El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) pidió información de urgencia a las autoridades del departamento de Salto, después de que el sindicato de trabajadores denunciara "presuntas irregularidades" y "eventual nepotismo" en compras directas y contratación de servicios.
Según informó El Observador días atrás, el Sindicato Único de Trabajadores del INAU e Inisa (Suinai) presento un reclamo formal ante el instituto pidiendo que se abriera una investigación administrativa, después de entregar un listado de proveedores, que, entendían, tenían algún tipo de vinculación con la directora del departamento, Aldana Antúnez.
Representantes del INAU viajaron en las últimas horas a Salto en busca de esa información y tenían previsto tomar declaración a varios trabajadores.
Lo que derive de la información recabada determinará si se recomienda la apertura de un sumario —en el que se investiga a un funcionario público—, la apertura de una investigación administrativa —en caso de que haya indicios de irregularidades, sin identificar funcionarios en concreto— o si se descarta el pedido del sindicato y se archiva.
La denuncia del sindicato, publicada por El Observador, pone el foco sobre una serie de proveedores vinculados al funcionamiento del CAIF Karen, en Salto, y advierte sobre posibles relaciones familiares o de cercanía con la directora departamental del INAU, Aldana Antúnez.
Entre los proveedores señalados aparecen servicios de almacén, farmacia, rotisería, provisiones y una tienda de artesanías. El planteo surgió luego de que comerciantes locales transmitieran su malestar a trabajadores del organismo, quienes aseguran que varios de los contratados son allegados a la jerarca.
El CAIF Karen atraviesa actualmente una situación particular: no cuenta con comisión administradora y, de forma transitoria, quedó bajo administración directa del INAU. En ese contexto, el documento presentado ante las autoridades señala que “se desconoce si estos (proveedores) manejan precios competitivos y se respetan los procesos”.
Desde el sindicato del INAU en Salto también cuestionan que algunas compras se estén realizando en zonas alejadas de los centros habituales del organismo, como Barrio Artigas, La Chacarita o Villa Constitución. Según sostienen los trabajadores, históricamente no se recurría a proveedores de esos lugares.
Consultada por El Observador, Antúnez aseguró en una primera instancia que no estaba al tanto de la denuncia. Sostuvo además que las contrataciones se realizan siguiendo los “procesos establecidos” y que existen otros funcionarios encargados de ejecutarlas. Sin embargo, tras la reunión mantenida con el sindicato, la directora departamental no respondió nuevas consultas realizadas por el medio.
El documento presentado ante el INAU advierte que “los hechos referidos podrían constituir una irregularidad, en tanto implicarían utilización de la función pública en beneficio de intereses particulares, en abierta contradicción con los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia y probidad que rigen en la actuación administrativa”.
También señala que, de comprobarse irregularidades, podrían derivarse “responsabilidades administrativas y disciplinarios”, e incluso una eventual intervención judicial “en caso de configurarse ilícitos vinculados al uso indebido de la función pública o conjunción del interés personal y público”.
A partir de esto, el sindicato solicitó que se abriera “la investigación administrativa correspondiente”, que se determinen “los vínculos familiares y societarios o personales entre los proveedores y las autoridades con poder de decisión”, que se preserve “toda la documentación vinculada a las contrataciones referidas” y que se analice específicamente “la gestión de compras en el CAIF Karen”.
