El ministro aseguró que Uruguay gasta por mes US$ 1.000 por preso y anunció la creación del programa “Más Barrio”
El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que Uruguay está en una situación “crítica de seguridad” y reconoció que las políticas en la materia de los últimos 30 años han sido un “fracaso”.
“Debemos reconocer el fracaso de todas las recetas que se han ensayado hasta ahora. Algunas tuvieron más o menos énfasis en ese fracaso, pero, en general, no hemos dado con una política de seguridad pública que nos conforme y que lleve a la gente a decir que se siente segura”, aseguró en la comisión especial de seguridad y convivencia de la Cámara de Senadores a donde compareció este martes.
Negro hizo una presentación sobre los lineamientos que pretende impulsar durante su gestión, hizo un diagnóstico de la situación e hizo algunos anuncios concretos respecto a medidas que se van a implementar.
Para empezar, el ministro reconoció que en Uruguay “van a pasar las mismas cosas que están ocurriendo” en América Latina y otras partes del mundo respecto a las cárceles y la posibilidad de que las bandas de narcotráfico se “sindicalicen”.
“En Uruguay van a pasar las mismas cosas que están ocurriendo en todas partes del mundo porque el Uruguay no es una isla y está al lado de dos gigantes que tienen graves problemas de criminalidad, insertos, además en América Latina, el continente más peligroso y violento del mundo”, dijo según consta en la versión taquigráfica. Negro recordó que Uruguay está entre los diez países con más presos en el mundo en relación con su población. “¿Y qué hemos logrado? Muy poco o nada”.
Sobre las cárceles, a las que el Estado destina US$ 1.000 por mes por preso, el ministro recogió el guante sobre la discusión que se dio en campaña electoral cuando desde la ahora oposición cuestionaron al Frente Amplio por hablar de “desprisionalización” en sus bases programáticas.
“Obviamente no era abrir las puertas de las cárceles, esa fue una interpretación bastante ligera e interesada de campaña electoral”, dijo y explicó que se trata de que “no ingresen a las cárceles aquellos que no tienen que estar allí y tratar de que salgan quienes tienen que salir, en el momento oportuno”.
Para eso, dijo el ministro, pretenden fortalecer la Dirección Nacional de Medidas Alternativas para que “dé credibilidad” al sistema de justicia de que cuando se impone una medida de este tipo efectivamente se cumpla. “Si no se cumple es impunidad y si hay impunidad, la gente no cree en las medidas alternativas y los jueces, entonces, no las imponen, Y ¿cuál es la consecuencia? 16.500 presos”, dijo.
El ministro adelantó que los recursos que se volcarán en el Presupuesto –dijo que la Dinama está en una situación bastante “precaria”– y que están diseñando un sistema de dispositivos electrónicos 360 que permitan que la persona que tiene una restricción de la libertad ambulatoria y tiene que dar cuenta del lugar donde está, se pueda rastrear con un reconocimiento biométrico de su rostro.
El ministro anunció que se “están instalando” cinco pórticos de análisis de tráfico vehicular, que es una estructura en arco que atraviesa la ruta y que puede hacer diferentes tipos de lecturas: reconocimiento de matrículas, reconocimiento facial, capacidad de multar, etc.
Se ubican en zonas de alta circulación y permiten un “anillo de vigilancia y contención” en la zona metropolitana de un control “casi total” de los vehículos que salen y entran a Montevideo.
El ministro también informó que están evaluando incorporar un dron al sistema Shotspotter, que por el sonido detecta el lugar o la zona dónde se realizan disparos, para poder acudir de manera más rápida. “(Va a permitir) la llegada a la escena del hecho en un tiempo de respuesta mucho menor que la del personal policial”.
Además, se va a continuar incorporando cámaras de videovigilancia (hay unas 13 mil instaladas y otras 5 mil ya compradas), se van a comprar más tobilleras y habrá una política para incentivar el uso de las cámaras corporales que están pero se usan menos de lo debido, según el ministro.
