La cooperativa fue notificada el miércoles mediante un cedulón que señala que mantenía "incumplimientos"
Sede de OSE
Leonardo Carreño
El directorio de OSE resolvió dar de baja el contrato que mantenía con la cooperativa social Batoví, conformada en 2022 alrededor de dirigentes y militantes afines al Partido Colorado en Tacuarembó.
La cooperativa fue notificada este miércoles 27 mediante un cedulón que señala que se mantenían los “incumplimientos” que habían motivado el envío de una “intimación” a mitades de agosto.
“A fin de proteger el cumplimiento de las obligaciones y salvaguardar los intereses de la administración, se les comunica el cese preventivo de la prestación de los servicios contratados a esa cooperativa social a partir del 28 de agosto y hasta tanto la administración determine los pasos a seguir”, dice el documento.
La cooperativa fue contratada en febrero de 2023 por OSE y debía prestar servicios en Rivera además de Tacuarembó. El primer año, el convenio fue por $30,6 millones mientras que en 2024 el acuerdo se renovó pero ascendió a $45 millones. Estaba autorizada por la empresa pública a tener 30 trabajadores y 5 vehículos.
Según supo El Observador por fuentes de OSE, lo que determinó la decisión de las autoridades fue una serie de informes elaborados por técnicos (de OSE, del Mides y de Inacoop) que detectaron irregularidades en el manejo de los fondos de la cooperativa.
Batoví no pudo renovar su certificado de regularidad, un documento expedido por la Auditoría Interna de la Nación (AIN) que se exige a todas las cooperativas que contratan con el Estado. El impedimento se produjo porque tiene atrasos en el pago de los salarios, pero también de los aportes al Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI).
Radio La Kandela de Tacuarembó y el periodista Eduardo Preve informaron este jueves que el adeudo a los trabajadores ascendía a tres meses.
La cooperativa también registra deudas con otros proveedores. “Está desfinanciada”, resumió uno de los informantes de OSE, que cifró en el entorno de $2 millones el monto.
En los informes se detectó que Batoví destinó “fondos de forma indebida” y que tenía un manejo irregular de la cuenta del Banco República donde OSE deposita mes a mes el dinero del contrato. A esa caja tenían acceso personas que no formaban parte de la cooperativa, algo que fue “observado” por los auditores del Mides.
Las autoridades también investigan los motivos de transferencias a cuentas de terceros.
“Celebro la decisión de OSE”, dijo a El Observador el presidente del Inacoop, Martín Fernández. El jerarca señaló que venían advirtiendo desde hace meses dificultades en el funcionamiento regular de la cooperativa.
Hace tres meses, Batoví había logrado levantar todas las observaciones puestas por el Mides en una auditoría pero luego volvió a registrar incumplimientos.
La gerencia del área Jurídica de OSE analiza toda la información para definir si existe mérito para realizar una denuncia penal. En una primera revisión, abogados entendieron que sí pero el asunto aún está en evaluación.
A su vez, debido a que la mayoría de los integrantes de la cooperativa eran trabajadores que ahora se quedarán sin empleo, OSE discute la posibilidad de contratarlos mediante una empresa tercerizada.
La gestión de la cooperativa provocó a fines de abril movimientos en la interna del Partido Colorado. La lista 2215, históricamente vinculada a la familia Montaner decidió expulsar al dirigente Santiago Díaz Viana.
Actualmente, Díaz Viana es edil (suplente) de Tacuarembó y se postula a diputado por la lista 25 de Andrés Ojeda.
En ese entonces, la empresa pública –de la que Susana Montaner es vicepresidenta– le había suspendido los pagos tras detectar irregularidades en los aportes al BPS y que había empleados a los que no les pagaban.
Si bien Díaz Viana no integra la cooperativa, diversas fuentes confirmaron a El Observador que su desvinculación se había dado por los problemas surgidos en Batoví. El dirigente estuvo en el despacho de Montaner como cargo de confianza política este período. Tras esto, fue contratado por dos empresas que suministran mano de obra a OSE.
Su desvinculación motivó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado resolviera enviar al comité de ética su caso, aunque el abogado Jaime Sapolinski dijo que aún no lo trataron.