y letras.
En concreto se detalló que compró inmuebles rurales como los campos de Menafra S.A.S. (US$ 5,7 millones) y Sauce Chico S.A.S. (US$ 3,1 millones) utilizando fondos de Conexión Ganadera pero poniéndolos a nombre propio o de sus sociedades y que utilizó su Dicose personal para emitir guías de venta de ganado ficticias sin movimiento real de animales e incrementó el endeudamiento bancario con el BROU con prendas de miles de vacunos que no se encontraban en los predios.
En cuanto a las irregularidades posteriores al fallecimiento, señalaron que tras la muerte de Basso el 28 de noviembre de 2024, sus herederas, junto a su viuda y su yerno, asumieron la gestión de hecho de los bienes, utilizaron cuentas personales para canalizar cobros del Escritorio Rural por más de US$ 2 millones, eludiendo el bloqueo judicial de las cuentas del fallecido, cobraron en cuentas personales facturas de Frigorífico Casa Blanca S.A. (Fricasa) por US$ 280.518,44, transfirieron US$ 120.125 a Bamidal S.A., intentaron cobrar o endosar cheques y movilizaron miles de cabezas de ganado hacia sociedades allegadas sin autorización judicial.
Los acreedores señalaron que las herederas presentaron un inventario con omisiones deliberadas: no denunciaron el crédito contra Bamidal S.A. (donde el causante poseía el 96% de las acciones), omitieron inmuebles adquiridos a través de prestanombres, ocultaron pasivos conocidos por más de US$ 3,1 millones y afirmaron falsamente que el activo de la herencia superaba al pasivo para oponerse al concurso.
Por todo ello pidieron que el concurso de la herencia de Basso sea calificado como culpable por dolo o culpa grave del causante en la generación de la insolvencia, reclaman que se condene a la herencia (representada por su Síndico) y solidariamente a las herederas y administradores de hecho/cómplices a cubrir la totalidad del déficit patrimonial de Conexión Ganadera frente a los acreedores y se restituya a la masa activa de todos los inmuebles, vehículos y dinero percibido indebidamente, junto con la pérdida de cualquier derecho crediticio que pretendan reclamar en el concurso.
La "pantalla" de Don Coraje
Por último los damnificados, a través de sus abogados, pidieron que se declare culpable el concurso de Daniela Cabral en el entendido de que simularon una operativa bajo la "pantalla" de Don Coraje figurando como tomadora de ganado, firma que carecía de personería jurídica y constituía la forma en que ejercía actividad empresarial personal. Por ello pidieron que se disponga su inhabilitación para administrar bienes propios o ajenos y representar a terceros por un plazo de 5 a 20 años y se la condene a cubrir el déficit patrimonial no cubierto con la liquidación de la masa activa.
Afirmaron que declaró asumir la custodia y gestión de más de 28.000 cabezas de ganado entre 2023 y 2024, lo que resultaba imposible de albergar en su único predio de 374 hectáreas en Goñi (Florida), constatándose la inexistencia de los animales. Esta "puesta en escena" generó en el frustrado concurso de Don Coraje una masa pasiva impaga de más de $334 millones (US$ 7,9 millones) sin activo alguno.
En relación a Cabral, apuntaron a que integraba el centro principal de decisión del grupo junto a Basso, Carrasco y Iewdiukow, manejaba la tesorería de Conexión Ganadera Ltda., haciéndose cargo de los pagos diarios a productores, inversores, fletes, BPS y DGI desde cuentas corporativas y personales, verificando el ingreso de fondos de nuevos inversores y endosando cheques y poseía el 25% del capital social de Conexión Ganadera Ltda. y participaba en sociedades vinculadas (Del Terruño S.R.L., Conexión Genética S.A.G.R.L. y las firmas panameñas Conga y Tango).
Denunciaron que registró ingresos no explicados en su cuenta bancaria personal (entre US$ 450.000 y US$ 1.000.000) destinados a la compra de campos en Lavalleja puestos a nombre de su hija Candelaria Basso y de Jorge Cunietti, dispuso de US$ 150.000 de una cuenta cotitular sin causa acreditada en los días previos y posteriores al colapso del grupo, canalizó cheques de Gladenur S.A. (por más de US$ 890.000) y cobros del Escritorio Rural hacia cuentas personales para eludir las medidas cautelares y embargos judiciales, y mantiene un pasivo a cobrar sin garantía registrado en Conexión Ganadera Ltda. por más de US$ 15,2 millones sin haber rendido cuentas sobre el destino de esos recursos.
En cuanto a su conducta procesal afirmaron que actuó con "profunda mala fe y malicia temeraria". Primero sostuvo actuar por una persona jurídica sin patrimonio (Don Coraje), luego se opuso y posteriormente se allanó al concurso, pretendiendo luego negar su calidad de comerciante para salvaguardar su patrimonio personal.
