La disputa académica entre ambos estudiosos de la criminalidad se originó hace más de un año. En la segunda mitad de 2013 y comienzos de 2014, Rojido, con el apoyo del Ministerio del Interior, presentó varios trabajos en los que concluyó que Observatorio de Criminalidad, bajo la dirección de Donnangelo, sobreestimaba las muertes debidas a conflictos originados en el narcotráfico.
Para Rojido solo 1,9% de los homicidios se originaban en guerras entre bandas de narcotraficantes y otro 9,1% tenía origen en otros motivos vinculados al tráfico de drogas. En total, apenas un 11% del total, cuando para el Observatorio el porcentaje se situaba cerca del 50%.
El Observatorio, según Rojido, se apresuraba en catalogar algunos homicidios dudosos como producto de luchas del narco, según reglas muy débiles y laxas.
En respuesta a esos informes, Donnangelo elevó a las autoridades del Ministerio del Interior dos trabajos académicos donde justificó su trabajo y defendió sus cifras. Un año después de la aparición de los trabajos de Rojido y ante el silencio de las autoridades del Ministerio ante la polémica, Donnangelo decidió, a través de una nota de El Observador, hacer público sus trabajos, con fuertes críticas a lo hecho por Rojido.
Donnangelo señaló entonces que Rojido había llegado a conclusiones “tan contraintuitivas y opuestas a percepciones muy generalizadas en la población y en los medios de prensa” por adolecer de “debilidades teóricas y metodológicas”.
En especial apuntó a dos falencias: el haberse basado en el estudio de un único año y el haber tomado como fuente documental solo los partes policiales, descartando otro tipo de insumos documentales.
“La subestimación de estos homicidios por parte de Rojido y sus coautores es de una magnitud verdaderamente inaudita. Pensar que solo el 2% de los homicidios se debe a conflictos entre grupos dedicados al tráfico minorista es una estimación del problema que lo coloca en niveles insignificantes. Ese estudio –advirtió- arriesga orientar la política pública en una dirección ajena a la realidad”.
Pocos días después, en julio de 2024, el Ministerio del Interior le abrió un sumario a Donnangelo para determinar si había incurrido en una falta administrativa en sus declaraciones a El Observador, dijo el entones subsecretario Pablo Abdala.
El resultado del sumario se conoció en las últimas horas del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, cuando el ministro Nicolás Martinelli le impuso una dura sanción a Donnangelo y lo suspendió seis meses sin goce de sueldo.
Ahora, el abogado de Donnangelo, Rodrigo Rey, presentó una ampliación de su defensa, en la cual señala que lejos de haber cometido una falta su defendido tenía la obligación de salir a la opinión pública a rebatir los estudios de Rojido.
Según el escrito, todo el sumario al que fue sometido Donnangelo fue influido y viciado por quienes pretenden despojarlo de un cargo al que accedió por concurso. Y argumentan que es absurdo pretender que un cargo técnico y científico deba someterse a la jerarquía policial, ya que su función y compromiso es la de darle información objetiva y transparente a la ciudadanía.
"Sospechoso de maquillaje"
El escrito plantea que la difusión de los estudios de Rojido en un año electoral y con un tema tan sensible, reduciendo la importancia de los crímenes de las bandas de narcotraficantes, fue sospechoso de “maquillaje y manipulación”.
“El intento de introducir modificaciones, EN PLENO AÑO ELECTORAL, en la forma de medir un fenómeno social cargado de repercusiones políticas (en virtud de la centralidad adquirida por la problemática de la inseguridad dentro de los debates electorales de los últimos veinte años), es POR DEFINICIÓN inconveniente, inoportuno y sospechoso de maquillaje y manipulación de la información pública con fines de rédito electoral”, se sostiene. “En tal sentido, quienes deberían haber sido sancionados son los que propiciaron tan poco transparentes maniobras con el fin de disminuir la importancia del narcotráfico y sus trágicas consecuencias delictivas y sociales, minimizando las cifras de los delitos con él asociados”.
