El Ministerio de Ambiente resolvió otorgarle la Autorización Ambiental Previa (AAP) al proyecto Neptuno que se desarrollará en Arazatí. Este era un paso clave para que se pueda firmar el contrato entre Aguas de Montevideo, el consorcio que llevará adelante el proyecto, y el Poder Ejecutivo y así comenzar las obras.
El proyecto busca construir una planta potabilizadora en el balneario Arazatí de San José que genera controversia entre oficialismo y oposición, y es uno de los temas a tratar en la transición entre el actual presidente Luis Lacalle Pou y el entrante Yamandú Orsi. La nueva planta sumará 200 mil metros cúbicos de agua por día al sistema metropolitano de abastecimiento que serán tomados de una nueva fuente: el Río de la Plata.
La resolución del Ministerio de Ambiente señala que “según la información presentada”, el proyecto en sus distintas etapas “no presentará impactos ambientales negativos residuales que puedan ser considerados inadmisibles”. El texto agrega que los “impactos ambientales identificados cuentan con medidas factibles de ser implementadas para ser prevenidos, mitigados o compensados”.
De todos modos, la AAP se concede sujeta “al estricto cumplimiento” de una serie de compromisos establecidos en la misma resolución y otros asumidos durante la tramitación.
Aguas de Montevideo es un consorcio integrado por Berkes, Ciemsa, Saceem y Fast que se creó para este proyecto y que ganó la licitación realizada por el Poder Ejecutivo luego de haber presentado la iniciativa privada.
En una conferencia de prensa realizada este lunes, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, ratificó que el proyecto "no generará impactos ambientales inadmisibles".
El jerarca destacó que para su cartera "este ha sido un proceso clave" por la "transparencia" y el "compromiso que asegura un desarrollo que respeta el entorno y garantiza la sostenibilidad de los recursos a futuro".
Condiciones
La resolución establece una serie de condiciones entre las que se destacan el acondicionamiento de algunos caminos cercanos en coordinación con la Intendencia de San José, la presentación de informes cuatrimestrales de seguimiento de obra y la creación de un programa de relacionamiento comunitario (que incluya un mecanismo de gestión de quejas y reclamos).
Uno de los pasajes de la resolución establece, además, que no se podrá captar agua del Río de la Plata para su uso en la planta potabilizadora, ni para la alimentación de la reserva de agua bruta, en períodos en los que la "concentración de cloruros en el agua del Ríos de la Plata en el sitio de la toma supere el valor de 125 mg/L".
Recurrirán la resolución
Algunas organizaciones de la sociedad civil que se oponen al proyecto y que han trabajado en conjunto con académicos de la Universidad de la República ya anunciaron que recurrirán la resolución. "Vamos a recurrirla, no hubo examen exhaustivo, ni transparencia, ni participación. Los 200 cuestionamientos que nosotros interpusimos no los levantaron", dijo a El Observador María Selva Ortiz, integrante de la Red de amigos de la tierra.
El mecanismo que existe para recurrirla es administrativo directo ante el Ministerio de Ambiente. Para presentar el recurso tienen diez días hábiles. "Ya estamos hablando con los abogados", agregó.
Eugenio Lorenzo, director de la división de Emprendimientos de Alta Complejidad de Ambiente, dijo en la conferencia de este lunes que autoridades de la cartera mantuvieron "diálogos locales" con vecinos de Arazatí, Santiago Vázquez y Ciudad del Plata en el comienzo del tratamiento del proyecto.
En ellas recogieron las "principales preocupaciones" de la población, y Lorenzo valoró que de estos eventos "surgió la necesidad de implementar modificaciones para disminuir efectos ambientales". "Enriquecieron el proceso de evaluación", destacó.