Desde que asumió al frente de la cartera, e incluso desde antes, el exfiscal ha expresado su preocupación por la cantidad de armas en circulación. En Uruguay existen más de un millón de armas esparcidas entre la sociedad civil, de las que 600 mil están registradas.
En ese contexto, el ministro pretende impulsar una política de control de armas que incluya una campaña desarme voluntario, patrullaje específico para encontrar armas y volver más estrictos los requisitos para obtener una legalmente.
“Nosotros queremos instrumentar una campaña de entrega voluntaria de armas y ya veremos cuál es la efectividad y qué es lo que se recoge, es decir, cuáles serán los frutos de esa campaña. Creo que vale la pena hacer el esfuerzo de trasmitir a la sociedad uruguaya la necesidad de controlar la tenencia de las armas por el peligro que implica”, dijo. Ya en el gobierno de José Mujica el entonces ministro del Interior Eduardo Bonomi impulsó una campaña voluntaria en la que si una persona entregaba un arma se le daba una bicicleta o una ceibalita sin mayor éxito.
Negro también criticó el sistema de registro de armas actual que, según dijo, es en papel y tiene “dos grandes cabezas”: una en Interior y otra en el Ministerio de Defensa. “Eso implica una distorsión del control de las armas en el país”, aseguró y planteó que el registro debería migrar completamente a la cartera que él lidera.
En materia de homicidios el ministro adelantó que están diseñando un programa denominado Más Barrio que implica “salir del ministerio” y en coordinación con la cartera de Vivienda establecerse “en forma permanente” en algunas zonas. “Eso implica servicios públicos, educación, vivienda, salud”, agregó.
Todavía resta que definir el “diseño final” del programa que apunta a que la presencia del ministerio en el barrio no “solamente implica el ingreso violento” en situación críticas de la Guardia Republicana.
El Ministerio del Interior está trabajando con la Junta Nacional de Drogas para saber qué tipo de drogas se están consumiendo, ya que eso, dijo el ministro, determina la demanda.
Y, en ese marco, aseguró que quieren saber qué pasa con el fentanilo porque no saben “si ya está en Uruguay o todavía no ha llegado”. Por eso la cartera está haciendo un “seguimiento del estudio de las aguas residuales de las cloacas de Montevideo” porque eso podría detectar la presencia de sustancias que “quizás” se estén consumiendo.
Más alla de algunas medidas que ya se están implementando, el Plan Nacional de Seguridad de este ministerio comenzará a aplicarse en 2026 y el objetivo es pensarlo hasta 2035, para pensar "políticas de Estado", según dijo la subsecretaria Gabriela Valverde.
Para llegar a ese plan hay un proceso de cinco fases que fueron detalladas este martes en comisión. La primera, que ya está en curso y se prevé que termine en mayo, es "la elaboración inicial de un informe como disparador del proceso, que contiene todos los diagnósticos acumulados sobre varios temas y de varios años".
La fase dos es un "diálogo social" que permitirá "profundizar el diagnóstico, identificar las prioridades y perfilar las intervenciones. Será un espacio amplio donde habrá representación de distintos tipos. La parte tres es una "propuesta técnica".
En esta fase, dijo Valverde, empiezan a funcionar los equipos técnicos involucrados en el proceso, trabajando con evidencia a partir de los diagnósticos de la fase uno. La cuatro, en tanto, es una "propuesta política". Una vez elaborada técnicamente, la planificación pasa por la aprobación política de los distintos ministerios y se evalúa la "viabilidad económica".
Y, finalmente, la fase 5 es la "validación social". "Cuando todo esto se cierra nuevamente con las personas que se van a involucrar, los llamamos para hablar y elaborar este plan y los volvemos a convocar para informarlos y gestionar aquellas líneas que están definidas últimamente con el presupuesto asignado y con las responsabilidades también asignadas", explicó la subsecretaria.