Para la defensa de Donnangelo, la ley 18.381 (que sanciona el principio de transparencia en la actuación de la función administrativa), la ley 17.060 (que consagra el principio de preservación del debate público) y el Código de Ética de la función pública “imponen deberes de probidad y transparencia que, en este caso concreto, se materializan en el deber de veracidad en la producción y gestión institucional de información relevante”.
Haber guardado silencio ante el informe de Rojido “implicaba en los hechos vulnerar estas disposiciones normativas y subvertir la naturaleza de su posición funcional”.
El escrito recuerda que Donnangelo obtuvo un doctorado en Cambridge “que fue financiado por el propio Ministerio del Interior, durante una administración de gobierno del mismo partido al que pertenecen las autoridades actuales”. En tal sentido, sostiene el escrito, su suspensión representa “la subutilización de un recurso escaso altamente calificado en una temática que muy probablemente sea el problema nacional más acuciante”.
Y agrega que “de ser mantenida la suspensión, ello también configuraría una falta de coherencia y congruencia en las decisiones de administración de la fuerza política actualmente encargada de gestionar el Ministerio del Interior”.
Donnangelo fue designado en el cargo durante la gestión del exministro Eduardo Bonomi, luego de que en 2010 renunciara su antecesor Rafael Paternain y se mantuvo durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez y casi todo el gobierno de Luis Lacalle Pou, durante el que pasaron tres ministros del Interior: Jorge Larrañaga, Luis Alberto Heber y Martinelli.
La defensa señala que el exministro Martinelli, al sancionar y silenciar a Donnangelo “agrede la integridad estadística y viola el deber de intangibilidad de producción de información relevante”,
Se sostiene que es “absurdo” pretender “sujetar el cargo en cuestión al principio de subordinación jerárquica que especialmente guía la función policial, porque en los hechos implicaría una contradicción con la elaboración técnica de información, libre de sesgos políticos y político-partidarios”.
En el final se sostiene que el sumario contra Donnangelo fue viciado por “rencillas menores y cuestiones sustentadas en el ego -principalmente, de funcionarios que auspiciaron la sanción y ahora pretenden obtener oficialmente, y sin concursos técnicos, el cargo” de director del Observatorio. Ello derivó en que el “debido procedimiento administrativo” se hiciera “trizas”.
“El carácter subrepticio de la suspensión de Javier Donnangelo (dispuesta 24 horas antes de que Martinelli abandonara el cargo de Ministro) habla a las claras de que la misma no constituye otra cosa que una baja vendetta política, implementada a último momento con el fin de evadir sus eventuales costos políticos”, se acusa.
En su escrito Donnagelo cuestiona también a Sanjurjo quien quedó al frente del Observatorio: “Es un notorio dirigente y militante político. Posee, pues, una condición específicamente inadecuada para desempeñar una función que debe estar tan lejos de la política y tan cerca de perfiles puramente técnicos y científicos como sea posible”.
El ministro Carlos Negro dijo que en la polémica académica entre Rojido y Donnangelo, cree que la razón le asiste a Rojido.
Hoy Rojido es asesor del ministro en políticas públicas de seguridad y, entre otras tareas, tiene a su cargo el diseño e implementación del Plan Nacional de Seguridad Pública.
Rodrigo Rey, abogado de Donnangelo, dijo que hay que reflexionar mínimamente sobre la importancia del debate subyacente: "Más allá de la posición jurídica subjetiva de Javier, como científico, y lo autoritario que resulta sancionarlo por opinar científicamente, en el fondo se arroja oscuridad sobre un asunto central en las políticas de seguridad. Por un lado, una posición considera que el crimen organizado tiene un rol insignificante en los homicidios (la ponderada por Martinelli y hasta ahora no cuestionada abiertamente) la otra, lo posiciona como fenómeno estadístico relevante y un problema que debe ser atendido urgentemente".
El Ministerio del Interior tiene 200 días para resolver, desde que presentamos el recurso.
